Europa Press
El Tribunal Superior de Bogotá ha absuelto este martes al expresidente colombiano Álvaro Uribe de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, tumbando así la condena a doce años de arresto domiciliario impuesta hace menos de tres meses en primera instancia, en el marco de un caso que se remonta a 2012.
El juez Manuel Antonio Merchán ha declarado inocente a Uribe y ha cargado contra el primer fallo, alegando que presentaba deficiencias estructurales en la valoración de las pruebas, así como errores metodológicos y falta de rigor lógico en el análisis de testimonios y documentos.
Según ha considerado, la jueza Sandra Heredia –que condenó en Uribe– basó su decisión en apreciaciones subjetivas y evidenció el «sesgo» contra el también exsenador. Así, ha subrayado que la decisión de primera instancia utilizó premisas vagas, genéricas y sesgadas.
Primero, Merchán ha afirmado que «no se acreditó» que Uribe «hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal», por lo que ha anunciado que la sala revocaba la condena impuesta y le absolvía del delito de soborno. Posteriormente, ha concluido que la condena por fraude procesal carecía de sustento probatorio y jurídico, absolviéndole también de este cargo.
No obstante, el asunto está lejos de quedar cerrado. Las partes pueden todavía presentar alegaciones al Tribunal Supremo, que contará con cinco años de plazo para decidir el futuro del caso.
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En agosto, la jueza Sandra Heredia condenó al expresidente colombiano por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos en una causa que está relacionada con el supuesto soborno que habría ofrecido Uribe, a través de su abogado, Diego Cadena, a dos paramilitares presos.
Uribe se convirtió el 1 de agosto en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente. Además de la condena a doce años de arresto domiciliario, la jueza impuso una multa de más de 3.444 millones de pesos, equivalente a 2.420 salarios mínimos (alrededor de 720.700 euros).
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El origen de la causa se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por haber intentado comprar en las cárceles del país falsos testimonios en su contra sobre su relación con el nacimiento del paramilitarismo en Antioquia. Sin embargo, todo dio un vuelco cuando varias personas acreditaron lo contrario.
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