La Justicia de Argentina ha otorgado a la expresidenta del país Cristina Fernández (2007-2015) cinco días para que se entregue a las autoridades, después de que el Supremo haya ratificado este martes la condena de seis años de prisión contra la líder del Partido Justicialista (PJ) por corrupción, rechazando el último recurso posible, en el marco de la conocida como ‘causa Vialidad’.

El tribunal que condenó a Fernández ha ordenado a la exmandataria que se presente ante las autoridades en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de que le sea notificada su sentencia, esto es, antes del próximo 19 de junio, según recogen los digitales La Nación y Página12, una medida que ha extendido a los otro ocho condenados por el mismo caso «para hacer efectivas sus detenciones».

Además, el juez de este tribunal Jorge Gorini ha solicitado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que informe en un plazo «de 24 horas» de la dependencia de las fuerzas de seguridad en la que estará alojada la expresidenta en el momento de su detención.

En su escrito, el magistrado ha señalado que al elegir el lugar para las detenciones «se deberá atender y darse una consideración específica a las características particulares individuales» de cada uno de los condenados.

En el caso de Fernández, además, ha aclarado que deben tenerse en cuenta «las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido presidenta y vicepresidenta de la Nación», subrayando la necesidad de brindar «cuidados adicionales» por el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022.

Poco después, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola han solicitado la detención inmediata de los nueve condenados, incluida la líder del PJ, así como la incautación de sus bienes, en un escrito al que ha tenido acceso el diario ‘Clarín’.

«La falta de reacción sancionatoria inmediata (…) podría llevar a percibir que las disposiciones de derecho interno y del sistema internacional enderezadas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción no rigen como pauta de conducta para los funcionarios públicos, o al menos, para algunos de ellos», han defendido en el documento, donde han reiterado su crítica a la condena de seis años alegando que «luce insuficiente y desproporcionada frente al grave daño ocasionado».

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