El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un hecho lamentable y doloroso que debería habernos convocado a la reflexión serena y a la reafirmación del valor de la vida, terminó convirtiéndose en un escenario de utilización política y mediática. Lo que pudo ser un espacio de duelo colectivo se transformó en una tribuna donde se reforzó la polarización y se avivaron resentimientos, incluso bajo el amparo de mensajes que, paradójicamente, hablaban de paz.

El sepelio, más que un acto de despedida respetuosa y solidaria fue usado como plataforma para emitir mensajes cargados de tensiones y divisiones. En lugar de promover un clima de perdón y reconciliación, la tragedia se instrumentalizó para insistir en la idea de que la política es un campo de enemigos irreconciliables. La paradoja resultaba evidente, ya que se mencionaba la palabra “paz” mientras se alimentaban sentimientos de revancha, como si el lenguaje se redujera a un recurso retórico y no a un compromiso ético.

El tratamiento mediático y político del sepelio dejó entrever un mensaje simbólico inquietante, pues se reafirmó el concepto de que existen familias destinadas a dirigir el país, como si sobre ellas pesara un mandato “natural” de perpetuar su hegemonía. Familias que, en muchos casos, no han estado dispuestas a renunciar a privilegios acumulados en medio de contextos de violencia, corrupción o connivencia con estructuras de poder excluyentes.

Bajo la autoproclamación de “gente de bien” se levanta un muro simbólico que divide a la sociedad entre quienes se asumen herederos legítimos del poder y quienes, se atreven a cuestionar ese orden establecido. En este escenario, la tragedia se convierte en vehículo para reafirmar la narrativa de que la nación solo puede ser conducida por unos pocos, mientras se deslegitima a los sectores que demandan transformaciones y que hoy participan en el gobierno. Se repite la vieja fórmula de los incluidos y los excluidos.

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En este proceso se olvida, además, la historia de genocidios, magnicidios y asesinatos sistemáticos contra lideresas y líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos comprometidos con la equidad y la justicia social. Este olvido selectivo revela una voluntad de invisibilizar violencias que han marcado profundamente a los sectores más vulnerables, mientras se refuerza un relato de victimización que justifica la conservación de privilegios.

Las grandes empresas de comunicación, lejos de propiciar un debate equilibrado, amplificaron selectivamente las voces que buscaban culpar y señalar, profundizando la fractura nacional. La cobertura, más que plural, se orientó a sobredimensionar el dramatismo y a moldear una narrativa de confrontación. En la lógica de la inmediatez, se olvidó que el periodismo no solo informa, sino que también configura marcos de interpretación. Al optar por titulares cargados de emotividad política, los medios renunciaron a su papel de mediadores y se convirtieron en actores de la contienda.

El uso de la palabra “paz” en discursos que incentivaban la confrontación es quizás el signo más doloroso de la manipulación. Convertir la paz en un eslogan de disputa, en lugar de un horizonte compartido, degrada el sentido mismo de una palabra que tanto necesita Colombia. La paz no puede ser invocada como consigna para legitimar tensiones; debe ser una práctica constante de reconciliación y un esfuerzo por construir instituciones, memorias y relatos comunes.

A quienes, dicen querer un país en paz y practican todo lo contrario, hay que recordarles que ello exige revisar políticas económicas que han relegado a las mayorías a la exclusión, la precariedad y la pobreza. La paz no puede ser la espera eterna de la ciudadanía. Si se quiere avanzar hacia una verdadera reconciliación, se debe estar dispuesto a la equidad, a desmontar estructuras injustas y a reconocer que la dignidad nacional solo florecerá cuando la vida y la justicia social sean patrimonio de todas y todos.

Luis Emil Sanabria D