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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Bogotá

Alcaldía de Bogotá da parte de tranquilidad por la advertencia de Trump frente a proyectos en Colombia contratados con empresas chinas como el metro

El gobierno de Donald Trump anunció que se opondrá a que el Banco Interamericano de Desarrollo realice los futuros desembolsos para proyectos en Colombia que se hayan contratado con empresas chinas como el metro de Bogotá y el Regiotram Bogotá Cundinamarca, por ejemplo.

Los dólares de los contribuyentes norteamericanos no deben utilizarse de ninguna manera por organizaciones internacionales para subsidiar empresas chinas en nuestro hemisferio”, dice la oficina del Departamento de Estado al respecto.

 

Al respecto, la Alcaldía de Bogotá, afirmó que en el último viaje a Washington del Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, realizado entre el 22 y el 24 de abril del año en curso, tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente del BID y directivos del Banco Mundial, quienes directamente manifestaron su compromiso y la tranquilidad en el desarrollo de Línea 1 y en el proceso licitatorio de la Línea 2 para Bogotá.

«#l proyecto avanza dentro de los tiempos estimados, Bogotá cuenta con todo el soporte financiero que el proyecto necesita para continuar ejecutándose», se lee en el comunicado de la Alcaldía de Bogotá.

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Estudios y diseños de la extensión del Metro hasta la Calle 100 estarán en septiembre

Durante la última sesión del Concejo de Bogotá en la localidad de Kennedy, el gerente del Metro de Bogotá, Leónidas Narváez, confirmó el inicio del plan piloto de jardines colgantes sobre las columnas del viaducto y el avance de la propuesta para extender la primera línea del metro hasta la calle 100.

Esto último, una vez se concluyan los estudios de diseño en septiembre, según el cronograma. Recordemos que la iniciativa de extender la primera línea del metro es del concejal, Juan David Quintero.

 

El gerente Narváez anunció que la empresa China Harbour Engineering Company Limited Colombia (CHEC) tras la propuesta de APP entregaría en septiembre los estudios de factibilidad para la ampliación del metro hacia el norte de la ciudad.

En lo que respecta al piloto de jardines verticales comenzará con la intervención de nueve columnas ubicadas en la zona de la calle 8 Sur, donde se integrarán especies vegetales suministradas por empresas privadas y el Jardín Botánico de Bogotá, además pantallas gigantes para publicidad de marcas. Esta iniciativa, conocida como “Metro Verde”, se incluyó en el Plan de Desarrollo gracias al liderazgo del concejal Juan David Quintero, quien celebró públicamente los anuncios realizados.

“Hay que celebrar los dos anuncios hechos por el gerente Leónidas Narváez. El piloto de jardines colgantes ya es una realidad. Esto nos permitirá probar la tecnología y garantizar la sostenibilidad del proyecto. Además, confirmó que en septiembre se radicará la propuesta de factibilidad para extender el metro hasta la calle 100. Bogotá avanza con su metro y con su jardín vertical. Metro Verde para el goce de todos los ciudadanos”, afirmó el concejal Quintero.

Mientras tanto, entidades como el Metro de Bogotá, la secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico, trabajan en el desarrollo de esquemas de diseño e implementación de los jardines verticales, así como en estrategias de conservación del espacio público bajo el viaducto. El Distrito diseñó mecanismos de financiamiento no tarifario, incluyendo la venta de derechos de nombre de estaciones y publicidad exterior visual.

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La Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca es un espacio para dialogar no para imponer: Luis Felipe Lotta

El gerente de la Región Bogotá Cundinamarca, Luis Felipe Lotta, en entrevista para Confidencial Noticias explica los logros y avances que presenta al día de hoy la asociación territorial.

¿Qué resultados palpables tiene la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca?

 

Luis Felipe Lotta: Con la ciudad de Soacha y con Bogotá, tenemos varios proyectos, uno de ellos es el cierre del diseño del intercambiador en la calle 80 con la Avenida Las Quintas, que va a facilitar la salida de Bogotá sobre la 80; también el tercer carril desde la glorieta de Siberia hasta el puente de Guaduas para generar una mejor movilidad en ese corredor. Ahora bien, en Soacha tenemos el plan de movilidad y el rediseño de la ruta de transporte público, tarea que ya venimos trabajando desde el año pasado y que durante este año ya hemos venido trabajando con los diferentes transportadores.

Asumimos la autoridad de transporte del corredor Soacha-Bogotá-Soacha, tarea que era antes del Ministerio de Transporte y ahora lo tenemos desde la región metropolitana; en materia de seguridad alimentaria, hemos diseñado sistema de abastecimiento de la región agroalimentaria, pero también logramos tener a más de 181 soachunos matriculados en estudios de posmedia completamente cubiertos por parte de la Región Metropolitana.

¿Están acompañando el proyecto del Regiotram?

Luis Felipe Lotta: Hemos venido acompañando a la gobernación, pero hasta tanto estos municipios no sean parte de la región, nosotros no trabajamos de manera directa con ese proyecto.

¿Por qué hasta el momento no hay más municipios de Cundinamarca interesados en ingresar a la Región Metropolitana?

Luis Felipe Lotta: Bueno, Hoy tenemos la radicación del proyecto de acuerdo de tres municipios interesados, estos son: Fusagasugá, Tibacuy y Fomeque. Están iniciando el proceso de discusión en sus respectivos concejos para revisar la posibilidad de ser parte de la región metropolitana. Esto es un tema de confianza, es un tema que va a ser progresivamente y esperamos que próximamente tengamos éxitos en estos consejos municipales.

¿Van a insistir con Chía?

Luis Felipe Lotta: El que decide si quiere insistir o no es el alcalde de Chía y son los concejales quienes lo deciden.

¿Qué se ha logrado en materia de comercio entre los socios de la región Bogotá Cundinamarca?

Luis Felipe Lotta: Estamos en la formulación del plan estratégico de ordenamiento de la Región Metropolitana. Ese plan se plantea los temas de ordenamiento y desarrollo económico de la región. Por ejemplo, los temas de turismo han sido de los temas más importantes en materia de desarrollo económico de la región, pero estamos en la formulación para tener reglas claras en el largo plazo sobre cómo vamos a desarrollar económicamente la región.

Uno de los temores de los municipios para ingresar es el tema de veto que tiene Bogotá y Cundinamarca. ¿Qué han hablado de eso?; ¿Qué han trabajado en ese aspecto?

Luis Felipe Lotta: Hay que decir que no hay veto de Bogotá y Cundinamarca en las decisiones de la región metropolitana. Yo los invito a que lean el artículo 22 con todos sus parágrafos en la Ley 2199 que dice que las decisiones se tienen que arrancar en consenso. Eso quiere decir que todos tienen que votar igual y ahí el peso del alcalde de Soacha o de Bogotá o del gobernador de Cundinamarca es exactamente igual. Pero si no se logra el consenso en la quinta votación, después de haber buscado este proceso de consenso, hay tres condiciones: la primera es que tiene que haber mayoría absoluta en la toma de la decisión, eso quiere decir que si hay más de tres municipios adicionales a Bogotá y a Cundinamarca, la decisión también tiene que pasar por esos municipios que hacen parte de la región. Es decir, la mayoría absoluta prima.

No se ha escuchado a la Región Metropolitana hablando sobre el conflicto entre Bogotá y Cundinamarca con el Ministerio de Medio Ambiente por el suelo de la Sabana?

Luis Felipe Lotta: Hoy presentamos en el Concejo de Bogotá la declaración de los hechos metropolitanos atados al agua y uno de esos son los ecosistemas vitales, tarea importante y básica en esos temas de alineamientos que hizo o que ha planteado el Ministerio de Ambiente, y lo mismo pasa con el plan estratégico de ordenamiento de la Región Metropolitana. Son tareas que van en la misma línea con la idea de trabajar colectivamente con los asociados y además con los municipios no asociados.

Eso quiere decir entonces que ustedes hacen el llamado al Gobierno Nacional a que dialogue más no que imponga.

Luis Felipe Lotta: Yo creo que la Región Metropolitana es una región para dialogar, para construir y bienvenido el diálogo con el Gobierno Nacional.

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Retroceso con letrero: la señalización antidrogas del Concejo de Bogotá

Mientras el mundo avanza hacia modelos de regulación responsables y enfocados en la salud pública, el Concejo de Bogotá decidió dar un paso atrás. Con la aprobación del Proyecto de Acuerdo 097 de 2025, propuesto por el concejal del Centro Democrático Andrés Barrios, se institucionaliza la señalización de zonas donde está prohibido el consumo de sustancias psicoactivas, retomando el viejo camino de la prohibición. Un camino que ya ha demostrado, aquí y en todo el mundo, su ineficacia y sus altos costos sociales.

Con un tono populista y moralizante, el proyecto intenta mostrar una respuesta al legítimo clamor ciudadano por espacios seguros, especialmente para niñas, niños y adolescentes. Pero lo hace sin evidencias, sin capacidad operativa y, peor aún, desconociendo avances fundamentales en materia de derechos y salud pública. La señalización de zonas de prohibición, que ya estaban delimitadas por el Decreto 825 de 2019, no solo es un saludo a la bandera—dado que no hay logística ni policía suficiente para hacerla cumplir—sino que, al aplicarse de forma casi total en la ciudad, podría ir en contra de los fallos de la Corte Constitucional que protegen el porte y consumo personal en ciertos contextos.

 

El problema no es la señalización per se. El problema es que se plantea como única respuesta. Lo que este proyecto deja claro no es una preocupación real por la niñez ni por la convivencia, sino un intento de imponer una visión punitiva y estigmatizante, justo cuando el país intenta abrir el debate sobre nuevas políticas de drogas desde un enfoque de derechos, evidencia y salud pública. La incapacidad de la Alcaldía para expedir el decreto al que está obligado por la Corte Constitucional y del propio Concejo para formular una política innovadora no es por ignorancia: es por cálculo. Primero oponerse al Gobierno Nacional, luego, si queda tiempo, hacer política sensata.

El debate no es menor. Según el informe de la UNODC de 2022, más de 400 mil personas consumieron drogas ilícitas en Bogotá durante el último año, con un uso problemático estimado en más de 160 mil personas. Cifras que no se resuelven con señales de prohibición, sino con políticas públicas integrales, con recursos, pedagogía y trabajo territorial. Por eso, desde diferentes sectores hemos insistido en la necesidad de avanzar hacia una política de reducción de riesgos y daños, donde el consumo sea reconocido como una realidad social que requiere atención, no criminalización.

Bogotá ya cuenta con herramientas. El Plan de Desarrollo incluyó una meta para formular esa política; hay recursos asignados en el Plan Territorial de Salud; existe una Comisión Interinstitucional para la Regulación de Drogas que, sin embargo, sigue inactiva. ¿No debería ser esa la prioridad? ¿No deberíamos estar discutiendo cómo garantizar el acceso a servicios de atención, cómo generar campañas de información, cómo promover clubes cannábicos regulados que eduquen, organicen y generen empleo formal?

Las experiencias internacionales están ahí. Desde clubes sociales de cannabis en Cataluña hasta modelos comunitarios en Uruguay, se ha demostrado que se puede construir otra política de drogas, una que combine el derecho al espacio público con la responsabilidad colectiva, una que reduzca riesgos sin estigmatizar. Bogotá no puede seguir mirando hacia otro lado.

Por eso insistimos en propuestas concretas: crear zonas de consumo regulado con pedagogía; acompañar esos espacios con eventos educativos y culturales; promover alianzas con universidades y organizaciones; y regular los clubes cannábicos que ya existen. Todo esto con un enfoque claro: construir una ciudad diversa, respetuosa y más segura, sin retrocesos.

Lo aprobado por el Concejo no es una victoria. Es una rendición. Es volver al fracaso de la prohibición con otra cara. Y es, sobre todo, una advertencia: si no cambiamos de rumbo, lo que viene no es más orden ni más seguridad, sino más persecución, más caos y más violencia.

Bogotá puede ser referente de una política de drogas sensata y humana. Pero solo si dejamos de legislar desde el miedo y empezamos a gobernar desde la evidencia.

Quena Ribadeneira

ANLA pide más requisitos a la Alcaldía de Bogotá para autorizar la ampliación de la Autopista Norte

Ante los requerimientos solicitados por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para el otorgamiento de los permisos de construcción para la ampliación y mejoras de la Autopista Norte la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S., solicitó una prórroga de 60 días.

«Este tiempo permitirá que se presente la información adicional requerida dentro del trámite de evaluación de la licencia ambiental para la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá.

 

La nueva presidenta de la ANLA, Irene Vélez, informó a través de un comunicado divulgado en las redes sociales de la entidad, que se esta pidiendo especificaciones y medidas para la conectividad hídrica y ecológica entre los humedales Torca y Guaymaral.

Al respecto, el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva, respondió que ninguna entidad de la Alcaldía de Bogotá ha solicitado prórroga alguna. Nosotros hemos cumplido con diligencia todos los requerimientos del Gobierno nacional” dijo. A la par que destacó la urgencia de llevar a cabo esta obra: “Tenemos toda la voluntad para que este proyecto siga adelante, cumpliendo con los requerimientos ambientales y sociales”.

En ese sentido, explicó que el lunes, 12 de mayo, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán dio respuesta unificada a las 44 preguntas que envió la ANLA a la concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S.

“La respuesta la entregamos el día de ayer y satisface por completo las preguntas planteadas. Es responsabilidad de la ANLA revisar por completo esa información”, resaltó.

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«Necesitamos un Congreso que mejore las normas en materia penal»: Humberto Rafael Amín

El Concejo de Bogotá aprobó un Acuerdo de Ciudad de iniciativa del concejal del Centro Democrático, Humberto Rafael Amín, donde se pide reforzar la prevención del delito, la cooperación con empresas de seguridad privada, la protección de poblaciones vulnerables y el trabajo con la comunidad, sin embargo, en entrevista para Confidencial Noticias, el cabildante pide al Congreso de la República legislar en favor de la seguridad ciudadana, para que los delincuentes no regresen a la libertad al día siguiente de su captura para volver a hacer de las suyas en calles y avenidas de la capital del país.

Pide usted mayores ajustes y reforzar los temas de seguridad en Bogotá, pero el asunto es que hoy el tema no es de más policía ni de más militares en la ciudad, sino de mayor eficacia en la justicia, ¿Qué decir ahí?

 

Humberto Rafael Amín: Con este Acuerdo de ciudad buscamos aportarle un granito de arena a la seguridad de los bogotanos porque mal haríamos desde el Concejo no aportando ese granito de arena para tratar de mejorar en algo la seguridad de los bogotanos, que no es un tema fácil.

Aquí vale la pena decirle a toda la ciudadanía que hoy los alcaldes están solos porque no tienen apoyo del gobierno nacional para mejorar la seguridad, porque al presidente poco o nada le interesa y ha dejado a los grupos al margen de la ley fortalecerse. Lo que corresponde a la justicia es algo que le corresponde al Congreso de la República quien está en mora de hacer una reforma al sistema judicial para endurecer mucho más las penas, y que esas personas no regresen a la calle a delinquir de nuevo.

¿Reconoce entonces que para que la seguridad mejore la justicia debe poner su granito de arena?

Humberto Rafael Amín: Aquí necesitamos un Congreso que mejores las normas en materia penal para que se capture vaya a la cárcel. Sabemos que en Bogotá se está construyendo o se va a construir una nueva cárcel, en lo cual estamos en mora para que de verdad todas esas personas que sean judicializadas y no salgan a los dos, tres días a cometer delitos.

Muchas de las personas que se capturan en Bogotá ya tienen antecedentes judiciales y algunos están en prisión domiciliaria, lo que indica que la delincuencia se está burlando de la ciudad porque tiene una boquete dentro de la justicia que parece actuar de manera benevolente con ellos.

Humberto Rafael Amín: No se burlan de Bogotá, se burlan de Colombia. Eso es un tema de ley, no es un tema de la ciudad. Acuérdense que cuando vamos a hablar de los procesos judiciales que se adelantan para capturar a una persona se lo debe hacer en medio de un proceso regulado por una ley y el Concejo no puede entrar a regular eso.

Por lo anterior, le pedimos al Congreso de la República que legisle en esa materia para que todo el que se capture se meta preso y no vuelva a salir hasta tanto no tenga una sentencia.

Eso quiere decir que usted está de acuerdo con quienes opinan que la Policía ha cumplido con su labor, pero la justicia no tanto.

Humberto Rafael Amín: Decir que la Policía no está cumpliendo sería juzgar mal a una Institución que da la vida por los colombianos. Hay que recordar que los gobiernos progresistas le vienen quitando herramientas a la Policía para actuar. Cada día le ponen más frenos y hoy están bloqueados; con la moral mucho más baja y es por esto que debemos fortalecer esas instituciones para que tengan más herramientas, para que se profesionalicen cada día más y puedan dar los resultados que queremos a nivel nacional.

La senadora Paloma Valencia en entrevista para Confidencial Noticias dijo que el gobierno nacional le hace falta mucho dialogar con la rama judicial, ¿Está usted de acuerdo?

Humberto Rafael Amín: Completamente. Es que hoy vemos un gobierno nacional que no escucha a nadie. Vemos a un presidente Petro completamente salido de contexto; desconectado de la realidad; dándole herramientas a los grupos al margen al margen de la ley; peleando con las altas cortes; peleando con el Congreso; todo el tiempo armando escándalos; gobernando bajo un caos. Así no podemos sacar adelante un país.

Dos toneladas de marihuana incautadas y seis capturados en la localidad de Bosa

Las autoridades de Bogotá revelaron la incautación más grande del año: dos toneladas de marihuana fueron decomisadas en Bosa durante un operativo sin precedentes en el sur de la ciudad.

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que “se trata de una de las más grandes incautaciones de estupefacientes que se han dado recientemente en Bogotá. Esas 2 toneladas de marihuana provenían del departamento del Cauca y según la información que recopilaron los investigadores, llegó a la ciudad a través de vehículos de carga. El resultado de este operativo se da también por la información ciudadana en la localidad de Bosa”.

 

En el allanamiento, se identificó y se encontró esta marihuana donde fueron capturadas 6 personas, quienes presentan anotaciones por los delitos de violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes. Las dos toneladas representan cerca de 400.000 dosis que, según las autoridades, pretendían ser distribuidas en algunas localidades de la capital como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba.

En lo corrido del año se han capturado 2.231 personas por el delito de tráfico de estupefacientes y se han incautado cerca de 4 toneladas, lo que representa un 208 % más con respecto al 2024.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho aseguró que “con la incautación de esta droga vamos a evitar homicidios y lesiones personales teniendo en cuenta que los modus operandi de las organizaciones criminales es generar homicidios para el control de la venta. En este momento estamos atacando las economías criminales. Vamos a continuar la línea investigativa, y vamos a seguir generando otros golpes contundentes contra este delito”.

Por su parte el secretario de Seguridad, César Restrepo explicó que “la marihuana en el mercado local representa el recurso con el cual se paga la nómina de las organizaciones delincuenciales, incluso con el cual se intercambia drogas por el resultado de delitos como el robo de autopartes. Los que roban esas esas autopartes van a lugares de receptación y les pagan con droga, o incluso en bodegas ilegales, cuando se llevan elementos hurtados y se les paga con droga, no solo con marihuana también con bazuco. Dos toneladas de marihuana fuera del mercado es darle un golpe a la financiación de la delincuencia”.

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El ICBF no ha reubicado a los niños que estaban en el jardín infantil Parques de Canadá: Rocío Dussan

La concejal del Polo Democrático Alternativo, Rocío Dussán, hace un llamado de atención al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para que gestione la reubicación de los niños y niñas que estaban en el jardin infantil, Parques de Canadá, cerrado tras la denuncia de posible violación sexual contra 12 menores de 5 años de edad.

El jardín Parques de Canadá fue cerrado por orden del ICBF luego del escándalo por el abuso a 12 niños eh que estaban allí, que sus madres los los dejaban allí al cuidado, ¿sabe usted si esos niños ya fueron reubicados?

 

Rocío Dussan: Fue un presunto abuso que están investigando, pero lo que nos han comunicado es que al día de hoy el ICBF no ha reubicado a estos niños que estaban en el jardín infantil Parques de Canadá, cuando debió hacerse desde el primer día.

¿Qué llamado le hace usted al ICBF y a las autoridades de Bogotá para que actúen pronto, porque esas madres necesitan dejar a sus niños para irse a trabajar?

Rocío Dussan: El llamado es que se actué de manera pronta porqué que tristeza primero, que no activaron el protocolo o la ruta integral de atención, y también el llamado es, para la directora nacional, ¿qué pasó?; ¿qué están esperando?; ¿Por qué no han hecho todas las tareas frente a estos niños que hoy están sin atención? Es una alerta que no da espera porque no es un secreto que las mamás están desesperadas porque no pueden salir a trabajar, no pueden cumplir con sus quehaceres porque tienen allá a los niños y no tienen quién les cuide.

El operador de este de este jardín tiene otros contratos aquí en Bogotá, ¿le están haciendo seguimiento para saber si hay casos similares?

Rocío Dussan: Pues es muy triste saber que tiene otros contratos y aquí la responsabilidad es del ICBF porque es quien debe revisar las condiciones en que están esos contratos y los órganos de control deben vigilar sí hay temas irregulares.

El presidente Gustavo Petro hizo un llamado de atención al ICBF por incumplir su directriz de no continuar con la tercerización de este servicio ¿Comparte la molestia del primer mandatario?

Rocío Dussán: Totalmente de acuerdo con el presidente de la República. Además, el presidente quiere un cambio social para el bienestar de todos, y si no es así, directora, yo creo que lo mejor que puede hacer es retirarse del cargo porque si no va a realizar los cambios que le pide su jefe máximo que es el presidente de la República, no entiendo a que juega.

¿Hay otro asunto de los niños en Bogotá que está a la vista de todos menos de las instituciones a cargo y y tiene que ver con la mendicidad infantil, ¿qué saben ustedes al respecto?

Rocío Dussán: Las entidades que hacen parte de una ruta integral de atención, hablo de la alcaldía local del sector respectivo, del centro zonal del ICBF, la Secretaría de Integración Social, el Ministerio de Trabajo, al igual que el sector salud y el de seguridad, deberían estar ejecutando acciones para combatir este asunto. Sin embargo, parece ser que algunos alcaldes locales no les importan, y dejan pasar porque les parece lindo ver a los menores de edad vendiendo bolsas de basura, dulces y fuera de eso pidiendo plata. Esto porque en la ciudad hay mafias de adultos que utilizan a los niños para que mendiguen y es por esto que hago un llamado de atención a esas entidades para que pongan atención.

También hemos visto niños emberas en las estaciones de Transmilenio.

Rocío Dussán: De nuevo, un llamado a todas las instituciones y sobre todo aquí en el Distrito, ¿dónde está entonces la gerente de Transmilenio? Los niños no deben estar allí, deben de estar sentados en esos en unas aulas de clase formándose, no tienen por qué estar mendigando y mucho menos dentro del sistema TransMilenio.

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Policía recupera un vehículo hurtado en la localidad de Ciudad Bolívar

Uniformados adscritos a la Estación de Policía Ciudad Bolívar, lograron la captura de dos hombres y un menor de edad señalados de hurtar un vehículo a dos personas mediante atraco.

Los hechos se presentaron en el sector de Ciudad Jardín, donde una pareja que llegaba a su vivienda fue abordada por unos sujetos que se movilizaban en un automóvil; estos delincuentes amedrentan con un arma de fuego a las víctimas y los golpean para despojarlos del carro.

 

A través de la operación candado interceptaron a los delincuentes recuperando el vehículo e incautando un arma de fuego tipo revólver con cuatro cartuchos calibre 38.

Los dos hombres capturados,el menor aprehendido fueron puestos a disposición ante la autoridad competente. Es de anotar que dos de ellos presentan condena vigente por hurto calificado, orden de captura por el mismo delito y por la utilización de menores de edad para la comisión de delitos con el fin de evadir su responsabilidad.

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Sin escenario no hay futuro: hora de jugárnosla por los músicos emergentes de Bogotá

En Bogotá hay más de 21 mil artistas registrados de los cuales casi 4 mil son músicos (IDARTES, 2025). Algunos tocan en buses, otros en bares o en ensayaderos improvisados en garajes, casas o patios. Tienen talento, disciplina y pasión. Lo que no tienen –en muchos casos- es una oportunidad real para mostrar lo que hacen. No es que no existan escenarios, es que no están abiertos para ellos.

Por eso, desde el Concejo de Bogotá estamos trabajando con mi equipo en un Proyecto de Acuerdo enfocado en fortalecer y promover a los músicos emergentes locales, mediante dos aspectos: teloneros, esto es, la posibilidad de exponer sus proyectos musicales en grandes eventos en escenarios distritales; y ensayaderos, es decir, más espacios públicos que cumplan con las características técnicas que requieren los artistas emergentes para ensayar. Porque vivir de la música no puede ser un privilegio únicamente para aquellos que cuentan con contactos o dinero para entrar a la industria musical. La música, como todas las artes, debe ser una oportunidad de vida, de trabajo y de crecimiento personal.

 

Este Proyecto de Acuerdo no es una propuesta trivial ni caprichosa. Es una respuesta a la realidad de miles de personas que no pueden vivir de lo que aman, de lo que los apasiona, de la música. En 2018, solo el 25% de los músicos profesionales en Bogotá ganaba cerca de medio salario mínimo al mes por presentaciones en vivo (Alcaldía de Bogotá, 2018). Muchos trabajan sin contrato, sin pago por ensayos y sin seguridad social. A esto se suma el costo de mantener instrumentos, pagar transporte, ensayar, estudiar y comer. Y aun así siguen creando, componiendo y buscando vitrinas para exponer su talento.

Este proyecto cuenta con un respaldo jurídico sólido. La Constitución exige proteger y fomentar las expresiones culturales. Leyes como la 397 de 1997 o la 1493 de 2011 establecen el deber de ofrecer estímulos, no barreras a las actividades culturales. Y Bogotá, como miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, tiene el deber de poner la cultura en el centro del desarrollo.

En este Proyecto de Acuerdo no nos estamos inventando la rueda, pues es algo que ya se ha hecho antes. Por ejemplo, en países como Argentina, Chile y Panamá se han aprobado normas que exigen o promueven la participación de artistas nacionales como teloneros en espectáculos de artistas extranjeros. En Bogotá, esto ya se intentó décadas atrás, pero el modelo era demasiado restrictivo y generó que muchos artistas no quisieran presentarse en la ciudad.

Hoy proponemos una alternativa más flexible y justa: sin imposiciones que ahuyenten a los promotores, pero sí con condiciones que beneficien el talento emergente local. Para construirla nos hemos rodeado de músicos, quienes se han vuelto amigos y los primeros constructores del Proyecto de Acuerdo. El primero de febrero de este año realizamos una audiencia pública con más de 50 músicos de toda la ciudad, junto con IDARTES y la Secretaría de Cultura, con quienes discutimos sobre lo que implica ser un músico en la Capital. Todos coincidimos en que Bogotá necesita esta norma y los músicos ser escuchados. Necesitamos una política que los dé a conocer y los haga brillar.

La música mueve la economía de esta ciudad, el turismo y el empleo. En 2022, el sector cultura generó en Bogotá 17.2 billones y 19.1 billones en 2023 (DANE, 2024). También este sector representó el 5.5% del total de la economía bogotana en 2023 (DANE, 2024). Las cifras están ahí. Pero más allá de los números, está la vida que quienes han elegido la música como camino y hoy necesitan que no les demos la espalda.

Por eso impulsaremos este Proyecto de Acuerdo, poniéndole un foco a los músicos emergentes y a la cultura en Bogotá. Porque si queremos una Bogotá creativa, productiva, incluyente y orgullosa de su identidad, tenemos que empezar por escuchar a quienes la están componiendo nota a nota.

Juan David Quintero

1.462 menores han sido diagnosticados con consumo abusivo de sustancias psicoactivas en Bogotá

Las más recientes cifras revelan una situación alarmante en relación con el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) entre la población infantil y adolescente de Bogotá. Lo que más consumen los menores de edad en la capital es marihuana, tabaco y alcohol.

Sin embargo, también hay reportes de consumo de drogas más adictivas y dañinas para el ser humano como la cocaína, el bazuco y el éxtasis. Las autoridades advierten que las cifras podrían ser incluso mayores, debido a que un mismo menor podría estar consumiendo múltiples sustancias simultáneamente.

 

Los estratos 1 y 2 concentran la mayor proporción de consumidores de SPA, mientras que el consumo de alcohol es más común en los estratos 4, 5 y 6, aunque el uso perjudicial está más presente en los niveles socioeconómicos más bajos.

Sustancias ilícitas incluye: Dick, Popper, marihuana, cocaína, basuco, heroína, metanfetaminas y metadona sin receta médica

Las localidades con más casos reportados en 2024 fueron:

En los últimos cinco años, se han recibido 20.457 notificaciones de consumo provenientes de instituciones educativas, tanto públicas como privadas. “Esta realidad requiere una respuesta urgente del Distrito. No podemos seguir permitiendo que nuestras niñas, niños y adolescentes caigan en las redes del consumo sin una política preventiva clara, intervención oportuna y fortalecimiento del tejido social en los entornos más vulnerables”.

Además, preocupa la cantidad de casos remitidos a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios en Salud (EAPB) para recibir tratamiento. Solo en lo corrido de 2025, se han reportado 249 menores, de los cuales 6 son niños entre 6 y 11 años. En 2024, fueron 80 casos en ese mismo rango de edad.

Julián Uscátegui

El crecimiento desordenado de Bogotá no obedeció únicamente a la violencia política, dice Carlos Roberto Pombo

Ni los muertos de La Violencia en Colombia fueron tantos como históricamente se ha dicho, ni el crecimiento de Bogotá se dio única y exclusivamente como resultado de dicho fenómeno. A esa conclusión llegó la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá (SMOB), tras una exhaustiva investigación, que incluyó análisis estadísticos y la revisión contrastada de diversas fuentes.

“La inmigración a la ciudad empezó en 1938, es decir que fue anterior al periodo conocido como La Violencia (1948-1964), y aunque no se excluye este fenómeno, no fue la causa principal de estos flujos migratorios”, señala Carlos Roberto Pombo, actual presidente de la SMOB y autor del libro “Demografía, violencia y urbanización”.

 

En sus páginas se esgrimen las otras razones, distintas al conflicto, que forjaron la migración rural urbana.

“Más que desplazados por La Violencia, los migrantes eran personas que, en medio de inmensas dificultades, de pobreza y angustias, venían en busca de una vida mejor y de un porvenir más halagüeño para sus hijos que, con enormes esfuerzos, tenacidad y solidaridad, lograron incorporarse a la vida urbana”, afirma Carlos Roberto Pombo, quien es además experto en Planeación y Desarrollo Urbanístico.

Señala que en Colombia la urbanización, entendida como la transformación de una sociedad rural en una sociedad urbana, obedeció principalmente, a causas económicas, sociales y culturales. En consecuencia, la gente migró del campo a la ciudad para mejorar su situación económica y sus condiciones de vida. “La mayoría de quienes emprendieron esa aventura, lo consiguieron”, afirma el autor.

Otra razón de este éxodo fue la incapacidad del Estado para llevar los avances educativos a la ruralidad, lo que motivó el abandono del campo, especialmente por parte de los más jóvenes. Agrega que la concentración de la propiedad de la tierra y la tecnificación de la agricultura se fueron convirtiendo en factores decisivos en el proceso del éxodo de campesinos hacia la ciudad”.

Así, mientras los jóvenes podían mejorar sustancialmente su ingreso, “las familias campesinas conseguían un nivel de vida más alto, más digno, más seguro, y más promisorio”.

Resultado de lo anterior, hacia 1964 la población de Bogotá se quintuplicó y la ciudad quedó expuesta “a la mayor presión demográfica de que se tenga noticia en nuestra historia”.

Como lo señala el autor, para satisfacer las necesidades de su creciente población, “Bogotá tuvo que hacer ingentes esfuerzos para dotar de servicios públicos, en muy poco tiempo y sin mayores traumatismos, a una ciudad que estaba registrando la tasa de crecimiento poblacional más alta de su historia”, con lo cual se incrementó además la  burocracia oficial. “Como muchos de los trámites tenían que realizarse en Bogotá, una fracción importante de la población tuvo que trasladarse a la capital”.

A los nuevos habitantes se les dotó de agua potable, vivienda, trabajo, vías de comunicación, salud y salubridad colectiva, educación y recreación.

¿Cuántos muertos dejó La Violencia?

Desde el siglo pasado se han barajado todo tipo de cifras sobre el número de víctimas que dejó La Violencia (1948-1964). Así, los investigadores Guzmán, Fals Borda y Umaña afirmaron que fueron 300.000, en tanto que Paul Oquist las estimó en 200.000.  

Una nueva generación de demógrafos e historiadores, entre ellos Álvaro Pachón, prologuista del libro “Demografía, violencia y urbanización”,defienden una tesis distinta: “Las cifras que se han dado por ciertas durante décadas, son exageradas y fueron obtenidas con metodologías claramente inapropiadas”.

Incluso, para Pombo Urdaneta el número de 100.000 muertes violentas “resulta altamente improbable”. “Estas diferencias –añade- radican no solo en los criterios metodológicos, sino, acaso, en los propósitos políticos que las animaron”.

Al cruzar los indicadores demográficos de la época, la cifra está muy por debajo de las 50 mil víctimas. Dicha aseveración está respaldada por los análisis demográficos adelantados por Adolfo Meisel y Julio Romero para el Banco de la República. Estos investigadores lograron cuantificar el número de homicidios para el periodo 1945-1969, al reconstruir la demografía (datos de población) del período 1938-1973. “Por su rigor metodológico y las técnicas estadísticas utilizadas, constituye el más valioso esfuerzo por conocer la realidad demográfica colombiana durante la denominada violencia bipartidista”, señala Pombo Urdaneta.

La transición del país rural al país urbano

En 1938 el país todavía era rural en un 70% y para 1964 ya la mitad de la población colombiana era urbana,siguiendo una tendencia general en los países latinoamericanos. De los 7.851.000 habitantes que tenía Colombia en 1928, el 69,6 % vivía en las zonas rurales. En los veintiséis años transcurridos entre los censos de 1938 y de 1964, la población se duplicó (pasó de 8.813.612 a 18.175.187 habitantes), en tanto que la población urbana se multiplicó por 3,3 veces, al pasar de 2.633.680 a 9.136.695. Por su parte, la población rural pasó de 5.921.361 a 8.347.813, creciendo un 40,9 %, considerablemente menos que el total nacional.

Aumentó la expectativa de vida en Colombia

Por otro parte, con las campañas masivas de vacunación en los años cincuenta, se redujo significativamente la tasa de mortalidad y se aumentó levemente la tasa de natalidad, “lo que condujo a una explosión demográfica sin precedentes”, como señala Pombo Urdaneta.

Según estimaciones de la ONU, durante el período 1950-1964 la esperanza de vida pasó de 45,9 a 57,4 años para los hombres, y de 50,6 a 61,4 años para las mujeres; es decir, se incrementó en 11,5 y 10,8 años, respectivamente.

Para el autor, resulta evidente que con un número de muertes mayor por causa de la violencia, “habría sido imposible la espectacular reducción de la tasa de mortalidad que vivió el país durante ese periodo”.  

A partir de estas pesquisas, Pombo Urdaneta considera que “es incorrecto seguir afirmando, como se afirma insistentemente, que somos uno de los pueblos más violentos del mundo”. 

¿Cuál fue el periodo conocido como La Violencia?

Existe un consenso en que su etapa más dura se desarrolló entre los años 1948 y 1964. “La mayoría considera que la violencia se inició entre 1946 y 1948. Desde la perspectiva de los conservadores, con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, en tanto que, para los liberales, se habría iniciado en 1946, cuando Ospina Pérez asumió la presidencia”, advierte Carlos Roberto Pombo.

El libro “Demografía, violencia y urbanización” podrá descargarsegratuitamente desde la plataforma DaraCivilidad: www.construyendocivilidad.com a partir de este 9 de mayo.

Emberas quieren regresar al Parque Nacional

Un grupo de al menos unos 80 indígenas emberas que salieron del albergue de la UPI en la localidad de Suba, se dirigieron hacia el Parque Nacional con la idea de realizar una nueva toma, según ellos, como forma de protestas por supuestos incumplimientos por parte del Gobierno Nacional.

Al respecto, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, pidió a la Unidad Para las Víctimas gestionar el proceso de retorno con la mayor prontitud porque esta comunidad lleva mucho tiempo en Bogotá.

 

«La gran mayoría de quienes hoy llegan al parque ya está asentada en Bogotá hace tiempo a la espera de poderse regresar», escribió el funcionario desde su cuenta de X.

El secretario de Gobierno rechazó el uso de menores de edad en este tipo de acciones.

De acuerdo con el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, «la Guardia Indígena ha impedido que madres acompañadas de sus hijos accedan a los servicios sociales destinados a garantizar el bienestar y la protección de niñas y niños».

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Alcaldía de Bogotá abre 12 nuevos comedores comunitarios

La Alcaldía de Bogotá anunció la apertura de 12 nuevos comedores comunitarios en Bogotá, que amplía la cobertura de atención a población pobre y vulnerable por inseguridad alimentaria e impacta el programa de erradicación del hambre en la ciudad.

Con la puesta en funcionamiento de estos 12 nuevos comedores comunitarios se beneficiarán personas vulnerables en ocho localidades: Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba y Usme. Bogotá pasa de tener 117 a 129 unidades operativas en el marco de la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0, incluida en el Plan de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’, y ya acumula 15 comedores nuevos en esta administración.

 

Este esfuerzo hace parte de la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0 que es un impulso muy importante que le hemos dado en esta administración a la política de lucha contra el hambre en la ciudad”, explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

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Para alcanzar la meta de ampliación de cobertura programada en 2025, en la primera semana de mayo, la Secretaría de Integración Social abrirá un nuevo proceso competitivo para contratar siete comedores adicionales, para llegar a un total de 136 comedores comunitarios en 2025. La Administración Distrital, durante el cuatrienio llevará a cabo la apertura de 50 nuevas unidades, hasta llegar a 165 comedores comunitarios.

La Secretaría Distrital de Integración Social realizará una inversión superior a los $100.000 millones en la operación de los comedores comunitarios durante el año 2025.

A su turno la secretaria Distrital de Educación, Isabel Segovia indicó que “cuando no tenemos días de clases, por temas escolares o por temas exógenos al tema de la escolaridad, lo que estamos haciendo por primera vez es llevar la alimentación escolar a los colegios, esto es un trabajo que hemos hecho mancomunadamente con los rectores de los colegios, para que los niños que puedan acercarse al colegio, y sobre todo que tengan la necesidad, porque estamos haciendo una priorización, puedan recibir su alimentación, incluso cuando no hay clases, esto nunca se había hecho antes”.

¿Ventas informales amenazan con ser la piedra en el zapato para la remodelación del Campín?

En días pasados tuvo lugar un debate en el Concejo de Bogotá convocado por el concejal del Pacto Histórico, José Cuesta, para tratar asuntos relacionados con la Alianza Público-Privada (APP) para la construcción y remodelación del estadio Nemesio Camacho El Campin.

El concejal alertó sobre el contrato de la APP IDRD-SENCIA CTO-2772-2024, que otorga a un consorcio privado el control del estadio durante 29 años, con una inversión de 2,4 billones de pesos. Criticó que el Distrito solo recibirá el 1% de las ganancias generadas por el proyecto, una cifra que considera irrisoria dadas las dimensiones de la inversión.

 

Además, destacó los impactos negativos que desde su punto de vista, podría traer la remodelación sobre los espacios públicos y la infraestructura urbana circundante. La APP, según el cabildante, «destruiría el Estadio Campincito y otros espacios deportivos históricos utilizados por la comunidad, para dar paso a negocios privados como restaurantes, zonas comerciales y un centro de e-sports. Esta transformación afectaría directamente a más de 5.000 predios en el área circundante, exacerbando los problemas de movilidad y calidad de vida de los vecinos».

Además, subrayó la exclusión de los vendedores tradicionales que se ubican en el estadio para ofrecer diferentes productos a los ciudadanos. Criticó la decisión de excluir a más de 200 familias, como las trabajadoras de la tercera edad y mujeres cabeza de hogar, y denunció que esto no solo vulnera sus derechos laborales, sino que también representa un despojo cultural y social. La privatización del espacio, según el edil, «permite que el lucro privado se anteponga a los derechos fundamentales de los ciudadanos».

Al respecto, la concejal del Centro Democrático, Sandra Forero, considera que se debe tener en cuenta que el espacio público es de todos y que los espacios privados tienen una función social y ecológica que no implica que todos puedan hacer uso sin algunas garantías en temas de retorno.

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«Lo que se está planteando es un proyecto que va a transformar una zona de la ciudad, que garantiza ingresos; que coloca a la Bogotá en el mismo standard de los grandes capitales del mundo», afirmó.

Forero considera que es importante que el IPES tenga algunas consideraciones para incluir a los vendedores informales, pero teniendo en cuenta que a esta población hay que llevarla a la formalidad de lo contrario Bogotá no tendrá un espacio público garantizado para todos.

«Aquí hay un derecho al trabajo, pero también tiene que equilibrarse para que el espacio público sea para todos», puntualizó.

Por su parte la concejal, Quena Ribadeneira, estima que en ningún momento se quiere obstaculizar el proyecto, más no por esto se debe dejar por fuera a los vendedores informarles.

La cabildante del Pacto Histórico le pide a instituciones como el IDRD y el IPES, hacer parte de las mesas de diálogo con la APP para que incluya a esta población en el proyecto.

«La idea no es solo dejarlos vender sino vincularlos al modelo de renovación porque es claro que ellos no pueden acceder a los espacios internos del nuevo estadio El Campín», afirmó.

En octubre de 2024 la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y el Concesionario Sencia, firmaron el acta de inicio de la Asociación Pública-Privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos, que permitirá que el Concesionario Sencia, empresa encargada del proyecto, invierta 2.4 billones de pesos para transformar el ecosistema de deportes, cultura y entretenimiento más importante del país, y cuyo eje será la construcción de un nuevo estadio.