Brayan Campo Pillimué, de 32 años, aceptó ser el asesino de la menor Sofía Delgado, de 12 años, en hechos ocurridos en Candelaria, Valle.
Este sujeto aceptó los cargos imputados por las Fiscalía General de la Nación, por feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro tentado agravado.
Tras la aceptación de cargos, el organismo de investigación pedirá al juez de garantías medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario.
Lorduy fue denunciado por la representante a la Cámara del partido Fuerza Ciudadana Ingrid Aguirre, quien le señala de haberle hecho propuestas indecorosas a cambio de no firmar una resolución que le quitaba la personería jurídica al movimiento político.
De acuerdo con la congresistas, el presidente del Consejo Nacional Electoral le habría hecho la propuesta luego de que esta se negara a pagar una suma de quinientos millones de pesos como contraprestación para que el partido consiguiera la personería jurídica y además colaborar en la votación de Sala Plena del Consejo Nacional Electoral para que no fuera revocada la inscripción de candidatura de la doctora Carmen Patricia Caicedo, entonces aspirante a la Alcaldía de Santa Marta.
El proceso en contra de Lorduy se encuentra en indagación fue asumido por la Fiscalía Primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Jorge Hernando Londoño Zapata, alias Jorgito, aceptó mediante preacuerdo pertenecer al ‘Clan del Golfo’ y coordinar la instrumentalización de menores de edad para vender estupefacientes al menudeo en Vegachí (Antioquia
Un juzgado penal del circuito especializado de Antioquia avaló la negociación judicial y condenó al procesado a cinco años y tres meses de prisión, y al pago de una multa equivalente a 2.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como responsable de los delitos de uso de menores para la comisión de delitos, suministro de estupefacientes a menores y concierto para delinquir agravado. La decisión precisó que la pena deberá hacerse efectiva en establecimiento carcelario.
La investigación de la Fiscalía da cuenta de que, entre 2022 y 2023, alias Jorgito contactó a niños y adolescentes, y los convenció de almacenar, transportar y comercializar sustancias ilícitas.
Un juez condenó a 6 meses de prisión y multa equivalente a 2,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes a Jacinto Hernando Romero Espitia, quien golpeó a un perro llamado ‘Max’ el 24 de mayo de 2023, en la vereda San José de Pacho (Cundinamarca).
El animal fue trasladado de inmediato a un médico veterinario, pero su estado de salud era crítico y le fue aplicada la eutanasia humanitaria.
Así mismo, Helmer Andrés Díaz González recibió una pena de 18 meses de prisión y una multa de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por su responsabilidad en la agresión con arma blanca a dos caninos en Chaguaní (Cundinamarca).
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro; la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, se dieron cita en el Salón de la Constitución del Senado de la República para radicar un proyecto de reforma que busca reducir la impunidad, garantizar una justicia penal más pronta y eficaz que se ajuste a las necesidades de los ciudadanos y asegurar en todo momento los derechos de las víctimas.
El proyecto retoma el espíritu original del sistema penal colombiano, creado en 2004 para potenciar las actuaciones a través de la justicia premial, pero que ha ido sufriendo modificaciones aumentando las restricciones a figuras como los preacuerdos y principios de oportunidad, valiosas alternativas para la terminación anticipada de los procesos.
La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia proponen ajustes como el levantamiento de restricciones a mecanismos procesales implementados por la Ley 906 de 2004, la concesión de beneficios por allanamientos y preacuerdos, y la aplicación del principio de oportunidad de manera eficiente.
El articulado plantea elementos como:
La extinción de la acción penal por la reparación integral a las víctimas.
Aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía desde el momento de la indagación.
La posibilidad de que las personas capturadas en situación de flagrancia puedan recibir beneficios por allanamiento de cargos en similares condiciones que aquellos que no han sido aprehendidos en flagrancia.
Procedimiento de allanamientos y preacuerdos para todos los delitos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asegura que existe un plan para «acabar» con su mandato, después de conocer que la Fiscalía del Estado está investigando al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) por la presunta compra del software espía ‘Pegasus’ al Gobierno israelí.
«Esta es toda una intención de acabar con la figura presidencial en Colombia. ¿A qué presidente de Colombia habían fallado en desacato?, ¿ A cuál (…) le habían quitado su competencia constitucional en servicios públicos? ¿A qué presidente de Colombia lo habían desaforado inconstitucionalmente? ¿A cuál (…) intentan impedirle que sus subalternos entreguen los informes que ponen en peligro la seguridad nacional y los Derechos Humanos de los colombianos?», ha señalado en su cuenta de la red social X.
Estas palabras se producen en respuesta a una denuncia anónima interpuesta ante la Fiscalía contra el director de la UIAF –el organismo que trabaja para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo–, Luis Eduardo Llinás Chica, por haber entregado el informe sobre la compra de ‘Pegasus’ a Petro.
El escrito presentado ante la Fiscalía denuncia que, a principios de septiembre, cuando el mandatario se pronunciaba en televisión sobre la polémica generada en torno al director de la UIAF y el software espía israelí, revelase un documento clasificado como ‘ultrasecreto’ y causase la suspensión de Colombia del Grupo EGMONT –el foro mundial que reúne a las unidades de inteligencia financiera de 152 países–.
«Hay que decir la verdad, a pesar que el voto popular se expresó, hay una parte de la sociedad y del Estado que no admite un presidente progresista, para ellos la democracia son sólo palabras vacías», ha lamentado el presidente.
Petro aseguró a mediados de septiembre que «un grupo poderoso» pretendía derrocarle por las «reformas y políticas públicas» implantadas por su Gobierno. «Están buscando artificios y manipulaciones jurídicas tumbar a Petro», llegó a decir tan solo unos días después de pedir movilización popular frente a un «golpe de Estado» respecto al que ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones.
Judicializan a tres presuntos integrantes de dos redes delictivas dedicadas a la falsificación y distribución de moneda nacional y extranjera.
La medida cobija a Fidelina Hurtado García, alias La Mona, quien sería una de las cabecillas de ‘Los Magníficos’, un grupo ilegal señalado de elaborar billetes nacionales de diferentes denominaciones, y de coordinar su distribución desde imprentas clandestinas ubicadas en Bogotá hacía otras ciudades.
Fidelina Hurtado García, alias La Mona, quien sería una de las cabecillas de ‘Los Magníficos’, un grupo ilegal señalado de elaborar billetes nacionales de diferentes denominaciones, y de coordinar su distribución desde imprentas clandestinas ubicadas en Bogotá hacía otras ciudades.
A estas tres personas ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de falsificación de moneda nacional y extranjera, tráfico de moneda falsificada y concierto para delinquir. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Gustavo Alexander Corredor Torres, alias El Enano; y Linda Yesbel Araque Cárdenas, alias Yoqui, dos señalados integrantes del grupo AK 47 por el crimen del líder social y periodista Jaime Alonso Vásquez, ocurrido el 14 de abril del año en curso, en el barrio La Riviera, en Cúcuta (Norte de Santander).
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) presentó a estas dos personas ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los procesados no aceptaron los cargos, y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la estructura criminal fue contactada para que atentara en contra del veedor ciudadano, por la labor de liderazgo que ejercía y las denuncias de hechos de corrupción que hacía constantemente.
‘El Enano’ habría vigilado a la víctima horas antes del ataque y alertado a los sicarios sobre todos sus movimientos, desde el momento en el que salió de su lugar de residencia hasta la llegada a un establecimiento de comercio, donde finalmente sucedió el homicidio.
De otra parte, ‘Yoqui’ presuntamente condujo la motocicleta en la que el sicario huyó del sitio del crimen. Un día después viajaron juntos a Bucaramanga (Santander) para evadir la acción de las autoridades.
El intendente en retiro Carlos Augusto Fernández Raigosa, fue condenado a 7 años de cárcel por participar en una red criminal que captaba jóvenes en Medellín (Antioquia) y coordinaba su traslado a Francia, donde eran explotadas laboral y sexualmente.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación demostró que Fernández Raigosa, mientras estuvo activo y y desempeñó funciones en la estación La Candelaria, en Medellín, entre 2022 y 2023, contactó a mujeres y les ofreció trabajar como modelos en Francia, con un sueldo fijo. Como requisito para viajar les pedía grabarse en video o tomarse fotografías en ropa interior. Este material era enviado a los cabecillas internacionales que se encargaban de dar el aval.
La mujeres que recibían la aprobación de la estructura delictiva tomaban un vuelo en el aeropuerto de Jose María Córdova, en Rionegro (Antioquia), rumbo a Madrid o Barcelona (España). Posteriormente, eran llevadas a Marsella, Niza y Montpellier (Francia).
En territorio francés las jóvenes se percataban que los registros fílmicos y fotográficos habían sido publicados en comunidades virtuales donde se ofrecían servicios sexuales, los cuales terminaban ejerciendo para cubrir el pago de una deuda que les imponía la organización delictiva por tiquetes, manutención y otros aspectos relacionados con el viaje.
Uniformados del Gaula Militar capturaron a alias Yohan, cabecilla del Tren de Aragua encargado de la distribución de sustancias psicoactivas como marihuana, tussi, bazuco, éxtasis, entre otras.
De acuerdo con las investigaciones y seguimientos que venía realizando las autoridades judiciales, alias Yohan se vinculó al Tren de Aragua desde hace un año. En su expediente pesan graves delitos por lo que deberá enfrentar cargos por homicidio, extorsión, porte y tráfico de armas de fuego, constreñimiento, amenazas y narcotráfico.
También deberá responder por instrumentalización de menores de edad para distribuir droga en barrios de la localidad y cobrar dineros producto de la extorsión a comerciantes o propietarios de establecimientos.
En el operativo se incautaron drogas ilegales camufladas en pequeñas dosis y un arma de fuego.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó ante un juez de control de garantías a cinco posibles integrantes de una red delincuencial, a la que se le atribuye la adquisición y desviación de sustancias controladas para la producción de clorhidrato de cocaína.
La organización ilegal habría utilizado una empresa de pinturas para obtener insumos químicos, cuya venta está restringida; almacenarlos y coordinar el traslado en vehículos de carga a Norte de Santander.
Estas personas deberán enfrentar cargos por los delitos de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes. Todos recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional en Bogotá, Mosquera (Cundinamarca), Cúcuta y Ocaña (Norte de Santander). Durante las operaciones se les incautó 48 toneladas de sustancias sólidas, 5.200 galones de precursores líquidos y cinco vehículos.
Fue enviado a la cárcel el acordeonero y productor musical Carlos Hernobi Ruiz Urrea, señalado por las agencias de Estados Unidos que detectaron un dispositivo en el cual se almacenaba material audiovisual con contenido sexual.
De acuerdo con el juez de garantías, Ruiz Urrea sería el presunto responsable de “grabar y almacenar videos de contenido sexual explícito con menores de edad”. La investigación de la Fiscalía determinó que fueron 86 videos y fotografías de contendido sexual con niños, niñas y adolescentes.
Este sujeto vendría ejerciendo esta actividad en Colombia durante los últimos 12 años, en Medellín (Antioquia), Cali, Yumbo y Vijes (Valle del Cauca)”. Este hombre tendrá que enfrentar cargos por el delito de pornografía con personas menores de 18 años.
La Fiscalía abrió investigación para tratar de establecer si es cierta la existencia y uso ilegal” del software de espionaje Pegasus, por parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.
El caso parte de la denuncia del presidente de la república, Gustavo Petro, quien aseguró que en el período del presidente Iván Duque se adquirió un software espía durante el estallido social y que este se habría utilizado para hacer seguimientos ilegales a su campaña política y a la oposición del Gobierno de entonces.
Según dijo el presidente, el dinero se habría enviado en efectivo por avión desde Bogotá hasta Tel Aviv (Israel), por lo que preguntó durante su reciente alocución, el por qué se hizo este pago de esta manera.
Dijo además que Pegasus habría sido utilizado para intervenir su campaña presidencial en 2022, lo mismo que las comunicaciones de magistrados de las altas cortes.
La Fiscalía General de la Nación aseguró que desde antes se tenía información de la entidad de investigaciones financieras de Suiza, que describían la compra con dinero en efectivo del software espía.
Un padre de familia, adulto mayor, en la ciudad de Cali denunció a su hijo porque este le maltrataba constantemente con violencia física.
Tras la denuncia y realizar la investigación respectiva, un fiscal local del Centro de Atención Integral de Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVIF) de la Seccional Cali imputó a un hombre como posible responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada.
El padre declaró que las agresiones en su contra se habrían dado por el aparente consumo de estupefacientes por parte de su hijo. El ciclo de violencia comprendió ataques con sillas, electrodomésticos y maltratos verbales. El presunto agresor vive con sus padres en una vivienda del barrio Atanasio Girardot, desde que perdió la vista producto de un atraco.
La Fiscalía General de la Nación levantó las órdenes de captura de tres de los principales cabecillas del ‘clan del Golfo’ y un disidente del ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, atendiendo la solicitud del Gobierno Nacional para adelantar los diálogos de paz con los grupos ilegales a los que estos pertenecen.
La medida acoge a Orozman Orlando Ostén Blanco, alias Rodrigo Flechas; Elkin Posada Casarrubia, alias Joaquín, y Luis Armando Pérez, integrantes del Clan del Golfo. Por el lado de las disidencias de las Farc, se pidió levantar los requerimientos judiciales contra Carlos Eduardo García, alias Andrey,
La suspensión de las órdenes de captura del ‘clan del Golfo’ las pidió el gobierno del presidente Gustavo Petro el pasado 15 de agosto.
