El Gobierno nacional anunció la presentación de denuncias penales ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas de oposición, a quienes señala de haber promovido o respaldado públicamente la posibilidad de una intervención militar extranjera en Colombia, lo que, según los ministros denunciantes, constituiría una afectación grave a la soberanía nacional.

El primero en pronunciarse fue el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien informó que acudirá a la justicia contra la representante Lina María Garrido y el senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, además de otros dirigentes políticos. De acuerdo con el funcionario, las conductas atribuidas a los congresistas podrían encuadrarse en los delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria, contemplados en el Código Penal colombiano.

El anuncio se produjo tras varias publicaciones realizadas por los parlamentarios en la red social X, en las que habrían expresado respaldo a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no descartó la posibilidad de realizar operaciones militares en Colombia, en un contexto similar a la reciente acción ejecutada en Venezuela.

Nota relacionada: Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

Sanguino sostuvo que este tipo de pronunciamientos no pueden considerarse simples opiniones políticas y advirtió que llamar o incentivar acciones militares extranjeras contra el país vulnera principios fundamentales de la Constitución. Además, manifestó su preocupación por el hecho de que dichas expresiones provengan de miembros del Congreso, a quienes calificó como actores clave en la defensa del orden jurídico y la soberanía nacional.

La controversia se intensificó tras un mensaje publicado por la representante Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, quien expresó abiertamente su apoyo a una eventual intervención militar estadounidense, afirmando que se trataría de una petición del pueblo colombiano.

Posteriormente, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, se sumó a la iniciativa y radicó una nueva denuncia penal contra los senadores Jhonatan Ferney Pulido Hernández, María Fernanda Cabal y la representante Lina María Garrido. En el documento presentado ante la Corte Suprema, el jefe de la cartera de Justicia argumentó que los mensajes difundidos por los congresistas tras la operación militar en Venezuela podrían constituir un llamado a invasiones o acciones hostiles, lo que excedería el marco de la libertad de expresión.

Según el Ministerio de Justicia, las conductas denunciadas podrían violar normas penales que sancionan actos dirigidos a debilitar la soberanía, someter al país a dominio extranjero o incentivar conflictos armados, al tiempo que contravienen el deber constitucional de los congresistas de proteger la integridad territorial y el orden democrático.

Las denuncias abren un nuevo capítulo en la confrontación política entre el Gobierno y sectores de la oposición, trasladando el debate a los escenarios judiciales y poniendo en el centro de la discusión los límites entre la libertad de expresión y la defensa de la soberanía nacional.