El polémico contrato que tiene en la lupa de la opinión pública a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en Bogotá, para administrar los servicios funerarios y su destino final en los cuatro cementerios distritales que hay en la capital del país: Norte, Central, Sur y Parque Serafín sigue dando de qué hablar.
El contrato fue adjudicado mediante selección abreviada a la Unión Temporal Cementerios del Distrito, conformada por las empresas Inversiones, Proyectos y Obras Civiles S.A.S., A&M Grupo Empresarial y Consorcio Global Fundesco por un valor estimado de 41.300 millones de pesos y una duración de cinco años.
De acuerdo con las denuncias, durante el proceso de adjudicación se favoreció a uno de los proponentes. En los señalamientos se habla del señor Marcel Esquivel Reina, quien se habría encargado de impartir las posibles instrucciones para beneficiar al contratista que finalmente resultó ganador del proceso.
La directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, aseguró que las irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía para que inicie las investigaciones respectivas.
Al respecto, concejales como Lucia Bastidas, se mostró preocupada y denunció que el entonces subdirector de Asuntos Legales de la entidad, Carlos Quintana a quien se señala de descalificar a los oferentes para beneficiar a uno de los proponentes, fue nombrado en calidad de contratista en la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá.
Por su parte la concejal María Victoria Vargas, se mostró sorprendida porque según ella a pesar de las denuncias la directora Luz Amanda Camacho sigue en el cargo.
