El precandidato presidencial, Héctor Olimpo Espinosa, considera que una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, en medio de una época preelectoral solo sirve para armas un caos político muchísimo mayor al que vive Colombia actualmente por los últimos hechos.
“El poder constituyente configurado de manera física es el partido insurreccional”, dice Toni Negri y como Negri es el autor en el cual Petro se basa para construir su idea de una reforma constitucional, entonces el poder constituyente vendría a ser el Pacto Histórico.
Es una visión totalitaria, según Negri “una nueva constitución no tiene otra que hacer que reconocer identidades como singularidades dentro de lo común”, es decir la creación de una dictadura constitucional por eso en la exposición de motivos presentada por el gobierno se refieren a un estado unido.
Esta propuesta no busca cambiar la constitución sino el orden constitucional. Pero más allá de las consideraciones jurídicas, la convocatoria es un hecho político que le permite al gobierno superar su fase de movilizaciones puntuales, aisladas, minoritarias y fallidas y entrar en un ciclo de movilización constante con un objetivo estratégico.
Es la misma constante de transferencia de presión a la sociedad, pero esta vez con un lenguaje político coherente. Por eso la radicalidad de la propuesta que busca crear un escenario del pueblo contra la ley. Siguiendo a Negri, “el poder constituyente se presenta como una figura catastrófica”.
Traducida al marco de comunicación política la “asamblea popular constituyente” es una forma de poner en duda la legitimidad para gobernar. Si es necesario cambiar el orden constitucional es porque se ha venido ejerciendo el poder sin legitimidad y es necesario crear una nueva, de manera que quienes busquen hacerse elegir bajo el orden constitucional vigente pueden ser coaccionados, atacados y expulsados de la comunidad política porque representan una aspiración ilegitima, es más, no representan a nadie.
Por eso, la respuesta que plantea Abelardo de la Espriella de responder a la constituyente con el juicio político es correcta estratégicamente, le está diciendo al líder del “partido insurreccional” que es él quien gobierna sin legitimidad porque está fuera de la ley y el poder solo puede volver al cause constitucional si el presidente es juzgado, la impunidad presidencial suspende el pacto social, el juicio político devuelve la soberanía al pueblo y restaura la legitimidad del orden político, independientemente de cual sea el resultado de dicho juicio.
Estamos viviendo bajo un estado de excepcionalidad permanente porque se ha inducido una excesiva politización de la vida pública, que se desarrolla en un mosaico caótico de fetiches y símbolos históricos, en una realidad alternativa, identitaria, Kitsch y reaccionaria. No se gobierna por la adhesión sino por el odio y ese odio se ha transformado en la gramática del lenguaje político.
El llamamiento al pueblo para que constituya un nuevo orden social no es más que un intento de llevar adelante un proceso de captura del poder mediante una campaña no contra un candidato, sino contra el sistema.
Que esa sea la intención, no significa que se pueda llevar adelante y mucho menos que tenga éxito, en primer lugar, porque ese pueblo que quieren convocar no existe, estamos en una nueva organización social conformada por ciudadanos y los ciudadanos no son pueblo, además porque no existe una aspiración colectiva de crear un nuevo pacto social, ni un nuevo orden, por eso están haciendo una lectura equivocada del escenario electoral, las elecciones ya no son la herramienta para zanjar una controversia política, sino más bien para establecer las condiciones en las cuales el objetivo político podrá lograrse y es por eso que quienes promueven el poder constituyente como un vasto juicio público al sistema, acabaran siendo juzgados por el sistema.
No se puede olvidar al vieja premisa de la ley común: la ley es del estado, pero la justicia es del pueblo.
La propuesta de la convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y la presentación a la ciudadanía del borrador de lo que sería el proyecto que el Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República comienza a generar el rechazo general de la mayor parte de los sectores políticos .
Al respecto, los partidos Conservador, Cambio Radical y La U, dieron a conocer su desacuerdo con esta idea, y desde ya anunciaron que no apoyarán este proyecto.
“Se trata de una iniciativa aislada que responde más a intereses particulares y cálculos electorales que a un genuino proceso de transformación democrática y participativa”, señalaron.
Por su parte, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, considera que una convocatoria de este nivel, solo serviría para abrir una Caja de Pandora.
«De verdad van a abrir la caja de Pandora de modificar la Constitución, solo con el fin de subir el tono en elecciones. Riesgosa táctica politiquera. En 3 años no han sabido decir qué es lo que no les gusta de la Constitución. En Colombia lo que falta es aplicarla», escribió la congresista en su cuenta de X.
El precandidato, Aníbal Gaviria, también se manifestó en contra de esta idea, argumentando que esto solo serviría para dejar al país a la deriva.
«El país no puede seguir a la deriva de las ocurrencias ni los sentidos anímicos de quienes un día juran respetar la constitución, prometen que no habrá constituyente y al otro día cabalgan sobre la idea de refundar el mundo», anotó.
El Gobierno Nacional pondrá el borrador del texto a consideración de la justicia, a través del Ministerio de Justicia, previo a su radicación ante el Congreso de la República, en donde se daría trámite.
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El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó al país el borrador del proyecto para que se abra la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, generando desde ya una fuerte controversia en los diferentes sectores del país.
“Colombia iniciará un camino para lograr un salto adelante en busca de la dignidad humana, autónomo. Daremos comienzo a un proceso constituyente que transforme al país. Algunas de 1991 se volvieron obsoletas, otras son utilizadas por sectores retardatarios para destruir las conquistas sociales. Esto debe cambiar”, dijo Montealegre en su anuncio.
El anuncio fue reforzado por el presidente Gustavo Petro, quien desde su cuenta de X dijo que el borrador será puesto a consideración de la ciudadanía, quien desde las diferentes organizaciones sociales podrán opinar y hacer correcciones antes de ser presentado para debate en el Congreso de la República.
El borrador del texto propone una Asamblea Nacional Constituyente conformada por 71 miembros elegidos por votación popular, con distribución por circunscripción nacional y por diferentes grupos.
Esta Constituyente tendría facultades para reformar la totalidad de la Constitución Política”, con la condición de que “no revocará al Congreso” y no podría tocar los tratados internacionales sobre derechos humanos y tampoco podría promover retrocesos en derechos sociales.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado su pretensión de incluir una pregunta para convocar a una Asamblea Constituyente en el referéndum que tiene previsto realizar a finales de año, un extremo que requiere la autorización previa por parte del Tribunal Constitucional del país latinoamericano.
En una misiva difundida por la Presidencia, el mandatario ha defendido que es «esencial» incluir esta pregunta y «convocar a una Asamblea Constituyente (…) que devuelva el poder al pueblo y que saque al país del secuestro institucional».
En esta línea, Noboa ha considerado que «por demasiado tiempo nuestro país ha estado detenido» debido a unas instituciones a las que ha acusado de «olvidar a quienes debían servir».
«No podemos seguir atrapados en el pasado. Ecuador merece liberarse de quienes lo frenan, y esta vez es el turno de los ecuatorianos lograrlo. Ustedes votaron por el cambio, un cambio que no puede consolidarse mientras las reglas actuales nos impidan luchar de frente contra el crimen organizado y contra las estructuras políticas que lo protegen y lo favorecen una y otra vez», ha señalado.
Noboa ha acusado al «activismo político» de rechazar las preguntas presentadas por su Ejecutivo, agregando que «saben que el pueblo aceptaría esos cambios, que los mismos de siempre quieren bloquear».
«No hay espacio para la excusa, solo para la acción», ha defendido en una carta en la que ha asegurado que «esta vez serán los ecuatorianos quienes decidan el marco normativo de un nuevo Ecuador; la base del país que construyamos juntos». «Si algo nos caracteriza como proyecto, es la firme convicción (de) que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad», ha agregado.
Sus declaraciones llegan después de cuestionar decisiones del Tribunal: «¿Por qué quieren impedir que se pregunte a la gente? Están poniendo trabas y trabas, cuando lo que se busca es que el pueblo decida», ha señalado en una entrevista de la que se ha hecho eco el diario ‘Primicias’.
El mandatario ya ha pedido al máximo órgano de control constitucional que emita un dictamen de procedimiento sobre cómo tramitar la modificación de la Constitución en cuatro temas: la contratación laboral por horas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del número de asambleístas y el control político a jueces del mencionado tribunal.
Cabe recordar que otras dos cuestiones –la prohibición de establecer bases militares extranjeras» y la asignación de recursos públicos a los partidos políticos– ya fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y están en manos de la corte.
Este 4 de julio se cumplen 34 años de la promulgación de la Constitución Política de 1991, de corte democrático, la cual vino a reemplazar la centenaria Constitución de 1886, de corte confesional. Entre otras cosas, estas dos constituciones han sido las únicas, de las tantas que han regido en Colombia desde los albores de su independencia hace doscientos años, cuya vigencia ha perdurado más de veinte años.
La Constituyente que le dio vida a la nueva Carta tuvo como antecedentes los frustráneos intentos de reformar la Constitución por parte del ex presidente Alfonso López Michelsen primero, quien propuso en 1976 integrar para tal efecto una “pequeña constituyente” y luego sería el ex presidente Virgilio Barco Vargas quien propuso en 1988 la convocatoria de una consulta popular con el fin de derogar el artículo 13 del Plebiscito de 1957, consagrado en el artículo 218 de la Constitución de 1886, que reservaba la facultad de reformar la Constitución al Congreso de la República como constituyente derivado.
Ante el bloqueo, que impedía la reforma a la Constitución y la urgencia de sintonizarla con las nuevas realidades, surgió un movimiento espontáneo de la sociedad civil tendiente a remover dicho obstáculo, el cual se encarnó en la “séptima papeleta” promovida desde el claustro de la Universidad del Rosario y acaudillada por el ex Procurador General de la Nación Fernando Carrillo. Se trataba de sumar una “papeleta” más en las urnas habilitadas para la llamada elección de “mitaca”, además del Senado, la Cámara de Representantes, la Asamblea departamental, los concejos municipales, las juntas administradoras locales y alcaldes.
El texto de la “séptima papeleta” decía textualmente: “voto por Colombia. Sí a una Asamblea constituyente…con el fin de reformar la Constitución Nacional”. Ni corto ni perezoso el presidente Barco, apelando al artículo 121 de la Constitución, mediante el cual se podía declarar turbado el orden público y el Estado de sitio y al amparo del mismo expedir decretos con fuerza de Ley, dispuso a través del Decreto legislativo 927 del 3 de mayo de 1990 ordenar “contabilizar los votos depositados en las urnas de convocatoria a una Asamblea constitucional”. La Registraduría Nacional del Estado Civil se abstuvo de escrutar y contabilizar la “séptima papeleta”; empero, se estima que se depositaron 4´991.887 votos de los 5´218.338 sufragados. Huelga decir que la Corte Suprema de Justicia avaló dicho procedimiento al declarar exequible el 9 de junio dicho Decreto y en consecuencia, de esta manera validó la convocatoria de la Asamblea constitucional, la cual derivó en Constituyente.
A propósito de la ventolera de pretender embarcar al país en otro proceso constituyente, bueno es advertir que en aquel entonces se apeló a la llamada “séptima papeleta” en razón del bloqueo constitucional existente para su convocatoria, pero con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, esta estableció y regló el procedimiento para su convocatoria mediante el artículo 376, el cual dispone que “mediante Ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo decida en votación popular si convoca una Asamblea Constituyente”.
Como lo afirmó Eloy García López, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, “hay un procedimiento de cambio establecido por la constitución y todo lo que no respete ese procedimiento de convocatoria de una Asamblea Constituyente es inconstitucional”. El atajo de “convocar a una Asamblea Constituyente de iniciativa popular”, alegándose un supuesto “bloqueo institucional” por parte del Ministro de Justicia Eduardo Montealegre, no es legal y mucho menos constitucional. El exfiscal y exministro Alfonso Gómez Méndez es categórico al afirmar que el presidente Gustavo Petro está “mal asesorado” y llama la atención, a propósito del remedo de la “octava papeleta” planteada desatentadamente por el ministro del Interior Armando Benedetti, dizque para que “el pueblo exprese el malestar que hay en la sociedad colombiana”, que” lo de las papeletas ya no existen” como en el año 90, en su lugar lo que el sufragante deposita en la urna es un tarjetón.
Aterrado, advierte el doctor Gómez Méndez “yo no sé quién le pudo decir al señor presidente que hoy, en el año 2025, puede un presidente por decreto desencadenar un proceso constitucional (…) No hay ninguna posibilidad de hacerlo, ninguna posibilidad de hacerlo con una introducción, en este caso habría que decir no una papeleta, digamos, un tarjetón adicional, hoy no es posible. Tiene que ser una ley del Congreso”, no existe otra alternativa distinta, a no ser que pretendan saltarse a la torera la Constitución Política y la Ley.
Es de advertir que en materia de estabilidad jurídica hay un marcado contraste entre la Constitución de 1886 y la de 1991, mientras aquella fue objeto de 70 reformas en sus 104 años de vigencia, esta última, en lo corrido desde su entrada en vigor, ha experimentado ya 56 enmiendas (¡!), batiendo récord los años 2011 y 2019 con 6 y 5 reformas a la Carta Magna, respectivamente.
El contraste es mayor cuando se hace la comparación con otros países, empezando por EEUU cuya Constitución data desde 1787 y 230 años después, sólo había registrado 27 enmiendas hasta el 2017. Le han terminado dando la razón al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, inmolado en el Holocausto del Palacio de Justicia, Manuel Gaona Cruz, cuando dijo premonitoriamente que abrigaba el temor de que la Constitución Política se tornara en una Carta a la carta. De manera que, aunque se sigue hablando y se conmemora un año más de la vigencia de la Constitución de 1991, su texto actual ya no es el mismo que tuvo su origen primigenio en la Asamblea Constituyente que le dio vida.
El representante a la cámara por el Pacto Histórico, Heráclito Landinez, y el concejal de Bogotá, por la Alianza Verde, Julián Espinosa, dieron sus puntos de vista sobre la posibilidad de un escenario para una Asamblea Nacional Constituyente, y los objetivos que tiene el presidente de la república, Gustavo Petro, para para convocarla.
El congresista Heráclito Landinez considera necesario que el constituyente primario exprese su voluntad generando unos cambios en el sistema político colombiano para que se hagan las reformas sociales que fueron negadas por el Legislativo durante este período.
«La Constituyente es un mecanismo legítimo para reformar la Constitución y todo lo que signifique sea legítimo y que se ha propuesto por los actores políticos del país, yo creo que esa discusión es democrática y es válida», afirmó el representante a la cámara.
Por su parte el concejal, Julián Espinosa, considera que esta iniciativa le sirve al presidente de la república para mantener el debate en torno a su nombre y al Pacto Histórico.
«Lo que uno termina intuyendo es que el presidente lanza, así como lo hizo con la consulta popular como iniciativa para mantener la atención pública y la atención electoral más cerca a los calendarios electorales», dice el cabildante de Bogotá.
Espinosa cree además que, aunque el presidente, Gustavo Petro, está en orilla diferente a la del expresidente, Álvaro Uribe Vélez, al igual que el exmandatario también le gustaría que Colombia transitara hacia un Estado de Opinión.
El representante, Heráclito Landinez, niega que el primer mandatario esté pensando en instaurar un Estado de Opinión y asegura que es respetuoso del Estado Social de Derecho.
Reviva el debate:
El pasado 17 de junio de 2025, se constituyó como un icónico martes negro para el país, por todos los hechos relevantes que acontecieron como la devolución de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional al congreso para subsanar el último debate de aprobación en la Cámara de Representantes, o la negativa del Registrador Nacional para continuar con la convocatoria de la consulta popular por “decretazo” hasta que se pronunciaran las cortes pese a las amenazas del Minjusticia sobre un prevaricato.
Posteriormente el Senado negó la consulta popular 2.0, después de aprobar la reforma laboral y pasarla a conciliación. Todo precedido de la cláusula de escape de la regla fiscal para aumentar el nivel de endeudamiento nacional. Continuamos con el Desafío a la separación de poderes, y en la noche el presidente televisa otro consejo de ministros donde los culpa por su mal desempeño después de sentirse “traicionado”; y como si fuera poco, el país conoció de boca del Minjusticia Montealegre el llamado a la Asamblea Popular Constituyente mediante una “octava papeleta”, una iniciativa para consultar a la ciudadanía sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Este movimiento, inspirado en el simbolismo de la «séptima papeleta» de 1990, busca legitimar cambios profundos en el modelo económico y político del país. Sin embargo, a diferencia del proceso del 91 –surgido desde la sociedad civil–, esta nueva propuesta nace desde el Ejecutivo, generando cuestionamientos sobre su legalidad, legitimidad y posibles riesgos para la democracia constitucional.
Como consecuencia apenas previsible, el miércoles 18 de junio se desarrolló un titánico debate nacional entre los juristas Mauricio Gaona y el Minjusticia Montealegre a propósito de la consulta popular por decretazo y el llamado del gobierno a la Asamblea Popular Constituyente (distinto a la Asamblea Nacional Constituyente), donde Gaona le recordó que la oposición es el precio que se paga por tener una democracia, y que viene el año más difícil de nuestra historia republicana cuando el gobierno intente poner en marcha dicha asamblea desde lo popular sin una convocatoria nacional –distinto a la del 91 que fue promovida por la ciudadanía y no por el gobierno– en el entendido que dicha figura ha sido utilizada por varios líderes autoritarios populistas en el mundo: en África, Asia, Centroamérica, y recientemente por nuestro vecino Venezuela.
En la argumentación para una constituyente estará en juego el modelo económico del país (hoy mixto entre público y privado) cuestionando los sistemas de salud, laboral, financiero, fiscal, de servicios públicos, minero-energético, medio ambiente, etc. Pero lo que no ha podido explicarnos el gobierno es para qué quiere cambiar la constitución de 1991 por otra que haga cumplir la misma constitución del 91, que Petro tanto celebra y defiende. Podemos comprender que el presidente no ha podido materializar los mandatos socioambientales y económicos en el marco del Estado Social de Derecho de la constitución, lo que lo ahoga en su propio laberinto discursivo, en este sentido debe alinear el gobierno en ser más propositivo sin enrostrar su propia incapacidad a los otros poderes públicos que en democracia deben ejercer los contrapesos para contener los desbordamientos dictatoriales –que no son bloqueos institucionales como se quiere dar a entender– y que sí son llamados universalmente garantías de oposición en la teoría del Estado Constitucional Moderno.
En los cálculos del gobierno debería estar que cuando se abra la puerta de una constituyente se puede filtrar cualquier otro proyecto de Estado que no sabemos cómo quedará, sumado a que la derecha goza de un amplio favoritismo político en estos momentos. Recordemos que el pueblo colombiano se compone de segmentos petristas, derecha uribista, los de centro e indecisos o abstencionistas que puede moverse por cualquier margen del espectro político. La octava papeleta nos debe preocupar en la medida que no es promovida desde la ciudadanía sino desde el gobierno, quien no está exento de seguir el patrón de líderes populistas que han usado Asambleas Populares Constituyentes para concentrar poder, como en Venezuela y otras experiencias autoritarias.
Este debate jurídico señala que modificar la Constitución de 1991 exige un riguroso proceso institucional, no un acto simplista como «meter una papeleta». Es decir que se requiere aprobar una ley en Senado y Cámara, definiendo integración, elección y alcance de la asamblea constituyente, seguida de un control de constitucionalidad por la Corte; no un «decretazo» o una consulta plebiscitaria. Este diseño actúa como contrapeso esencial para evitar cambios impulsivos, garantizando estabilidad democrática y apego al Estado de derecho. Pareciera que la «octava papeleta» está diseñada para recoger 8 millones de firmas (20% del censo electoral según la Ley 1757/15) y así presionar al Legislativo, pero académicos señalan que esto constituye un «populismo plebiscitario», donde se instrumentaliza la participación ciudadana para saltarse los controles institucionales. El riesgo es doble: por un lado, se debilita el equilibrio de poderes; por otro, se abre la puerta a un rediseño constitucional impredecible, especialmente en un escenario donde la derecha podría tener ventaja electoral.
Según lo anterior, esta iniciativa parece más una estrategia política que una ruta jurídica viable, aunque busca capitalizar el descontento social y movilizar a la base petrista, carece de sustento legal y enfrenta un rechazo transversal desde la academia, la justicia y el Congreso. El mayor riesgo sería sentar un precedente peligrosista al usar mecanismos participativos para socavar los contrapesos democráticos. Como antídoto para esta asfixia podemos pensar en que ahora mismo se requiere, más que nunca, gobernar en diversos campos que se están represando, tenemos crisis sin resolver en seguridad, desempleo, salud, energía y tarifas, migrantes, tierras, consultas previas y licenciamiento ambiental. En lugar de profundizar la polarización con un choque de poderes, o entre los diversos segmentos que conforman el “pueblo” en las calles, el gobierno debería priorizar la reconciliación y una adecuada gestión interinstitucional, en lugar de atajos plebiscitarios.
Colombia se encuentra ante una encrucijada histórica. A pesar de los esfuerzos por construir paz y justicia, la estructura del Estado sigue marcada por las profundas grietas de un modelo económico y político agotado. El neoliberalismo impuesto desde la década de 1990 ha erosionado los derechos sociales, debilitado lo público y ampliado la brecha entre los privilegios de unos pocos y las carencias de las mayorías. El país necesita un nuevo pacto fundacional que abra las puertas a una transformación profunda, democrática y sostenible. Un proceso constituyente que renueve el contrato social y político de la nación.
Este proceso no debe reducirse a una simple convocatoria electoral para elegir unos dignatarios encargados de redactar una nueva carta magna. Estamos muy afectados como proyecto de país para creer que con la elección de unas cuantas personas que se reunirán con sus asesores a puerta cerrada, imponiendo mayorías, saldremos de la crisis de violencias, inseguridad y pérdida de legitimidad del Estado. De allí la importancia de prepararnos con seriedad y compromiso para desatar un proceso con tiempos holgados, metodologías novedosas y una amplia participación ciudadana.
Un proceso de carácter político y pedagógico que parta desde los territorios, con un esfuerzo comunicativo generoso que le hable a todos los sectores sociales, que escuche y conecte con sus realidades, dolores y esperanzas. Debe ser un proceso participativo que fortalezca la descentralización, el poder de decisión de la ciudadanía, el reconocimiento de la diversidad y la soberanía territorial. Un camino que permita redefinir el ordenamiento del país alrededor del agua, como elemento vital y estructurador de un nuevo modelo de desarrollo y convivencia.
No se trata de una varita mágica que automáticamente nos conduzca al país de las maravillas. Ningún proceso constituyente es una solución instantánea. Pero sí puede abrir un nuevo escenario de acuerdo nacional para hacer posible la vida con dignidad, justicia y seguridad para todos y todas. Un escenario donde las decisiones fundamentales sean dictadas por el bienestar colectivo, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental.
Un nuevo proceso constituyente, democrático y popular, debe desembocar en una Asamblea Nacional capaz de generar un gran pacto de paz que no se limite al silenciamiento de los fusiles, sino que se extienda a la transformación de las causas estructurales de la violencia. La justicia debe ocupar un lugar central en esta transformación. La paz y la convivencia se garantizan con el acceso a la justicia para las víctimas, la independencia judicial, el castigo efectivo a los corruptos, y un sistema de justicia al servicio de la equidad y la verdad.
La seguridad también debe repensarse. No como una doctrina de control social o represión, sino como una seguridad para la vida, basada en la protección de las comunidades, el respeto a los derechos humanos, la prevención de violencias y la emergencia del Estado integral y civil en los territorios. La vida debe ser sagrada, no solo protegida por las leyes, sino garantizada en las condiciones materiales que permitan vivir sin miedo, sin hambre y sin despojo.
La superación del modelo neoliberal es una condición ineludible. Debemos poner fin a la mercantilización de los derechos, recuperar lo público, revalorizar el trabajo y garantizar una economía al servicio de la vida y no del lucro. Esto implica construir un sistema económico mixto y solidario, con soberanía alimentaria, justicia tributaria, distribución de la tierra y fortalecimiento del Estado social de derecho.
Asimismo, el Proceso Constituyente debe condenar explícitamente al narcotráfico y al lavado de activos, como compromisos vinculantes para desmontar los engranajes financieros, políticos y militares que han hecho del crimen organizado un actor con poder real en los territorios. La legalización y regulación de las drogas debe ser parte del debate, en sintonía con la evidencia internacional que demuestra el fracaso de la guerra contra las drogas.
Igualmente urgente es avanzar hacia una economía post-extractivista. La dependencia de los hidrocarburos y la minería a gran escala ha causado despojo, desplazamiento, contaminación y destrucción ambiental irreversible. En un contexto de crisis climática global, Colombia debe apostar por una transición energética justa, diversificada, basada en energías limpias y en la protección de los ecosistemas estratégicos.
El Proceso Constituyente no es una aventura populista ni un salto al vacío. Es una necesidad histórica que debe surgir del clamor de los pueblos, de las organizaciones sociales, de las víctimas de la guerra y de una ciudadanía cansada de promesas incumplidas. ¿Se imaginan un proceso nacido de Asambleas Municipales de Constituyentes Primarios, que recoja el sentir local y lo haga llegar a escenarios regionales, para desembocar en un gran escenario de deliberación y concertación constituyente nacional?
Desatar este proceso es apostar por una paz duradera, una democracia real, y una Colombia distinta. Ha llegado la hora de construir un nuevo horizonte de país, donde la vida, la justicia, la seguridad y la dignidad estén en el centro del poder. No hacerlo sería seguir administrando la catástrofe. El momento de avanzar es ahora.
El presidente de la república, Gustavo Petro, celebró la aprobación de la conciliación en Cámara y Senado de la reforma laboral y anunció la derogación del decreto que convoca la consulta popular.
«Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano que es el pueblo», escribió el primer mandatario en su cuenta de X en medio de un extenso trino.
Más adelante habló de la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y para esto anunció que el Gobierno presentará una papeleta en las próximas elecciones preguntando al ciudadano si está de acuerdo con este escenario.
«Será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y congreso tengan el mandato imperativo de construir el estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz», puntualizó.
En días recientes, Colombia ha presenciado un intenso debate iniciado por el Presidente Gustavo Petro, quien ha propuesto la participación activa del poder constituyente para enfrentar temas cruciales como la implementación del acuerdo de paz, el nuevo ordenamiento territorial, el cambio climático, y la educación y salud como derechos fundamentales. Esta propuesta ha encontrado fuerte oposición de diversos sectores poderosos y medios de comunicación, que argumentan que el país no necesita una constituyente y que es populista invitar a la sociedad a participar activamente en la toma de decisiones públicas. Se promueve la idea de que nuestra democracia funciona bien y que el gobierno solo debe ejecutar, mientras que el pueblo se limita a votar.
Sin embargo, la realidad, respaldada por cifras de la OCDE, muestra que Colombia tiene una de las distribuciones de ingresos más desiguales del mundo, lo que perpetúa la pobreza y la vulnerabilidad que afecta al 60% de la población. Colombia ocupa el primer lugar en desigualdad social, superando a países como Brasil, Zambia y Panamá. Además, las comunidades indígenas y afrodescendientes, junto con muchas zonas sin acceso a servicios públicos básicos como agua potable y energía eléctrica, revelan las grandes brechas que contradicen la idea de que nuestro sistema democrático funciona bien para todos.
Como mencionó el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, “vivimos tiempos difíciles para la democracia liberal. Este sistema, que alguna vez se consideró un conjunto de normas y valores aceptados en épocas de crecimiento económico y bienestar, ahora muestra sus límites. Cuando la economía deja de crecer y los recursos son escasos, las fallas del liberalismo se vuelven evidentes.”
En Colombia, la democracia liberal ha sido incapaz de comprender y resolver lo fundamental. Hoy, muchos de sus defensores descalifican cualquier forma de protesta popular, catalogándola como desorden social o conspiración y rechazan la presencia en el espacio público de subjetividades y ciudadanías distintas a las tradicionales que han venido validando y reafirmando sus derechos. Basta con recordar el estallido social de 2021 y las reacciones de los sectores políticos de la oligarquía hablando de tomas guerrilleras para desvalorizar el inconformismo y la expresión de millones a los que el sistema no representa o no logra incluir. Para algunos estos llamado o formas de encuentro del pueblo son excesos de participación que deben limitarse al voto popular. Haciendo más hondo el inconformismo y la fractura entre el Estado y el ciudadano.
La realidad hoy es que el régimen democrático colombiano oculta una desigualdad material abismal. Aunque en teoría la Constitución Política de 1991 nos brinda un marco de derechos y de igualdad de oportunidades, en la práctica, las condiciones materiales de participación política están brutalmente jerarquizadas por etnia y clase. Una mujer trans, un campesino, un indígena, un afrodescendiente o un joven de los barrios populares no compite en igualdad de condiciones con un empresario educado en las mejores universidades extranjeras.
El concepto de «igualdad de oportunidades» que se promueve en nuestra democracia oculta la gran diferencia entre aquellos que pueden comprar múltiples oportunidades con su dinero y aquellos que solo tienen una única oportunidad basada en su situación de vida. Esta desigualdad estructural convierte la «voluntad general» en una simple suma de concesiones políticas, y nuestra democracia queda en manos de sectores privilegiados que no están dispuestos a ceder sus beneficios.
El aumento de la concentración del poder en manos de unos pocos excluye la participación directa de la ciudadanía. La democracia liberal se transforma en un sistema donde las élites dominan, la representación toma precedencia sobre la participación activa de la gente, y la tecnocracia desplaza el debate público.
El pueblo que eligió el gobierno de Gustavo Petro lo hizo con la ilusión de construir avances en términos de igualdad material y social y no podemos defraudar esas ilusiones. Respetar y reavivar ese mandato popular debe ser una tarea esencial de todas y todos, para evitar que ideas libertarias que avalan más pobreza y menos derechos sea la Colombia que se construya.
Abandonar la agenda democrática de la equidad generará peligros que pueden desestabilizar a nuestra sociedad. En medio de las reformas y cambios políticos propuestos por el gobierno actual, es crucial no olvidar la estrategia de mentiras y de agravios personales que está utilizando la derecha y unos sectores del centro para imponer su narrativa y evitar a toda costa que la nueva Colombia demográfica, regional, política, cultural y social se pronuncie para abordar las profundas desigualdades sociales y económicas. Solo así podremos construir un país más justo y equitativo para todos.
Hoy nos vemos capturados, impedidos para el debate y descalificados por quienes creen que todo funciona bien o avanza a su «tiempo», un tiempo que claramente no coincide con las expectativas ni las realidades de millones que desean mejores condiciones y oportunidades para hacer realidad el Estado Social de Derecho. Es más que nunca el tiempo de la gente, es ahora y no después que tenemos que valorar y resolver las inquietudes y problemas públicos que nos piden reformas tanto materiales como culturales.
PD: Agradezco al Portal Confidencial Colombia por abrirme este espacio como columnista, un valioso aporte para el diálogo y el debate público distrital y nacional. Por aquí compartiré mis ideas y debates sobre esa pregunta que Mafalda nos enseñó y que me hago todos los días en Colombia ¿Por dónde hay que empezar a empujar este país para llevarlo adelante?
Concejal de Bogotá
El exsenador y exconcejal de Bogotá, Antonio Sanguino, considera que más allá de una Asamblea Nacional Constituyente es necesario e importante que Colombia supere las divisiones y construya escenarios de diálogos para establecer acuerdos de alcance nacional.
“Es decir, que, si deciden violar el voto popular en Colombia del año 2022, se instaura en Colombia el poder constituyente, de una vez, a través de la movilización masiva del pueblo colombiano”. Gustavo Petro.
¿Puede existir una frase más veintejuliera, desafiante y falsa en la historia reciente de nuestra república? La respuesta es depende, hay otra comparable, pero si es más o menos, depende desde que orilla del rio estes, esta dice; “El estado de opinión es la fase superior del Estado de Derecho”, expresada por Álvaro Uribe Vélez.
Estas expresiones populistas, son pan de cada día en las maltrechas democracias hispanoamericanas y por supuesto en otras latitudes del mundo, en la Norte América de la era Trump, en la Europa del este de Lukashenko, Putin o Duda y en el Asía de Erdogan o Duterte, es un síntoma que viene “in crescendo” en diferentes territorios de la órbita global.
Por supuesto en lo que nos atañe, es curioso ver este tipo de frases y expresiones siendo utilizadas por las dos caras de la misma moneda, la izquierda y la derecha, el uno, queriendo olvidar, o por lo menos, asumiendo que todos olvidamos que somos ya un poder constituyente, que generamos por mandato intrínseco de nuestra soberanía ese poder constituido del cual goza el señor presidente.
Es gracias a esa capacidad jurídica que nos da nuestra naturaleza humana y nuestra ciudadanía que hoy él tiene un micrófono para poder expresar sus ideas y desarrollar su mandato legítimamente constituido gracias a que a nosotros el soberano pueblo constituyente, así nos pareció, hayamos o no votado por él.
Vanamente utiliza estas expresiones de “instaurarlo”, como si por una parte no lo estuviera ya, de ser así no habría república, por lo tanto, no tendríamos necesidad de un presidente; Por otra parte, no es él, quien podría instaurarlo, sino, nosotros, solitos como autónomamente lo somos, porque cerebro, lenguas y paticas tenemos.
Además, no recuerdo yo haberle dado poder al constituido presidente para que me represente, debe echarse una leída a la constitución, para que por fin se entere que los presidentes no representan al pueblo, al constituyente primario, la figura presidencial tan solo es una expresión de la voluntad de aquellos, es el funcionario contratado para ejecutar la Ley y punto.
Cuanta coincidencia encuentro ahora que leo esta alucinante y megalómana frase con aquella no menos tiránica de que el Estado de opinión es “una fase superior al Estado de Derecho”, pronunciada en el contexto, por otro megalómano que por estar con 82 u 85% de popularidad, pretendía con ello justificar mandar a diestra y siniestra por encima de las reglas constitucionales, garantías que tenemos los soberanos, el pueblo en síntesis.
Con ese frenesí, con esa petulancia, pretendían hacernos creer que, como la opinión mayoritaria, aquella no corroborada técnicamente, lo consideraba el mejor presidente, por ello entonces podía hacer “ochas y panochas”, expedir decretos o suscribir tratados internacionales, suprimir o fusionar entidades y desvincular funcionarios sin control alguno de la Corte Constitucional o Consejo de Estado.
Podía entrometerse en el poder legislativo a punta de Yidis y Teodolindos, en el Banco de La Republica o en el poder judicial, condenar y hacer conducir causas penales a quienes estuvieran en su contra, o sea, contra el estado superior de la opinión ya que a los porcentajes de su popularidad solo le competían “Salserin” o “RBD”, es decir, Luis XIV al decir “L´État, c´est moi”, se le quedó pequeño al príncipe de Salgar con su “Estado de Opinión”.
Cuanta arrogancia, cuanta irresponsabilidad en los dos bandos radicales que quieren, con tal de ganar unas elecciones, llevar al país a una guerra civil nuevamente, los bandos son conscientes que ese es el resultado en un país bien experimentado en el arte de la guerra, si insisten los unos en “tumbar” a un presidente o los otros en hacer lo opuesto e ir más allá, no solo no dejando que lo tumben, sino entronizándolo.. más, más y más..¡
Una y otra vez debemos insistir desde estas modestas letras en enviar un mensaje claro y contundente a quienes puedan leernos, no caigan en esos cantos de sirenas, son extremistas que todo lo ganan con nuestra perdida, la guerra entre hermanos y hermanas; bravucones de redes, porque en los clubes y pasillos del congreso, conciertos y parrandas, se les vé tomando whiskey de lo lindo, abrazados y concertando Dios sabe que cosas.
Los hombres y mujeres demócratas, somos los que pondremos los muertos, siempre ha sido así y siempre lo será a menos que maduremos cívicamente y entendamos que a los presidentes que ganaron se les deja gobernar, si nos equivocamos, entonces nuestra constitución posee una garantía, una regla en la que el periodo del cargo es por un tiempo determinado, para bien o para mal, se cumplirá el plazo y se irá, pero no se les tumba, eso es de cobardes.
Los demócratas sabemos que es en el ardor de la lucha de las ideas donde está la victoria, eso sí es ser berraca, eso es ser valiente, lograr convencer a millones con la verdad, con la inteligencia, pero eso de salir a tumbar dirigentes a través de golpes blandos, suaves o duros, lo mismo da, eso es ser tonto, abyecto; Los demócratas conquistan el poder, no se lo roban y menos haciéndolo como los matreros, lanzando la piedra y ocultando la mano.
Los demócratas, no se quedan en el poder con excusas vanas, badulaquerías o leguleyadas, los hombres y mujeres demócratas, ganan las elecciones limpiamente y cumplen con la palabra empeñada, hacen su mayor esfuerzo por dejar una huella indeleble en la conciencia colectiva y trascienden en la historia, no se atornillan ilegalmente al cargo y sobre todo, no motivan o se vuelven cómplices de los derramamientos de sangre por egos personales o de grupos.
El expresidente Iván Duque calificó como “absurda” la idea de una convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente, saltándose las reglas constitucionales, generando además un ambiente de “zozobra”, para imponer las reformas por una vía que, según él, es autoritaria.
El exmandatario considera como preocupante que el presidente Gustavo Petro a través de una Asamblea Nacional Constituyente busque perpetuarse en el poder.
Dice además que una Constituyente como la están planteando es un golpe a la institución que no se puede permitir.
Habló también del llamado que hizo el expresidente Cesar Gaviria para conformar una coalición política que defienda la Constitución de 1991, calificándola como válida, pero asegurando que esta no puede tener dueño porque según él, “también lo han hecho otros sectores de la sociedad civil”.
“Yo creo que necesitamos una gran fuerza ciudadana, amplia de todos los sectores, que no esté anclada ni a partidismos ni a ideologismo sino a la protección de nuestra democracia y a nuestra Constitución”.
Según el exmandatario, “el Gobierno tiene la intención de tomarse la Corte Constitucional. Muy pronto se van cuatro magistrados, uno lo terna el presidente; dos la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y van detrás de los otros dos. Por eso el llamado a que todos estos sectores, amplios de nuestra sociedad alerten a las altas cortes que protegen la Carta Magna de 1991”.
Se sigue hablando y especulando a diferentes niveles y en diversos espacios sociales y políticos sobre la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que tenga como propósito realizar los cambios normativos que hagan posible que derechos fundamentales como la salud, la educación, o la pensión de vejez, sean garantizados y prestados por el Estado.
La negativa de las mayorías en la Comisión Séptima del Senado de la República, de approbar la propuesta del Gobierno Nacional que busca reformar la Ley 100 de 1993 y corregir los problemas que impiden el acceso a un adecuado servicio de salud, en especial en aquellas zonas tradicionalmente excluidas y empobrecidas, ha producido que diferentes voces se levanten denunciando que esta negativa, no es el reflejo de una posición legítima, que cuestiona el proyecto y que busca soluciones, sino, fundamentalmente, el fruto de compromisos adquiridos a través de la financiación de campañas, que buscan proteger los intereses del capital que rige la actuación de la intermediación suministrada por las Empresas Prestadoras de Servicio- EPS.
Muy loable que se levanten las voces que no comparten, con justa razón, la posición de las y los congresistas que, antes que defender los derechos del pueblo, reflejan una oposición poco fundamentada y el compromiso efectivo con las financiadoras de campañas; sin embargo, aunque la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, pudiera convertirse en una bandera justificada para lograr los cambios prometidos en campaña por el actual Presidente Gustavo Petro Urrego, la verdad es que esta vía, más que producir cambios, en el hipotético caso de que, la izquierda, el progresismo y la social democracia, todos estos defensores del Estado Social de Derecho, obtengan las mayorías de curules constituyentes, al final de cuentas, el nuevo contrato social que surja, terminará siendo modificado, mediante decretos negacionistas, por quienes ostentan el poder real, ante la incapacidad de la izquierda y del progresismo de diseñar y construir una fuerza ciudadana constituyente, con vocación de poder, capaz de conducir el país por el sendero de la justicia social, la equidad y la paz.
Un proceso que le entregue al pueblo el poder de decisión, para que de éste emerja el poder político, no se debe reducir a eventos asamblearios locales o a unas sesiones de representantes a una Asamblea Nacional Constituyente. Un proceso constituyente para reconstruir los sueños y la esperanza, debe estar enmarcado en: una fuerte acción pedagógica y organizativa que convoque también al 50% de colombianos y colombianas que no participan políticamente; una permanente planeación participativa territorial alrededor del agua; y un fuerte control social a la ejecución de dicho plan.
La tarea constituyente es mucho más profunda de lo que parece. Si lo que se pretende es llegar efectivamente a la conciencia ciudadana, conquistar el corazón de las mayorías que siguen siendo afectadas por un régimen político y económico, que intenta perpetuar el enriqueciendo de unas minorías, mientras el grueso de la sociedad sigue siendo llevada al abismo de la pobreza, se debe recurrir a la más generosa imaginación y al compromiso real de los partidos que predican el cambio. Un proceso que le entregue poder soberano permanente al pueblo y a la democracia directa, no solamente en eventos esporádicos, planeados al gusto de la democracia representativa y del poder ejecutivo, sino que le reconozca a la gente del común, organizada o no organizada, su capacidad de proponer, interpelar, decidir, ejecutar y controlar, a largo, mediano y corto plazo, de manera constante, en ejercicios asamblearios desde los barrios y veredas hasta el municipio, el departamento y la nación. Un proceso que haga posible, la expresión de viejos liderazgos políticos y sociales y la emergencia de nuevos, a los que hay que proteger y garantizarles la permanencia en el territorio.
El mundo cambia constantemente y la democracia griega, el sueño de la revolución francesa (fraternidad, igualdad y libertad) de las guerras de independencia de las colonias europeas y de los proyectos socialistas (con planeación centralizada y partido único), requieren a la luz de los acontecimientos nacionales y mundiales ser revisados y transformados, para que propuestas, señaladas de neofascistas, ligadas a la guerra y las violencias, no sigan ganando espacio, ante un pueblo que reclama mejores condiciones de vida. La democracia representativa que conocemos, y que cada cuatro años recurre al constituyente primario, para que este le entregue su poder mediante el voto y se elijan gobernantes, cogobernantes y legisladores, parece no ser suficiente para tramitar los conflictos sociales, políticos y económicos, ya que el acuerdo de un Estado democrático capitalista fundado en la independencia de tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), ha sido violado en la práctica.
Es indudable que, ante la grave crisis estructural y de legitimidad del Estado, ante las múltiples expresiones de conflicto armado, la corrupción y el narcotráfico, entre otras enfermedades crónicas, se requiere con urgencia recurrir al constituyente primario, al pueblo soberano, entendido este como la expresión diversa de la ciudadanía. Lamentablemente, debido a los ataques sistemáticos que permanentemente cobran la vida de líderes y lideresas sociales, a la baja inversión en educación formal y no formal, al bajo nivel de conocimiento sobre deberes y derechos, tanto políticos como sociales, de las mayorías de colombianos y colombianas, no se cuenta con suficiente acumulado social que asuma la deliberación y la emergencia de procesos constituyentes soberanos, que desde lo local desaten un gran proceso nacional.
Las organizaciones sociales, los partidos y movimientos políticos que deseen participar, junto con el Gobierno Nacional, de manera unificada y sin imposiciones partidistas o caudillistas, tendrán que construir un primer acuerdo sobre el carácter y los alcances de la iniciativa constituyente. Esta iniciativa debe contemplar necesariamente un esfuerzo pedagógico ambicioso para fortalecer las capacidades democráticas tanto de la ciudadanía como de las organizaciones. Se tendrá que retomar experiencias locales que durante varios años lograron avanzar en ejercicios de democracia directa y poder popular, como las Asambleas Municipales Constituyentes; procesos que dinamizaron la territorialidad para la paz, logrando acuerdos humanitarios como en Micoahumao (Sur de Bolívar), o la planeación prospectiva y la eficacia de la gobernabilidad local, como en el caso del municipio de Tarso en Antioquia, que logró superar la crisis económica a la que fue llevado por la corrupción.
El reto, más allá de los tiempos que la democracia representativa impone a los gobernantes y legisladores, es desatar un proceso constituyente nacional permanente, hasta que la democracia directa se haga costumbre. Un proceso que, en armonía con la democracia representativa, construya una red de procesos constituyentes municipales y departamentales. Una alianza, un acuerdo nacional, un pacto permanente de reconocimiento al poder del pueblo (democracia), que se ponga como metas a corto y mediano plazo, transformar las causas estructurales que reproducen la pobreza, la exclusión y la inequidad, y construir un pacto nacional que acabe con la corrupción, el narcotráfico y el conflicto armado interno. Constituir poder para que el constituyente primario haga realidad sus derechos y deberes.