El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado este viernes que el detenido en el marco de la operación anticorrupción del país, identificado como Leoner Azuaje Urrea, se suicidó en su celda.

«La conclusión de la autopsia dió como resultado que el ciudadano muere por asfixia mecánica por constricción de cuello por ahorcamiento. Experticias hechas por la Unidad Criminalística del Ministerio Público en el lugar de los hechos: determinó que el ciudadano se suspendió usando sábanas para ahorcarse en la habitación donde estaba recluido», ha asegurado Saab en su cuenta de Twitter.

Además, su compañero de celda «ha confirmado el suceso» y su psicólogo ha asegurado que sufría de trastornos de ansiedad, confirmados por mensajes de su WhatsApp personal en los que se lamentaba de su situación psicológica.

Las autoridades han encontrado cartas dirigidas a sus familiares informando de su decisión y en las que asumía su error.

«No es creíble la versión ‘oficial’ del suicidio de Leoner Azuaje. La tortura y asesinato de presos es una práctica recurrente de la dictadura; matan sin impunidad a los que encarcelan, así sean de su propio entorno. Su familia y la de toda víctima merece justicia», ha afirmado el opositor venezolano Juan Guaidó en Twitter, y ha recordado que once personas han muerto bajo custodia, lo que indica «un patrón recurrente»

Por su parte, la ONG pro Derechos Humanos PROVEA ha denunciado que el «presunto suicidio demuestra que en Venezuela persisten condiciones de reclusión que no garantizan la integridad y la vida de personas», y han exigido una investigación independiente.

Azuaje Urrea fue detenido este martes, cuando el fiscal informó que había subido a 80 el número de funcionarios detenidos por su presunta vinculación a tramas de corrupción de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sumando un total de 172 redadas.

Las operaciones para frenar la corrupción fueron puestas en marcha el pasado 17 de marzo. Desde entonces, la Policía Anticorrupción ha llevado a cabo una serie de investigaciones y detenciones de altos cargos y empresarios vinculados con empresas estatales.