El Juzgado 37 Penal Municipal de Bogotá ordenó la suspensión inmediata del contrato de alimentación para la Cárcel Distrital, al acoger una acción de tutela que evidenció serias irregularidades en el proceso de adjudicación. La medida judicial representa un hito en defensa de los derechos humanos, la transparencia y la ética en la contratación pública.

El fallo detiene el proceso de contratación número SCJ-SASIE-7-2025, liderado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, que preveía la asignación de apenas $15.000 pesos diarios por interno para cubrir las tres comidas de más de 1.100 personas privadas de la libertad. La adjudicación estaba programada para el 18 de julio y la firma del contrato para el 22 del mismo mes, fechas que ahora quedan suspendidas por orden judicial.

La acción de tutela, radicada bajo el número 110014088037-2025-00202, fue presentada por la Unión Temporal Distrital 27, una de las proponentes del proceso licitatorio, y respaldada públicamente por el concejal Julián Espinosa, quien ha denunciado reiteradamente irregularidades en la contratación de servicios penitenciarios.

El juez José Alejandro Hofmann Delvalle determinó que la administración habría vulnerado varios derechos fundamentales, entre ellos: la igualdad, el debido proceso administrativo, la participación ciudadana, el acceso a la información pública y el derecho de petición. Entre las irregularidades señaladas se encuentran falencias en la habilitación de oferentes, deficiencias en la evaluación técnica de las propuestas y omisiones sistemáticas al responder observaciones de los participantes, lo que habría generado un desequilibrio en la competencia.

En consecuencia, el juez vinculó a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría Distrital, la Personería de Bogotá y la Alcaldía Mayor, para que ejerzan control y se pronuncien sobre los hechos denunciados.

El concejal Espinosa celebró la decisión judicial y señaló que “no se trata solo de cuánto cuesta un plato de comida, sino de la manera como decidimos tratar a quienes dependen totalmente del Estado para subsistir. Y aquí el Estado falló”.

Espinosa pidió a la administración acatar el fallo y convocar una mesa técnica con participación de veedurías ciudadanas, entes de control y expertos en nutrición, para reformular los términos del contrato y garantizar condiciones dignas para los internos.

“El fallo es un triunfo para la justicia, la dignidad humana y la ciudad que exige procesos transparentes”, aseguró. Asimismo, instó a que este caso marque el inicio de una revisión estructural de los procesos de contratación pública, especialmente en servicios esenciales como la alimentación en centros penitenciarios.

La decisión judicial es vista como una señal de alerta sobre las prácticas cuestionables que aún persisten en la contratación estatal y un llamado a reforzar los mecanismos de vigilancia ciudadana e institucional para asegurar una gestión pública ética, legal y centrada en la dignidad humana.

Cifras que alarman y motivaron la denuncia

– $15.000 diarios equivalen a menos de $5.000 por comida, muy por debajo de los estándares nutricionales recomendados.
– Expertos estiman que una alimentación básica y equilibrada en condiciones de reclusión requiere al menos $25.000 a $30.000 diarios por persona.
– El valor total del contrato superaba los 6.000 millones de pesos anuales, pero no garantizaba la calidad ni la suficiencia alimentaria.
– La Cárcel Distrital de Bogotá alberga actualmente a más de 1.100 personas privadas de la libertad.

“Pretender alimentar a más de mil personas con esa cifra es desconocer su dignidad y poner en riesgo su salud”, advirtió Espinosa.

“Los privados de la libertad siguen siendo seres humanos con derechos fundamentales. No podemos permitir contratos opacos ni presupuestos indignos”, agregó.