La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó una solicitud del gobierno de Nicolás Maduro para responder a los testimonios de más de 8.000 víctimas que habían presentado denuncias y apoyaron la continuidad de la investigación contra Miraflores.

Los jueces de la Sala sostuvieron que «los alegatos del Estado venezolano no son lo suficientemente precisos como para permitir a los Jueces determinar la procedencia de conceder una autorización para responder», explicó la ONG Provea.

También dijeron que las solicitudes realizadas «son de naturaleza amplia y no identifican de manera persuasiva cualquier aspecto específico del Informe VPRS que requiera una respuesta de Venezuela. Además, el Informe VPRS transmite las opiniones y preocupaciones de las posibles víctimas».

Señalan en sus declaraciones que «en esta etapa, ninguna víctima ha sido admitida a participar en el proceso, por lo que el nivel de respuesta previsto por Venezuela no es garantizado en la etapa actual».

Provea explicó que «las normas de la Corte Penal Internacional no prevén que el Estado pueda hacer alegaciones exhaustivas, como pedía el Gobierno ‘responder en detalle a cada una de estas alegaciones’ de las víctimas», lo que define como un intento del gobierno de retrasar el proceso sin el permiso de la Sala de Cuestiones Preliminares.