El concejal Juan David Quintero Quintero, destacó que, “lamentablemente, hoy estamos aplicando un monopolio rentístico que es anacrónico y viola la autonomía territorial de Bogotá como capital de todos los colombianos”. Según el concejal, este monopolio fue diseñado para que los departamentos pudieran proteger sus industrias licoreras y así tener recursos para la salud, la educación y el deporte. Sin embargo, resaltó que Bogotá hoy le entrega a Cundinamarca gran parte de los recursos que genera por el monopolio rentístico y que sólo recibe el 10,5% de la participación que se causa por la venta de licores destilados en la ciudad y Cundinamarca.
El cabildante también señaló que esta figura actualmente no se le aplica al ron, y que “Bogotá ni siquiera cuenta con un miembro en la Junta Directiva de la Empresa de Licores de Cundinamarca para participar en las decisiones sobre qué se vende y qué no en el mercado de la ciudad”.
“No puede pasar lo de hace un año cuando la Empresa de Licores de Cundinamarca, a la cual no le está yendo bien, prohibió y vetó otros productos, como el Aguardiente Amarillo, para evitar la libre competencia que está consagrada en la Constitución”, dijo Quintero.
El concejal indicó que la información de la Empresa de Licores de Cundinamarca no es pública y que los recursos que recibe actualmente la Capital es una cifra similar a lo que cualquier alcaldía local de Bogotá invierte en deporte.
“Es muy importante que demos este debate, pues a pesar de que no desconocemos que este monopolio se creó para obtener recursos para servicios públicos esenciales, somos conscientes de que es una figura anacrónica que viola la autonomía territorial y el derecho a la libertad económica, y no cumple con su fin que es darle recursos a la salud y el deporte de un territorio tan grande e importante como es Bogotá. De hecho, el objetivo de esta figura se puede alcanzar por otros medios, por ejemplo, con tributación, sin afectar la autonomía territorial de la ciudad, los mercados y los consumidores”, señaló Quintero.
Por último, el cabildante afirmó que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1816 de 2016 para que se asegure que Bogotá gestione sus recursos eficiente y autónomamente, garantizando que la mayor parte de estos se destinen al interés social.
