El pasado 14 de mayo de 2025, el Senado colombiano protagonizó una jornada determinante para el futuro político del gobierno de Gustavo Petro. Con una votación de 49 contra 47, se hundió la consulta popular laboral promovida por el Ejecutivo, diseñada no solo para respaldar reformas como la jornada laboral de ocho horas y recargos dominicales, sino también como un motor anticipado de campaña electoral de cara a 2026. Desde el exterior, Petro lo denunció como un fraude y llamó al “pueblo” a movilizarse en cabildos populares, mientras el Congreso reabrió el debate sobre la reforma laboral.
El hundimiento de la consulta refleja un error estratégico del gobierno, en la medida que el ministro del interior Armando Benedetti se estrena con su primera gran derrota a 2,5 meses de su nombramiento. Aunque la estrategia política estuvo bien planteada, el ministro no vigiló los votos con la concentración que debe tener un jugador de ajedrez sobre sus fichas, como es el caso de la senadora Martha Peralta -quien estaba tras bastidores-, Richard Fuelantala -petrista indeciso- o Temístocles Ortega -con su ineficaz objeción de conciencia invalidada por Cambio Radical- no cumplieron con su voto, y el descontrol sobre el polémico voto del senador Edgar Díaz, intensificaron el clima de polarización, aunque no modificaron el resultado. La abstención de figuras bisagras como la centrista Angélica Lozano también reflejó la debilidad de las alianzas progresistas y el bloque de oposición se mostró sólido, mientras que el oficialismo no logró cohesionar sus aliados ni asegurar los votos necesarios.
Dese luego, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aparece como uno de los grandes perdedores. Su estrategia falló al intentar movilizar apoyos mediante negociaciones cuestionadas, dañando aún más la imagen del gobierno en materia de transparencia. El Pacto Histórico, lejos de consolidar su liderazgo en el Congreso, exhibe fragmentación interna y una desconexión con sectores del centro político e indígena, lo que complica el trámite de cualquier reforma estructural en lo que resta del periodo legislativo.
Por el lado de la oposición, si bien salió victoriosa en esta coyuntura, enfrenta ahora la presión de sectores sociales y sindicales para aprobar una reforma laboral en tiempo récord. Esto le impone la responsabilidad de demostrar que no solo puede bloquear iniciativas, sino también construir alternativas.
Petro intenta mantener viva la llama de su proyecto reformista con un nuevo impulso a la consulta, ahora incluyendo temas como el acceso a medicamentos. Sin embargo, su capacidad para avanzar dependerá de dos factores clave: el respaldo popular sostenido en las calles y su habilidad para tender puentes en un Congreso adverso. La apuesta por la confrontación puede ampliar su base militante, pero también puede profundizar la fatiga ciudadana ante la constante polarización institucional.
En este contexto, la consulta popular se develó no como un simple mecanismo participativo, sino como el eje de una estrategia electoral temprana y en consecuencia, su hundimiento deja al gobierno sin una narrativa movilizadora clara, mientras la oposición fortalece su papel como contrapeso legislativo. Lo que indica que el poder Ejecutivo se radicaliza discursivamente, mientras el Legislativo se atrinchera, generando un bloqueo que marcará el tono del próximo ciclo electoral.
En conclusión, el gobierno reconfigura su estrategia hacia la movilización social permanente, usando figuras participativas como los cabildos, aunque estas tienen un alcance jurídico limitado y todo deberá regresar al congreso para su aprobación. El éxito o fracaso del presidente Petro para recomponer alianzas y canalizar el descontento social en propuestas viables será decisivo para el futuro del Pacto Histórico, cuya permanencia política depende hoy más de la capacidad de construir acuerdos que de apelar a la movilización, pero, de seguir en este camino llevarán al país hacia una etapa crítica de gobernabilidad, donde el riesgo es que el pulso entre la calle y la institucionalidad deje sin rumbo el curso de Colombia hasta las elecciones de 2026.
Luis Fernando Ulloa
