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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Procuraduría

Mantenimiento de escenarios deportivos pone en aprietos disciplinarios a exalcalde de Hacarí, Norte de Santander

La Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos disciplinarios al exalcalde de Hacarí, Norte de Santander, Deivy Bayona Guerrero, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato para el mantenimiento de escenarios deportivos por más de 135 millones de pesos.

El Ministerio Público encontró que el entonces mandatario local firmó los contratos sin dejar claro cuáles eran los escenarios que fueron beneficiados con las obras y sin que se realizaran los estudios previos detallados sobre las necesidades de mantenimiento.

 

A pesar de que se habla de la contratación de elementos de cerramiento y alumbrado, estos no contaban con un diagnóstico técnico que considerara otras prioridades como la reparación de la superficie, graderías, baños, redes hidráulicas señalización o accesibilidad.

De ser hallado responsable, Bayona Guerrero, el organismo de control le impondrá sanciones por falta gravísima y con culpa gravísima, por esos hechos de la época.

Procuraduría inhabilita a empresario del cacao en Guaviare

La Procuraduría General de la Nación anunció la destitución e inhabilitación por 15 años de Ayllen Cristhie Vásquez Cruz, quien fungía como representante legal de la empresa encargada de la interventoría del convenio cacaotero en el departamento del Guaviare. La sanción fue impuesta tras comprobarse serias irregularidades y omisiones en el ejercicio de sus funciones, que derivaron en un daño patrimonial al Estado.

Además de la destitución e inhabilidad, Vásquez Cruz deberá pagar una multa superior a los $1.280 millones, valor que corresponde al doble de lo recibido por el contrato de interventoría, como parte de las medidas impuestas por el Ministerio Público.

 

Según la investigación disciplinaria, la funcionaria no informó de manera oportuna y veraz a la entidad contratante sobre el verdadero estado de ejecución del convenio. También se le reprocha no haber exigido el cumplimiento del cronograma pactado, ni haberse pronunciado sobre la falta de adecuación y puesta en marcha de la planta de beneficio de cacao contemplada en el proyecto.

De igual forma, la interventora avaló reprogramaciones y modificaciones al convenio sin justificación técnica, validó avances sin soportes que demostraran la ejecución real de las actividades y autorizó desembolsos sin los controles requeridos.

La Procuraduría señaló que su actuar comprometió la confianza de la ciudadanía en la gestión pública y afectó gravemente la eficacia en el uso de los recursos del Sistema General de Regalías, los cuales estaban destinados a fortalecer la innovación y desarrollo de las famiempresas cacaoteras del Guaviare.

Este caso se suma a otros procesos de vigilancia y control que adelanta el organismo para salvaguardar el adecuado uso de los recursos públicos y sancionar a quienes, por acción u omisión, vulneran los principios de la función administrativa.

Cargos disciplinarios contra interventor de obras del relleno sanitario de Curillo (Caquetá)

Foto: Cortesía /Nación Paisa

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Iván Tello Martínez, quien se desempeñó como interventor del contrato para las obras del relleno sanitario del municipio de Curillo, Caquetá. La medida disciplinaria se toma por una presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones, lo que habría derivado en una inadecuada ejecución del proyecto.

 

Según la investigación preliminar, Tello Martínez, quien también era representante legal de la firma Construcciones Santa Gema S.A.S., no habría ejercido una vigilancia permanente sobre la calidad de los materiales y elementos utilizados en la obra. Esta posible negligencia habría ocasionado el deslizamiento de un terraplén construido para una de las celdas sanitarias del relleno.

Además, el interventor habría incumplido con su deber de alertar a la entidad contratante sobre diversas deficiencias técnicas detectadas durante la ejecución del proyecto. Entre ellas, se destacan fallas en las excavaciones y rellenos, así como en la estabilidad estructural del sistema de tuberías verticales destinadas a la extracción de gases producto de la descomposición de residuos sólidos.

La Procuraduría avanza en la recolección de pruebas y testimonios para determinar la gravedad de las presuntas faltas disciplinarias. De comprobarse los hechos, Tello Martínez podría enfrentar sanciones que incluyen la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la imposición de otras medidas disciplinarias, conforme al régimen aplicable a interventores de obras públicas.

Procuraduría pide evaluar las aguas de la playa de Santa Marta

Ante múltiples denuncias de ciudadanos sobre la aparición de brotes en la piel tras bañarse en algunos balnearios de Santa Marta, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades ambientales y sanitarias una evaluación urgente de la calidad del agua en sectores clave del litoral samario.

El ente de control envió un requerimiento formal al Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA), la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) y la Secretaría de Salud Distrital, instándolos a revisar de manera inmediata las condiciones ambientales y sanitarias de playas como la Bahía de Santa Marta, Taganga, El Rodadero, Puerto Gaira, Playa Salguero, Pleno Mar y Bello Horizonte.

 

El propósito, según informó la Procuraduría, es determinar si estas zonas cumplen con las normas que garantizan su uso recreacional y si son seguras para el contacto primario (como el baño y la natación) y secundario, en términos de salud pública y calidad ambiental.

La alerta surgió luego de que habitantes y turistas reportaran afectaciones dérmicas, principalmente en niños y adultos, tras visitar algunas de las playas más concurridas de la capital del Magdalena. Las autoridades aún no han emitido un diagnóstico oficial sobre el origen de los brotes, pero la situación ya generó preocupación entre gremios turísticos y ciudadanos.

El Ministerio Público enfatizó la necesidad de actuar con celeridad para prevenir riesgos mayores y garantizar la protección de la salud de los bañistas, así como la conservación ambiental de los ecosistemas marino-costeros de la región.

Se espera que en los próximos días las entidades competentes entreguen un informe técnico con los resultados de las inspecciones y, de ser necesario, las medidas a tomar para mitigar posibles fuentes de contaminación.

El llamado del Procurador para que se refuercen los protocolos en los partidos de fútbol

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un enfático llamado a las 24 comisiones locales de fútbol del país para que fortalezcan la implementación de los protocolos de seguridad y convivencia, de cara al inicio del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Durante su intervención en la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol (CNSCCF), Eljach Pacheco reiteró el compromiso del Ministerio Público con la vigilancia preventiva de los planes locales, con el objetivo de garantizar escenarios deportivos seguros, pacíficos y respetuosos de los derechos ciudadanos.

 

La Procuraduría, a través de la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, resaltó la necesidad de una articulación efectiva entre las comisiones locales y la instancia nacional. El ente de control hizo énfasis en la importancia de cumplir con la normativa vigente y de fomentar el diálogo como herramienta clave para consolidar consensos en torno a la convivencia en los estadios.

Este pronunciamiento reafirma el papel de la Procuraduría como garante del orden público y defensora de los derechos fundamentales, especialmente en eventos masivos como los partidos de fútbol profesional, donde la prevención y coordinación institucional son esenciales para evitar hechos de violencia o alteración del orden.

Luis Carlos Reyes (Mister Taxes) quedó en la mira de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Carlos Reyes, por presuntos problemas en la concreción de las metas de recaudo tributario correspondientes a la vigencia 2024.

La indagación disciplinaria incluye también al subdirector de Estudios Económicos de la entidad, David Gustavo Suárez Castellanos, y al director de Gestión Estratégica y de Analítica, Guillermo Alberto Sinisterra Paz, quienes habrían participado en dicho proceso técnico.

 

Los datos de proyección del recaudo habrían sido construidos con base en supuestos alejados de la realidad macroeconómica y sin el debido respaldo técnico.

El Ministerio Público investiga si presuntamente hicieron caso omiso a las advertencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y si adoptaron o no correctivos frente al bajo desempeño de las metas proyectadas.

Procuraduría investiga porque no se han instalado todas cámaras de seguridad contratadas en Bogotá

La Procuraduría General de la Nación, abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, por presuntas irregularidades en el contrato SCJ-1904-2023, cuyo objeto es la instalación de cámaras de videovigilancia tipo LPR, por un valor cercano a $14.339 millones.

De acuerdo con el Ministerio Público, solo se han instalado 50, lo que representa apenas el 25 % del componente principal del proyecto.

 

Dice además el órgano de control disciplinario que, a la fecha, se reporta un avance físico del 68,5 %, con una ejecución presupuestal del 50 %, pero de las 200 cámaras contratadas. Las actuaciones que investiga la Procuraduría tienen que ver con planeación deficiente y fallas técnicas no previstas; tres prórrogas y tres suspensiones sin soporte presupuestal; controversias contractuales por más de $2.000 millones y sustitución de la interventoría, por supervisión interna de la misma secretaría, sin respaldo técnico.

Se ordenó la práctica de pruebas para determinar si los hechos constituyen faltas disciplinarias y establecer las responsabilidades del caso.

Procuraduría investiga al alcalde de Chaparral (Tolima) por manejo inadecuado de un relleno sanitario

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Chaparral, Tolima, y la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral, Empochaparral E.S.P., por presunto incumplimiento en la adecuada disposición de residuos sólidos en el municipio.

La investigación del Ministerio Público determinó la presunta continuidad de prácticas irregulares por parte de Empochaparral, incluyendo la disposición de residuos en el relleno sanitario del municipio, el cual fue clausurado el 22 de marzo de 2024.

 

En lo que respecta a la Alcaldía de Chaparral, el organismo de control disciplinario asegura que no ha tomado las medidas necesarias para mitigar los riesgos asociados a la disposición inadecuada de residuos, situación que podría generar graves afectaciones ambientales y sanitarias, como contaminación del suelo, proliferación de vectores, malos olores y afectación a fuentes hídricas, entre otros.

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Procuraduría acompañó el regreso a su hogar a los niños indígenas sobrevivientes del accidente aéreo en Guaviare

La Procuraduría General de la Nación hizo seguimiento y acompañamiento al proceso de regreso de los menores de edad indígenas a su familia.

Estos niños son sobrevivientes del accidente aéreo ocurrido el 1 de mayo de 2023 y que permanecieron extraviados cerca de 40 días en la selva del Guaviare, rescatados por el Ejército Nacional junto con integrantes de las comunidades indígenas que habitan en el territorio.

 

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Los menores se entregaron a la familia de la madre una vez les fueron restituidos sus derechos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien se encargará de vigilar que los niños estén en perfectas condiciones.

los niños Lesly, Soleiny, Tien y Cristin, entonces de 14, 9, 4 y 1 año respectivamente sobrevivieron al siniestro aéreo entre los departamentos de Caquetá y el Guaviare, en medio de una selva inhospita y hostil, tupida y habitada por criaturas voraces como jaguares y grandes serpientes.

Procuraduría investiga supuestos cobros a contratistas en la Alcaldía de Cali

La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de funcionarios de la administración de Cali, por el presunto cobro irregular a contratistas a los que se les estaría exigiendo hasta el 40 % de sus salarios.

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El Ministerio Público investiga los señalamientos que indican que en algunos casos “les exigen hasta el 40 % de su salario mensual para conservar sus puestos, a través de coordinadores de grupos y transferencias digitales que se canalizarían por plataformas como Nequi”.

De igual manera, el Ministerio Público revisará la existencia de una posible red de corrupción “que mezcla intereses políticos y operadores internos de la administración distrital”, a las personas encargadas de recibir y redistribuir el dinero y que habrían amenazado con eventuales inclusiones en una “lista roja”.

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Secretaría de Educación sí activó la ruta de atención para atender posible caso de abuso a menor en un colegio de Ciudad Bolívar

De acuerdo con la comunicación expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá, esta entidad no ha recibido notificación por parte de la Procuraduría General de la Nación informando sobre alguna investigación disciplinaria por posibles delitos relacionados con abuso sexual a menor de edad en el Colegio Gimnasio Israel, ubicada en el barrio Madelena de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar.

La entidad asegura tener la disposición para atender los requerimientos que considere el Ministerio Público y allegar toda la información que corresponda.

 

La Secretaría de Educación confirmó además que desde el primer momento en que conoció los primeros indicios del caso activó la ruta de atención y brindó acompañamiento al colegio, de manera articulada con el sector salud, el ICBF, la Fiscalía General de la Nación y la Personería Distrital.

También solicitó al colegio retirar de sus funciones al docente señalado como presunto responsable, mientras las autoridades competentes realizan las respectivas investigaciones de los hechos denunciados.

Además, abrió un proceso administrativo sancionatorio con dos cargos para verificar las actuaciones del colegio en torno al presunto abuso de estudiantes.

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¿Por qué la Procuraduría puso la lupa a funcionarios de la Secretaría de Educación de Bogotá?

La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, la Familia y la Mujer y la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, adelanta acciones disciplinarias contra algunos funcionarios de la Secretaría de Educación de Bogotá por la posible desatención en casos de posible acoso y abuso sexual en los colegios del Distrito.

El caso tiene que ver con una denuncia ciudadana en la institución educativa privada denominada Colegio Gimnasio Israel, ubicada en el barrio Madelena de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar.

 

La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción busca establecer si los funcionarios de la Secretaría tomaron las medidas frente a los hechos acaecidos respecto de las denuncias instauradas por los padres de los niños, niñas y adolescentes.

Procuraduría falla en contra de dos policías por disparar en medio de las protestas en septiembre de 2020

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años al patrullero Oscar Alexander Márquez Rojas por el uso excesivo e injustificado de la fuerza letal que causó la muerte de un ciudadano venezolano durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en inmediaciones de la estación de Policía León XIII en Soacha. 

Asimismo, fue sancionado también el uniformado Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla con 8 años de inhabilidad por el uso imprudente de su arma de fuego en el mismo contexto.

 

El Ministerio Público concluyó que Márquez Rojas actuó con dolo al disparar su arma de dotación oficial en un entorno de alta agitación y aglomeración, desconociendo los principios de necesidad, proporcionalidad y precaución, lo que derivó en una falta disciplinaria gravísima. Por su parte, Ricaurte Pinilla incurrió en una falta de culpa gravísima al disparar de forma indiscriminada, poniendo en riesgo la vida de los manifestantes.

El organismo de control disciplinario recordó a los miembros de la Policía Nacional, que el uso de la fuerza letal en protestas, incluso cuando estas sean violentas, no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, conforme al derecho internacional de los derechos humanos.

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Investigación disciplinaria contra el director de la UNP por atentado contra Miguel Uribe Turbay

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. por una presunta omisión de sus funciones para garantizar la seguridad al senador y precandidato, Miguel Uribe y los demás miembros del partido Centro Democrático.

De acuerdo con el equipo de trabajo del senador Uribe Turbay, en varias ocasiones se pidió a la UNP reforzar el esquema de seguridad, y no se obtuvo respuesta positiva.

 

Así mismo, desde el 2023 el director nacional del partido, Gabriel Jaime Vallejo, le había solicitado a la UNP la revisión, fortalecimiento y garantía de los esquemas de seguridad para todos los miembros y líderes políticos de esa colectividad sin que, al parecer, se hayan atendido dichos requerimientos.

El Ministerio Público busca esclarecer los motivos determinantes y verificar si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

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Procuraduría investiga posibles irregularidades en el contrato del PAE en Neiva

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios de la alcaldía de Neiva por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar -PAE-, originadas en la falta de información por parte del operador del contrato respecto a la trazabilidad y procedencia de los productos cárnicos que se encontraban en una bodega de almacenamiento. 

Por esta situación las autoridades de la capital del Huila se vieron en la necesidad de decomisar esos productos para su posterior incineración, acción que fue adoptada en aras de evitar, mitigar y prevenir la ocurrencia de un hecho que pusiera en riesgo a la comunidad estudiantil beneficiada con el PAE.

 

El Ministerio Público solicitó informes de seguimiento a la ejecución de este, así como los resultados obtenidos tras la inspección realizada a las bodegas del operador.
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