El Gobierno venezolano y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, han acordado prorrogar durante dos años la misión especial de la Oficina del Alto Comisionado para el país caribeño.

El propio Türk ha anunciado la medida en una visita oficial a Caracas en la que ha podido constatar «las profundas divisiones» sociales y los «retos en materia de derechos humanos a los que enfrenta este país en los ámbitos civiles, político, económico y social», ha explicado la oficina de Türk en un comunicado.

Türk ha destacado la intensa agenda de reuniones que le ha permitido entrevistarse con altos cargos del Gobierno, empezando por el presidente, Nicolás Maduro, y con hasta 125 miembros de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, víctimas de violaciones de derechos humanos y representantes de organizaciones de víctimas provenientes de todo el país.

En los encuentros con las autoridades, Türk ha abordado cuestiones relacionadas con el espacio cívico, las condiciones de detención y los retrasos judiciales, entre otras y les ha pedido «pasos significativos» para reformar de los sectores de la justicia y la seguridad. «Percibo que existe un reconocimiento general en todo el espectro político y social de la necesidad de reforma», ha explicado.

«He escuchado relatos de personas detenidas arbitrariamente y torturadas, y de familiares asesinados en operaciones de seguridad y manifestaciones. Una mujer superada por las emociones al relatar cómo dos años atrás su hermana había sido detenida, violada y torturada. En mis reuniones con el Presidente y los ministros, pedí que se pusiera en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente», ha destacado.

Así, Türk ha planteado el «amplio y prolongado uso de la prisión preventiva». «Se me prometió que las denuncias de tortura se abordarían con decisión, se investigarían a fondo y los responsables serían llevados ante la justicia», ha asegurado.

Representantes de la sociedad civil han compartido por su parte información con Türk sobre la situación, «a menudo calamitosa, de las prisiones y la falta de alimentación, medicinas adecuadas y de acceso a asistencia sanitaria oportuna». En ese marco ha pedido ampliar las visitas de su equipo a todas las prisiones del país, incluidas las que están bajo competencia militar.

También le han trasladado «con fuerza» los problemas económicos a los que se enfrenta Venezuela, «incluidos los relacionados con el salario mínimo y las pensiones, y el impacto que esto tiene en la vida cotidiana de las personas, al restringir el disfrute de sus derechos a la alimentación, el agua, la atención sanitaria, la educación y otros derechos económicos y sociales».

«Describieron cortes regulares de electricidad, falta de agua corriente, renuncian a sus puestos de trabajo, incapaces de sobrevivir con su paga mensual», ha recordado, al tiempo que ha mencionado los informes de la ONU que cifran en siete millones las personas que necesitan ayuda humanitaria en el país.

IMPACTO DE LAS SANCIONES

Türk ha mencionado también que diferentes grupos de personas, incluidos los agentes humanitarios y las agencias de la ONU, «me hablaron del impacto de las sanciones sectoriales en los segmentos más vulnerables de la población y de los obstáculos que las sanciones crean para la recuperación y el desarrollo del país, especialmente tras la pandemia».

«Si bien las raíces de la crisis económica de Venezuela son anteriores a la imposición de sanciones económicas, como destaqué en mis interacciones, es evidente que las sanciones sectoriales impuestas desde agosto de 2017 han exacerbado la crisis económica y obstaculizado el disfrute de los derechos humanos», ha subrayado.

Por todo ello ha recordado que su Oficina ha recomendado en repetidas ocasiones la suspensión o levantamiento de las medidas que «tienen un efecto perjudicial sobre los derechos humanos y que están agravando la situación humanitaria, un llamamiento que hacemos también con respecto a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a otros países».

Por último, Türk ha mencionado el diálogo abierto con la oposición en México, ha reiterado su apoyo y ha subrayado «la necesidad de escuchar a las víctimas en el proceso político». «Al igual que un río sigue fluyendo a pesar de las piedras en su camino, el compromiso y el diálogo constructivo pueden forjar una vía para sortear los obstáculos», ha planteado.