Europa Press
La Policía Nacional de Venezuela ha pedido al Ministerio Público que inicie los procedimientos para detener a un grupo de funcionarios y empresarios de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que «podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».
Es el inicio de la segunda fase del operativo ‘Caiga quien Caiga’, con el que el Gobierno venezolano pretende atacar la corrupción dentro de las empresas estatales, y estas nuevas peticiones de imputación se han dado gracias a las «rigurosas investigaciones y las declaraciones rendidas por la banda criminal que está siendo procesada», en referencia a la primera fase de este dispositivo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha alabado las labores de los Cuerpos de Seguridad a través de un mensaje en su cuenta de Twitter: «¡Pueblo de Venezuela! Lo reitero: Nervios de acero, calma, cordura y máxima conciencia popular. A los corruptos los vamos a castigar con el poder de la justicia y la ley. ¡Sea quien sea! ¡Caiga quien Caiga! No permitiremos que se le robe al pueblo».
Aunque esta vez no se ha especificado el número ni la identidad de los investigados, la operación anticorrupción se ha saldado ya con la detención de al menos 25 personas, tras las investigaciones en la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Según las investigaciones, los sospechosos detenidos, funcionarios de PDVSA y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), captaban jóvenes para legitimar capitales «al mejor estilo de las mafias telenovelescas de narcos», según subrayó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
Los funcionarios se valían de su cargo y sus niveles de autoridad para ejecutar operaciones petroleras paralelas a las de PDVSA en el denominado caso de la red PDVSA-Cripto.
Los implicados en esa primera fase son 10 funcionarios, 11 empresarios, tres jueces y un alcalde, que están acusados de cargos de «apropiación o distracción de patrimonio publico, alargamiento o valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación, mientras que los empleados públicos también enfrentaran cargos de traición a la patria», explicó Saab.
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