Un reconocido abogado de litigios de alto impacto prepara una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pidiendo la suspensión del contrato suscrito entre la Secretaría de Hacienda de Bogotá y la Unidad Nacional de Protección con el que se asigna escoltas y carros de alta gama a los concejales de Bogotá.
El abogado, quien por el momento prefiere mantener su nombre en reserva, considera que se están vulnerando derechos colectivos como la Moralidad Administrativa y el Patrimonio Público, al asignar esquemas de seguridad a través del Convenio 240467 suscrito con la Unidad Nacional de Protección y la Secretaría de Hacienda de Bogotá, con él que se implementó 36 esquemas de protección con vehículos tipo Camioneta y 17 hombres de protección para 17 beneficiarios, por un valor de 21.091.125.000 millones de pesos.
El demandante considera que estos esquemas de protección al ser pagados con recursos públicos deben entregarse a quienes tienen problemas de seguridad, demostrados mediante un análisis de riesgos elaborado por la Unidad Nacional de Protección, basado en información que entregue la persona a la que se va a proteger, cruzando además información con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, que demuestre los riesgos contra su integridad física.
Al parecer, según lo analizado por el abogado, estos esquemas de seguridad se estarían entregando teniendo en cuenta la majestad del cargo y no el posible riesgo que presenten los concejales, que en muchas ocasiones no son reconocidos por la mayoría de los ciudadanos en Bogotá.
