El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de un comunicado expresó su punto de vista frente a la decisión de juez de la república, embargara por más de 83 mil millones de pesos a las cuentas de la Nación, por una deuda con Centrales Eléctricas del Norte de Santander, filial del Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín).
La entidad recordó la inembargabilidad de los recursos públicos, que están protegidos por la Constitución y la normativa presupuestaria, garantizando su destinación exclusiva al cumplimiento de las funciones del Estado.
Anunció además que adelantará las gestiones necesarias para solicitar el desembargo inmediato, dado que la medida no se ajusta a lo establecido en la ley.
Esto se origina en una demanda interpuesta por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez por el no pago por parte del Gobierno Nacional a obligaciones adquiridas con Centrales Eléctricas de Norte de Santander-EPM, pero también se han presentado otras acciones legales por obligaciones pendientes con Afinia y otras filiales de EPM.
El ministro de Hacienda, Diego Guevara, explicó en entrevista para Blu Radio que el Gobierno Nacional evalúa un segundo aplazamiento de “algunas partidas adicionales” del Presupuesto General de la Nación 2025.
“Estamos revisando las partidas de aplazamiento nuevamente y, sobre todo, enviando un mensaje de sostenibilidad”, dijo el funcionario.
Según el ministro, esto no afectaría el gasto social y corresponde a la idea de darle un manejo juicioso a las finanzas públicas.
Esta idea se sumaría al ya decretado congelamiento de $12 billones pesos en el presupuesto general de la Nación decretado en semanas anteriores y que generó una polémica a nivel nacional porque pone en riesgo proyectos de gran infraestructura como el metro de Bogotá.
El concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, Juan Baena, interpuso una acción de nulidad ante el Consejo de Estado contra el decreto expedido por el Ministerio de Hacienda que aplaza unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2025 y que afecta a proyectos en la capital del país como la primera línea del metro, el regiotram y la ampliación de la Calle 13.
¨El Metro está a punto de superar en su primera línea el 50 % de avance, así va a cerrar febrero. Así que Petro no detiene el Metro, Bogotá no lo permitirá, no nos pueden robar a los ciudadanos en la cara y no dar explicaciones. El convenio de Cofinanciación para el sistema de transporte público se suscribió en 2017 y se debe respetar. Lo que estamos pidiendo con esta acción legal es que se declare la nulidad total del decreto 0069 de 2025 que aplaza recursos vitales para el desarrollo de la ciudad, como la construcción del tramo 1 de la primera línea del Metro que mejorará las condiciones de movilidad de los ciudadanos¨, aseguró Baena.
El concejal advirtió que la medida del gobierno Nacional ¨vulnera normas constitucionales y legales, y se encuentra incursa en las causales de nulidad de falsa motivación, en una violación de la ley 80 de 1993 e incumplimiento contractual por parte de la Nación, no previene el daño jurídico derivado, desconoce el principio de confianza legítima y extralimitación del poder ejecutivo, viola el principio de planeación presupuestal y vulnera el derecho a la movilidad y al desarrollo sostenible¨
Para Baena, la suspensión de los cerca de $1.5 billones que la Nación debe transferir este año para tres grandes obras, entre ellas el Metro, obedece a la intención que tiene el presidente Petro de bloquear a la capital.
La designación fue confirmada hoy por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público quien emitió el decreto 1460 de 2024. El nuevo funcionario reemplazará a Dinorah Abadía, quien estuvo encargada desde la salida de Mauricio Toro de la entidad.
Uno de los retos más importantes que tendrá a su cargo será el garantizar el acceso a educación superior para cientos de estudiantes y la sostenibilidad de los créditos de quienes hoy están a la espera de los desembolsos para el respectivo pago de sus matrículas.
Diego Guevara, quien venía ocupando el cargo de viceministro de Hacienda, es ahora el nuevo ministro de Hacienda tras la salida del cargo de Ricardo Bonilla, luego de que el presidente de la República pidiera su carta de renuncia.
El nuevo titular de la cartera de Hacienda es un hombre de la total confianza del primer mandatario. Es magíster en Ciencias Económicas e ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia.
fue profesor asociado e investigador en la Universidad Nacional de Colombia, la Fundación Escuela para el Desarrollo, Universidad de La Sabana y la Pontificia Universidad Javeriana. ha sido consultor de la Agencia Francesa para el Desarrollo en temas de macroeconomía y cambio climático y profesor visitante en la Universidad de Viadrina en Frankfurt (Oder), Alemania.
El presidente de la república, Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter pidió la carta de renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reconociendo su capacidad laboral y lealtad con su programa de gobierno.
Conozco al profesor Ricardo Bonilla, y lo respeto muchísimo, por su profundidad intelectual como economista de verdad, comprometido con las necesidades de su pueblo
A veces lo intelectual separa del pueblo, te hace veleidoso, te genera una especie de aristocracia falsa que te… https://t.co/fQ9xsSh2Jg
Ricardo Bonilla sale del cargo en medio de señalamientos de haber ofrecido dádivas a congresistas a cambio de votos a favor de los proyectos que presentó el Gobierno Nacional a consideración del legislativo.
Los señalamientos vienen de parte de su exasesora, María Alejandra Benavides, quien en varias declaraciones a la Fiscalía ha señalado al funcionario involucrando además a varios congresistas, entre ellos, el actual presidente del Senado, Efraín Cepeda.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, anunció al país el recorte en el presupuesto de gastos del año 2024 por 28,4 billones de pesos, equivalentes a un 5,6 por ciento del total del Presupuesto General de la Nación (PGN) aprobado para el año.
La decisión fue tomada en el reciente consejo de ministros citado por el presidente de la república, Gustavo Petro, contemplando los 20 billones de pesos del aplazamiento presupuestal anunciado en junio, así como 8,4 billones de pesos adicionales que surgen como resultado del análisis de la situación económica actual de la Nación.
También se hará un recorte en el rubro de funcionamiento donde se recortarán 18,2 billones de pesos. Los sectores que tendrán mayores disminuciones en esa área son Hacienda con 11,8 billones de pesos, Trabajo con 3,9 billones de pesos, Defensa con 606.000 millones de pesos, Rama Judicial con 452.000 millones de pesos y Fiscalía con 347.000 millones de pesos.
Con este recorte en los gastos se espera garantizar la alimentación infantil, los derechos básicos de niños y niñas gratuidad en la educación superior y temas relacionados con el consumo del agua.
La Procuraduría General de la Nación requirió formalmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Educación Nacional y al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) información detallada sobre la asignación, programación y desembolso de recursos destinados a la financiación de créditos educativos para el segundo semestre de 2024 y el año 2025.
El requerimiento del Ministerio Público se da tras las continúas quejas de estudiantes por no recibir los desembolsos para el pago de sus matrículas de educación superior de miles de estudiantes.
El Icetex aegura que a la fecha no ha recibido el respectivo desembolso por parte del Ministerio de Hacienda para realizar las transferencias.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, precisó: «Hay una caja que está represada, pero el Ministerio de Hacienda está haciendo todo el esfuerzo para entregarle la caja disponible al Ministerio de Educación».
El número de estudiantes universitarios que se quejan por que los recursos que debían ser girados por parte del Icetex para el pago de sus carreras, no llegó y ven los tiempos de matrículas a punto de vencerse.
En esta situación se encuentran alrededor de 200 mil estudiantes en todo el país quienes elevaron su queja por la demora en la entrega de recursos. Al respecto, el Icetex dice que no ha recibido la debida transferencia por parte del Ministerio de Hacienda, entidad que a la fecha solo ha transferido $30.000 millones de pesos, de un total de $432.000 millones de pesos este año que ya se debía haber pagado.
Desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que los recursos se entregan únicamente si la documentación está en regla y hay disponibilidad presupuestal.
Al respecto, la representante a la cámara, Catherine Juvinao, publicó una carta que llegó a su despacho en donde un grupo de estudiantes de Medicina le expresan su preocupación porque no han recibido esta ayuda.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue enfático en advertir que si el Congreso de la República no aprueba el proyecto de reforma tributaria, el Gobierno Nacional volverá a presentarla.
El Gobierno espera recaudar $12 billones que tendrán como propósito financiar el presupuesto del año entrante por $523 billones.
“Nosotros tenemos que decretar el presupuesto y se decreta lo que quedó radicado. El 2 de enero sabremos si ese presupuesto está financiado o no. Si no está financiado el 2 de enero, tengo que hacer un decreto de suspensión de presupuesto en la parte que no esté financiado”, dijo el ministro Bonilla desde el Congreso de Asofiduciaria.
El ministro Ricardo Bonilla recalcó como noticia positiva, el crecimiento de las actividades primarias en el último dato de Índice de Seguimiento a la Economía (ISE), siendo el sector Agro el gran dinamizador en el mes de agosto.
“Es el sector agrícola el que está teniendo el dinamismo y particularmente por una mini bonanza de café. Hoy la expectativa es cerrar el año con un crecimiento económico de 2%. Una recuperación lenta pero segura”, resaltó Bonilla.
Además, el jefe de la Cartera destacó la importancia de continuar ajustando el precio del ACPM para tener unas finanzas públicas sanas y recalcó que el impacto en la inflación con los nuevos aumentos en el combustible, no es significativo.
“La inflación de septiembre fue de 0,24% en total y la de transporte fue solo 0,03%, ahí está el precio del ACPM. De tal manera que el imaginario que todo sube porque sube el precio de los combustibles ya tiene un efecto real cierto y es: la inflación sigue bajando”, señaló Bonilla.
En este sentido agregó que, con la caída del IPC, es hora de que las tasas de interés empiecen a bajar más de 50 puntos básicos. Esta decisión es indispensable para la reactivación económica del país.
“Seguimos teniendo una tasa contractiva muy alta, la solicitud al Banco de la República es a que acelere la reducción de intereses de tal manera que la tasa real se reduzca”.
Finalmente, destacó el Pacto por el Crédito como una de las medidas efectivas para la reactivación, teniendo en cuenta que impulsa a sectores estratégicos de la economía como el Agro y el Turismo. Esta iniciativa desembolsó a estos y otras actividades, $10,6 billones en el mes de septiembre.
La plenaria del Senado de la República negó la Moción de Censura propuesta en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
La votación que salvó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue de 59 votos por el no y 19 votos por el sí. El debate respectivo tuvo lugar la semana pasada.
Llamó la atención el voto a favor del jefe de la cartera de Hacienda por parte de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien se ha caracterizado por sus críticas feroces al gobierno del presidente Gustavo Petro.
A favor del ministro Bonilla votaron los senadore de los partidos senadores de Comunes, del Pacto, Verdes, La U, liberales y conservadores, como el presidente Efraín Cepeda.
En dos años de gobierno son más los hechos económicos que confirman el buen manejo de la política económica que la supuesta creación de incertidumbre. La economía inició la senda de reactivación y se tramitan políticas para ayudar a impulsar la actividad económica, incluyendo sectores históricamente excluidos, como la economía popular y la micro y pequeña empresa.
Pero, no sólo el crecimiento económico refleja buenos resultados y crea un serio optimismo para los próximos dos años, los indicadores macroeconómicos también, por ejemplo, la inflación mantiene su senda descendente junto a la tasa de interés, la cual todavía podría acelerar sus reducciones. El objetivo de este balance es presentar una radiografía sobre la situación fiscal, económica y sectorial para aclarar información y precisar datos sobre lo que ha hecho el gobierno en dos años.
Deuda financiera y no financiera
En primer lugar, hay que decir que se está pagando la deuda contratada en la pandemia, destacando el pago cuantioso de la misma y el reducido tiempo que se fijó para pagar. Entre 2019 y 2020 la deuda aumentó de 48% a 61% del PIB, equivalente a $200 billones de pesos y buena parte se inyectó a la economía a través de transferencias, es decir, no fue invertida en apoyo a actividades productivas reales con capacidad de generar mayores ingresos que luego permitieran pagar la deuda generada. En otras palabras, el gobierno no sólo está pagando la deuda heredada ꟷcomo es su deberꟷ, sino que lo hace con los mismos ingresos de siempre, provocando presión presupuestal.
La deuda adquirida se inyectó a la economía y generó un impulso momentáneo durante la pandemia. Por esa razón el PIB pasó de -7,2% en 2020 a 10,8% en 2021, un salto normal después de las políticas de choque implementadas y del congelamiento de precios de los combustibles y de la energía, que se convierten hoy en deuda no financiera también heredada, pero con el desafío de tener que ajustar dichos precios y asumiendo el costo político que ello implica. Por supuesto que el gobierno nunca propuso aumentar dichos precios, pero la situación fiscal así lo obligan, como un acto de responsabilidad con las finanzas de la Nación y con el objetivo de corregir problemas.
Gráfico 1: Crecimiento anual de la economía colombiana (%)
Adicional a la deuda contratada a través del cupo autorizado al gobierno de entonces (USD$14.000 millones), hubo otra deuda comprometida por fuera del cupo en el marco de la emergencia decretada (USD$12.000 millones). El problema de esta última, donde se encuentra el compromiso con el FMI, es que se paga, pero no libera espacio o cupo. Por tal motivo el gobierno tuvo que presentar este año al Congreso un proyecto de ley de endeudamiento para sincerar las cuentas, es decir, incluir dentro del cupo aquellos compromisos que no estaban y así poder seguir pagando con la respectiva liberación de espacio. De aquí se concluye que este gobierno no ha endeudado más a la Nación y que la pandemia se pagó con deuda, mientras que la reactivación se está produciendo sin endeudamiento, honrando compromisos crediticios heredados y cumpliendo la regla fiscal.
Respecto a la deuda no financiera hay que hacer mención al precio de los combustibles ꟷgasolina corriente y ACPMꟷ. Ambos precios se congelaron desde enero de 2020 mientras el precio del petróleo aumentaba. Quiere decir que el precio de venta no cubría los costos y el diferencial se llevó con cargo al Fondo de Precios de los Combustibles ꟷFEPCꟷ, generando un déficit que en 2021 sumó $11 billones, en 2022 subió a casi $37 billones de pesos y en 2023 fue $20 billones, gracias a que se ajustó el precio de la gasolina, aclarando que no era una propuesta del gobierno, sino que corresponde a una medida de responsabilidad fiscal.
Este déficit del FEPC representa un subsidio que se tenía que pagar del Presupuesto General de la Nación sacrificando recursos para inversión social, dónde sí hay muchos compromisos del gobierno, en otras palabras, el congelamiento de precios de combustibles generó un subsidio para los consumidores, pero limitó la inversión social. Afortunadamente, el país y los gremios comprendieron que la situación tiene un componente de interés colectivo, el cual debe prevalecer sobre el individual, por ello ya se produjo el ajuste de la gasolina y empezó el primer ajuste de ACPM.
Inflación, tasa de interés y tasa de cambio
La inflación sigue mostrando una importante reducción desde marzo de 2023, cuando alcanzó su máximo de 13,3%. Se acaba de conocer que la variación anual en agosto fue 6,1%, mientras en el año corrido registró 4,3%, reflejando una buena noticia frente al cumplimiento de la meta que se tiene prevista para este año (5,5%). Un hecho destacable es que la variación del mes fue 0,0%.
La senda de descenso de la inflación ha estado acompañada de un ajuste en los ingresos en los hogares, pues atrás quedó la situación inequitativa donde la inflación de los pobres y vulnerables era mayor que la inflación de ingresos altos y clase media. Este fenómeno cambió y hace parte de la triste historia. Para el mes de agosto la inflación de pobres, vulnerables y clase media fue negativa, lo cual mejora aún más la capacidad de compra de estos hogares. Adicionalmente, la variación anual de estos mismos hogares está por debajo de la variación anual total.
Gráfico 2: IPC total vs IPC por niveles de ingreso (%)
Otro efecto positivo del descenso de la inflación tiene que ver con la disminución en la tasa de interés de intervención. La Junta Directiva del Banco de la República ha venido haciendo reducciones que han llevado la tasa de 13,25% a 10,75% entre diciembre 2023 y julio 2024. Diversos analistas estiman que la tasa de interés termine alrededor de 8,5% al cierre de este año, mientras se espera que la inflación llegue a 5,5%. La invitación respetuosa al Banco de la República va en el sentido de acelerar la reducción de la tasa de interés, ya que la inflación está en la senda prevista, los precios están controlados y el país necesita menores tasas para la reactivación económica.
Gráfico 3: Inflación anual vs. Tasa de interés de política monetaria (%)
Con respecto a la tasa de cambio, que algunos consideran un indicador para medir confianza en la economía y el país, sabiendo que refleja otra cosa, su tendencia muestra una apreciación del peso. Al llegar el gobierno la tasa de cambio estaba en niveles de $4.300 y ahora se encuentra estable sobre $4.100, tendencia totalmente opuesta a los presagios y noticias que circularon en su momento.
Tierras
Los avances en materia de hectáreas adquiridas y formalizadas son incuestionables en apenas dos años de gobierno, derrumbando el mito de la expropiación (ver gráfico 3). Además, en Colombia existen 14 Zonas de Reserva Campesina y 7 han sido aprobadas durante este gobierno, las demás fueron aprobadas durante los gobiernos de Samper (2), Pastrana (3), Uribe (1) y Santos (1).
Gráfico 3: Hectáreas adquiridas y formalizadas
Fuente: Agencia Nacional de Tierras
Energía y transición energética
Al llegar el gobierno la capacidad instalada del sistema era 18,6 GW y en dos años se ha podido aumentar a 20,7 GW, donde casi la mitad de este aumento corresponde al aporte de la energía solar y se espera que siga aumentando durante este año. En los próximos dos años se proyecta aumentar la capacidad de generación de energía a partir de fuentes no convencionales con la entrada de 264 proyectos previstos. Sin duda estos logros representan un cambio en la matriz energética y un avance hacia la transición.
Turismo
Los resultados que arrojan las actividades turísticas comprueba que sí es posible diversificar la economía. El gobierno propuso en campaña que el turismo podría ser un sector determinante para la transición energética y con capacidad para la transformar la economía y generar más empleo e inversión. Pese a las críticas recibidas, los resultados ya son contundentes, por ejemplo, los visitantes no residentes crecieron el año pasado 30% con respecto a 2022 dejando un derrame económico importante; pero en lo corrido del año se registran 3,7 millones de personas, lo cual permite inferir que este año habrá nuevo registro histórico. El tráfico aéreo nacional e internacional durante 2023 aumentó 3,6% respecto a 2022 y en el primer semestre 2024 creció 17,6% respecto al mismo periodo 2023 y el turismo interno también crece, la llegada de pasajeros en vuelos nacionales regulares creció el primer semestre 13%.
Contrario a los presagios planteados al llegar este gobierno, se confirma que el turismo se ha recuperado de manera sostenida luego de la pandemia, especialmente en los últimos dos años, registrando máximos históricos y se ubica como una actividad que podría sustituir a otras, como el carbón, en materia de generación de divisas.
Inversión e Inversión Extranjera Directa ꟷIEDꟷ
La tasa de inversión fija es un cálculo que relaciona la inversión fija con respecto al PIB. El promedio histórico de dicha tasa entre 1975 y 2023 es 17,6%, justo el mismo resultado observado para 2003 y lo corrido de 2024. Dicha tasa tuvo su mejor resultado en 2014-2015 cuando alcanzó niveles de 23,4%, muy asociado al comportamiento del precio de los commodities. Pero desde aquella época viene decreciendo y este gobierno ha detenido esa tendencia.
En cuando a la inversión propiamente dicha es cierto que venía rezagada y al desagregar sus componentes se observaba que la actividad relacionada con infraestructura todavía no despegaba. Esta situación tiene mucha relación con la tasa de interés por ser variable determinante en los proyectos; sin embargo, los resultados del PIB para el segundo trimestre empiezan a despajar el panorama, pues la inversión pasó a terreno positivo y creció 2,2%. Con respecto a la IED la realidad es que viene creciendo en general y se observa que hay inversión que llega a sectores distintos a petróleo y minería, sin que dichos sectores hayan visto afectado su nivel de IED.
Riesgo y TES
Finalmente, los TES en pesos se están negociando, en promedio, por debajo de la tasa de intervención del Banco de la República (10,75%) y por debajo de los datos registrados antes de llegar el gobierno (entre 11 y 12,3%). En otras palabras, si el gobierno fuese creador de incertidumbre como se ha dicho, entonces la tasa de colocación de TES estuviera más alta, pero resulta que está por debajo del promedio negociado antes de llegar el gobierno. Lo mismo ocurre con los TES en UVR.
En definitiva, estos son algunos hechos que revelan avances del gobierno en dos años y las certezas económicas que ponen en evidencia el buen manejo de la política económica y la confianza que existe en el país y en su economía.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley de Financiamiento que trae estímulos para la reactivación económica y busca generar un recaudo de $12 billones.
De acuerdo con el funcionario, » el proyecto está orientado a financiar la inversión en 2025, permitiendo medidas que contribuyan a la reactivación económica y que interioricen los efectos de la acción climática, apuntalando las finanzas públicas de 2026 en adelante y permitiendo sufragar gastos prioritarios que contribuyan al cumplimiento de las metas sociales del Gobierno».
La iniciativa contempla la reducción de la tarifa de renta de personas jurídicas y una serie de beneficios tributarios dirigidos a sectores estratégicos, turismo y energías limpias, factor que consolidará la reactivación económica sostenible.
La propuesta le permitirá al país, a partir de 2025, pasar de una tarifa de renta corporativa del 35% al 27% de forma gradual, acercándose al promedio regional. Tal medida no aplica a los sectores de carbón y petróleo.
Para el año gravable 2025, se aplicará una tarifa del 27% sobre las rentas líquidas gravables de hasta 6.285 UVT (unos $296 millones). Esta medida beneficiará a alrededor del 91% de las empresas del país (563.705 unidades).
Aquellas que se encuentren entre 6.285 (unos $296 millones) y 120.000 UVT (unos $5.648 millones) estarán sujetas a una tarifa del 34% que irá reduciéndose gradualmente hasta 30%. Esta medida beneficiará a 45.474 personas jurídicas. En cuanto a las compañías con rentas líquidas gravables superiores a 120.000 UVT (unos $5.648 millones), la tarifa se reducirá hasta el 33%.
Como si fuera un gran aporte a la producción nacional, al empleo y la reducción de la pobreza –en medio del astuto silencio de Gustavo Petro–, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que aumentará en seis mil pesos el galón de ACPM. Incrementos que se harían de a dos mil pesos, hasta, con descaro, ponerlo por encima del precio internacional –el de Estados Unidos–, cuando a Ecopetrol le cuesta bastante menos producirlo.
Así, harán más pobres a los sectores populares cuando compran una panela, un pan y una camisa o pagan un pasaje de bus y adquieren un ladrillo o lo que sea, al encarecerles todo. Porque el ACMP mueve la casi totalidad de la carga de Colombia y el transporte masivo de pasajeros, tanto urbano como intermunicipal.
Encarecer el ACPM les hace daño además a 108 de las 109 actividades que mide el Dane, es decir, a casi todos los negocios de todos los tipos y tamaños, perjudicando la creación de riqueza y empleo. Y, como es obvio, les dará un mazazo a los transportadores porque el diésel es entre el 31 y el 41 por ciento del costo operativo de camiones, buses y volquetas, sector en el que el 97 por ciento son propietarios de menos de tres vehículos. Y los pasajes en bus representan entre 10 y el 25 por ciento del gasto de las familias.
Con el encarecimiento del galón que pretende Petro –otra vez haciéndole caso al FMI–, el costo anual del ACPM pasará de 21 a 34 billones de pesos, lo que significa que otros 13 billones por combustibles saldrán del bolsillo de los colombianos y de los negocios urbanos y rurales.
El alza del ACPM también aumentará la inflación y, con ella, las tasas de interés de los créditos, golpeando, otra vez, no solo a las personas, sino también a la industria, el agro y todo, que así podrán competir menos con las importaciones que les hacen daño –acero y leche, por ejemplo– y hacer más difíciles o imposibles las exportaciones.
Imponer precios como si Colombia no fuera productora de petróleo, gasolina y ACPM y no existiera Ecopetrol, es un engaño y un abuso de Petro contra los colombianos y el progreso del país, grave error que no se subsana porque el gobierno –este o cualquiera, pero neoliberal– así engorde el presupuesto nacional para otros asuntos.
Muy equivocado, porque el ACPM y la gasolina deben ser los más baratos posibles, en beneficio de toda la economía y de todos los colombianos. Pero no en exceso –y esto no puede olvidarse–, que le impida a Ecopetrol prosperar y que no le aporte sumas significativas al presupuesto nacional, como ocurre en otros países productores de petróleo.
No es que Petro, la cúpula petrista y los neoliberales sean incapaces de entender estos argumentos, de evidente gana-gana para el país. Lo que ocurre es que prefieren golpear a Ecopetrol y dejarle al próximo gobierno, con toda irresponsabilidad, la olla raspada, en provecho de su caudillismo y sus clientelas. Y justificar su politiquería de falso ambientalismo, calculado para engañar a quienes no tienen la suficiente ilustración sobre el cambio climático y la correcta transición energética que debe hacerse.
