El Gobierno de Venezuela ha expresado este lunes su rechazo a la decisión del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, de desestimar el último recurso presentado contra la apertura de una investigación por crímenes contra la humanidad por la represión y persecución de la oposición y ha denunciado sus «fines políticos».

«Una vez más, el fiscal de la Corte Penal Internacional da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela, reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos», ha apuntado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.

Caracas denuncia así este «lawfare» de Khan con «señalamientos sin fundamento» y defiende el recurso presentado el 28 de febrero que «desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolitica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crimenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido».

Para el Gobierno venezolano, la respuesta de Khan «confirma que el TPI carece de competencia para conocer de los hechos (…) a la luz de lo dispuesto en el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de ese organismo internacional» y el «uso de la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines politicos».

RECHAZO DE KHAN

El fiscal escocés Karim Khan publicó el pasado 30 de marzo un documento en el que desestima el último recurso presentado por el Gobierno venezolano porque «ninguna de estas peticiones tiene fundamento».

El recurso «con más relevancia directa» sobre el proceso es el que cuestiona las competencias del TPI porque sostiene que las autoridades venezolanas ya están investigando los hechos denunciados. «El Gobierno de Venezuela no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones a nivel nacional que sean asimilables en alcance a las que está realizando el Tribunal», subraya Khan en el texto.

Además, Caracas «reconoce que estos procedimientos no están relacionados con delitos y crímenes contra la Humanidad (…) porque éstos no han ocurrido en su territorio».

Khan también refuta que el TPI no tenga jurisdicción, que no se cumplan los criterios de admisibilidad o que se esté incumpliendo el debido proceso en la investigación. «El planteamiento del Gobierno de Venezuela de que no ha habido un ataque sistemático contra la población civil y de que no se han cometido crímenes bajo una política de Estado no es congruente con las conclusiones de la Fiscalía», ha subrayado Khan. «La Fiscalía considera respetuosamente que ninguna de estas peticiones tiene fundamento», ha remachado.

El denominado proceso ‘Venezuela I’ tiene su origen en una denuncia presentada por varios países del Grupo de Lima y confirmada en febrero de 2018. Sobre la mesa están los supuestos abusos cometidos por las fuerzas chavistas desde abril de 2017 y, en términos generales, la represión de las protestas convocadas contra el Gobierno de Maduro.

Más tarde el Gobierno venezolano solicitó al TPI examinar si se han cometido crímenes contra la Humanidad «como resultado de la aplicación de las medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos» en el caso conocido como ‘Venezuela II’.