Por David Benítez

Diana Carolina Clavijo, madre del joven hallado sin vida en Los Laches, asegura que las autoridades no activaron con prontitud los protocolos de búsqueda y denuncia haber recibido amenazas por exigir esclarecimiento.

La familia de Harold Aroca García, un joven que fue encontrado muerto en una zona de matorrales en el barrio Los Laches, denuncia una serie de omisiones en la atención inicial de la desaparición y una falta de respuestas claras por parte de las autoridades a lo largo del proceso investigativo. Su madre, Diana Carolina Clavijo, relató a este medio las gestiones que realizó desde el momento en que su hijo fue reportado como desaparecido y las dificultades que ha enfrentado después del hallazgo.

Según el testimonio recogido en el documento aportado por la familia, Diana acudió en repetidas ocasiones a las autoridades locales para reportar la desaparición. Señala que la respuesta institucional fue insuficiente y que, pese a sus insistencias, no se activaron con la prontitud esperada los mecanismos de búsqueda. Pasados varios días, la localización del cuerpo la realizó con ayuda de vecinos; la madre asegura que la policía no lideró ni coordino efectivamente la búsqueda en los primeros momentos críticos.

La versión de la madre incluye además acusaciones directas sobre la conducta de algunos agentes. Relata que, cuando finalmente encontró el cuerpo de su hijo, recibió actitudes que le resultaron incomprensibles: dijo que mientras ella lloraba hubo personal que se mostró indiferente e incluso expresó reacciones que la hicieron sospechar de una posible complicidad o, por lo menos, de una grave falta de sensibilidad institucional.

La familia afirma haber puesto en conocimiento del caso a diferentes instancias —alcaldía, Fiscalía y Secretaría de Gobierno— y señala que las respuestas obtenidas fueron desiguales: la alcaldía ofreció atención y subsidios de alimentación, y la Fiscalía propuso medidas de protección que implicaban, según la versión de Diana, el traslado temporal fuera de la ciudad —una alternativa que la madre rechazó para no abandonar el proceso de investigación. En varios contactos con autoridades, dice haber recibido explicaciones generales pero no resolutivas sobre el avance de las indagaciones.

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Un punto crítico que la madre remarca es la existencia de amenazas a raíz de su insistencia en que se investigue el papel de algunos actores locales. Relata que comenzó a recibir mensajes por redes sociales con contenidos intimidatorios —incluyendo advertencias sobre difusión de imágenes o videos vinculados al caso— y que tanto ella como el padre del joven han sentido la necesidad de reducir su presencia en el territorio. Por ese motivo, la familia tomó la decisión de desplazarse de su lugar de residencia original.

También declaró que, en el contexto del funeral y el levantamiento del cuerpo, algunas personas vinculadas al hecho estuvieron presentes y que hubo actitudes que incrementaron su alarma, como comentarios de quien —según su apreciación— tendría relación con los hechos. La madre dijo que en una de las ocasiones una mujer se acercó y le preguntó, en tono burlón, “¿qué se siente?”, lo que ella interpretó como una provocación vinculada al crimen de su hijo.

En su relato, Adriana insiste en que aun cuando comunicó hechos y sospechas a la Policía y a otras autoridades, no ha existido una respuesta pública o visible que le permita creer que el caso está avanzando con la diligencia requerida. “Me ofrecieron alternativas de protección que implicaban salir de la ciudad, pero yo no puedo apartarme del proceso de investigación”, dijo, y añadió que su objetivo es obtener claridad sobre lo sucedido y que el caso no quede en el olvido.

La situación descrita por la madre plantea varias preguntas sobre los procedimientos aplicados en los primeros momentos tras la desaparición y sobre las medidas de garantía para las familias que denuncian. Entre ellas: qué protocolos de búsqueda se activaron desde el reporte inicial, cómo se preservó la escena y las pruebas tras el hallazgo y qué tipo de acompañamiento se ofreció a la familia en materia de protección frente a amenazas.

El testimonio de Diana también subraya la presión emocional y práctica que sufren los familiares de víctimas: la madre denuncia que la inacción o la lentitud institucional obliga a las familias a asumir roles de investigación y a afrontar riesgos personales para exigir avances.

Mientras la familia espera mayor claridad, la solicitud de Diana es sencilla y contundente: que se investigue con rigor y transparencia, y que las autoridades informen con precisión sobre el avance de las pesquisas. Su petición reclama, además, acciones concretas que protejan a quienes, como ella, denuncian y exigen justicia en contextos de riesgo.