A propósito de la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial que comenzará en unos días, queda la preocupación con respecto al pronunciamiento por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, ya que reduce la estrategia de seguridad al incremento de equipamientos (Cárceles, URIS, etc.), en una postura similar a la que escuchamos de la alcaldesa Claudia López en la Primera Cumbre de Seguridad, Justicia y Convivencia que se realizó en Montería, afirmando que se deben construir más cárceles en todo el país.
Infortunadamente, la seguridad no se limita únicamente a la construcción de más infraestructura, que, aunque es importante no es el único factor que se debe considerar al momento de analizar este tema tan importante para la ciudad; por ejemplo, si la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial pasa en los debates que vienen, se le daría vía libre a la ejecución del convenio entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá que tiene como objetivo ampliar la Cárcel Distrital en predios de La Picota para que los reclusos de la Cárcel Modelo y El Buen Pastor sean trasladados a esta nueva construcción; también se pretende construir una segunda sede de la Cárcel Distrital.
Sin embargo, hay un tema neurálgico que queda en segundo plano y es que no hay especificidad sobre la responsabilidad que tendría la Secretaría Distrital de Seguridad en la elaboración de los planes de mitigación e impacto de estos equipamientos, ya que no es un secreto que la construcción de este tipo de lugares requiere trascender las obras y considerar factores como la movilidad, accesibilidad, servicios públicos y el impacto en el entorno inmediato.
Entonces, aunque el hacinamiento carcelario en Bogotá, según el INPEC, sea entre 13% y 45% y en las Estaciones de Policía y en las URI haya sido del 183% sólo en septiembre, este POT, que parece haber sido elaborado con mucho afán, no debería centrarse exclusivamente en el discurso de la construcción de los equipamientos de seguridad, sino que debió elaborar una propuesta que incluyera un análisis integral sobre la necesidad de construir de un Modelo se Seguridad Ciudadana centrado en la prevención y no en el castigo del delito, es decir, equipamientos en función de la prevención y en pro del bienestar común.
Por el contrario, la propuesta replicó la idea errada de que más equipamientos equivalen a más seguridad, idea que seguirá rondando en el imaginario colectivo, una Bogotá Cuidadora tendría que pensar más en el bienestar común, en soluciones integrales y de largo plazo; por ejemplo, pensar en los vecinos de los barrios Diana Turbay y La Paz quienes han manifestado su inconformismo porque se le ha dado más prioridad a esta obra que a otras, como las obras sobre la Quebrada la Chiguaza (construcción de puentes vehiculares sobre el afluente teniendo en cuenta los movimientos de masa que son un riesgo para los vecinos) o las demoras en la construcción del Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS), entre otras.
Por supuesto que es necesario ampliar la disponibilidad de cárceles, entre otros servicios de seguridad, pero no se debe desconocer lo importante que es la mitigación y el impacto que estas tienen en su entorno inmediato junto con la idea de que esas propuestas deben incluir un análisis amplio que abarque todas las variables que surgen con estos temas, cárceles sí, pero no así.
Lucía Bastidas Ubaté
Concejal de Bogotá
