El Gobierno de Venezuela ha descrito como «un evento hostil» la conferencia de donantes organizada por la Unión Europea y Canadá para los próximos jueves y viernes y ha denunciado que «solo sirve a los intereses mercantiles de algunos de sus participantes», que terminan administrando los recursos recaudados «de manera opaca».

La cita, en la que participan también agencias de Naciones Unidas, tiene como principal objetivo recaudar fondos para ayudar los migrantes y refugiados venezolanos: ya hay casi 7,2 millones en todo el mundo, unos seis millones de ellos en la región de América Latina y el Caribe.

El Ministerio de Exteriores venezolano ha asegurado en un comunicado que hay una «politización» del tema por parte de los organismos internacionales, lo que pasaría entre otras cuestiones por la «manipulación» de las cifras que vienen ofreciendo el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El Gobierno de Nicolás Maduro ha defendido en cambio su ‘Plan de Vuelta a la Patria’, con el que quiere favorecer el retorno de los venezolanos emigrados, «que son recibidos con amor y atendidos por el sistema de protección social bolivariano». Según Caracas, hay un «flujo positivo de retorno» al que se han sumado «cientos de miles» de personas en el último año.

El Ministerio que dirige Yvan Gil ha puesto en valor este flujo en contraposición a las «medidas coercitivas unilaterales criminales», como describe las sanciones impuestas por gobiernos extranjeros contra el chavismo durante los últimos años.

La conferencia de donantes de 2021 permitió recaudar unos 2.300 millones de dólares y la ONU ha alertado de que las necesidades siguen siendo altas este año. El Plan Regional de Respuesta a Migrantes y Refugiados (RMRP) planteaba recaudar para 2023 1.720 millones de dólares para ayudar a más de 3,4 millones de personas, tanto migrantes como miembros de las comunidades de acogida.

La OIM y ACNUR han insistido este martes en «la gran necesidad de contar con apoyo» para todas estas personas, con el objetivo de complementar la labor que ya realizan las autoridades de los países donde han recalado los migrantes venezolanos y «brindar opciones y estabilidad» a todos ellos.

«No deben ser dejados atrás en medio de las numerosas crisis humanitarias en todo el mundo», han dicho las dos organizaciones, que han advertido de riesgos como el aumento del coste de vida, la falta de documentación o las elevadas tasas de desempleo.