El Banco Mundial le ha puesto cifras al enorme gasto del Mundo en subsidiar los combustibles fósiles (BM, 2023). Sí, así como se lee, el Mundo promueve el consumo de combustibles fósiles en contra de las estrategias urgentes que el mismo Mundo debería estar implementando para combatir el cambio climático. Un contrasentido muy grave.
Dice el Banco que a nivel global se gasta monetariamente en subsidios más de doce y media (12.5) veces lo que se había prometido invertir en el marco del Acuerdo de París (USD 100,000 millones por año) para financiar las iniciativas que combatan el cambio climático, destinados a combustibles fósiles, agricultura y pesca, todos con impactos fuertes contra los objetivos de desarrollo sostenible y los límites de sostenibilidad de la tierra. En cuanto hace a los combustibles, en subsidios el Mundo gasta USD 600,000 anuales.
En el informe del BM se señala que su verdadero costo debe incluir los subsidios implícitos a los contaminadores: contaminación, emisiones de gases de efecto invernadero, congestión vial y destrucción de la naturaleza, que no son pagados por quienes los causan. Sumando los subsidios explícitos e implícitos la cifra llega a USD 7 billones anuales, es decir, 70 veces lo que prometieron invertir los países desarrollados por año para combatir el cambio climático.
No estamos siguiendo las recomendaciones de los científicos, ya verdaderas súplicas, sino lo contrario. Por estúpido que parezca, seguimos fomentando el cambio climático. ¡Qué paradójica resulta ser la inteligencia humana!
Difícilmente se harán por fuera de la economía de mercados
Para reforzar la comprensión sin pasiones de este tema, es bueno recordar que las correcciones de rumbo que necesita el planeta difícilmente se harán por fuera de la economía de mercados, mayoritaria como sistema en el Mundo. Los subsidios son deformaciones a los libre-mercados usados como instrumentos de los Estados para corregir los efectos de esa libertad tales como afectaciones negativas a grupos menos favorecidos. Sucede actualmente y en semejantes proporciones en el seno de los países más liberales (hablando de ideología económica) como resultado de la confluencia de la conveniencia de los más ricos (en este caso, las petroleras, muy a la derecha del espectro político) con las intenciones de los políticos de implementar medidas que beneficien a la población más pobre (a la izquierda del espectro). Otra paradoja, que solo se puede explicar por la influencia non sancta del poder económico sobre el político.
Si siguiésemos su lógica, los libre-mercados deberían funcionar así: los precios incluirían el valor de los usos ambientales, de tal forma que por su alto monto se desestimularía la demanda de los productos más impactantes y los Estados recaudarían lo necesario para las compensaciones o reversiones de sus impactos negativos, en favor de toda la humanidad. Los ricos seguirían comprándolos guiados por su comodidad y tendencia suntuaria, pero tendrían que pagar precios muy altos por sus consumos que afecten a todos. En el sistema económico predominante, en la práctica, lo que no tiene precio no tiene valor, y por eso el medio ambiente no ha tenido valor; así se le estaría dando lo que le corresponde. Muy importante resultaría que los altos precios que reflejen el costo de los usos ambientales de los productos más impactantes habiliten la competitividad de sus sustitutos que aunque tuviesen más costos de producción (aún) pero mucho más valor ambiental, terminasen con un menor precio de transacción en los mercados. Ese es el caso de las energías limpias, por ejemplo, o de las iniciativas que todos los días vemos para limpiar el aire o al mar, para que se vuelvan competitivas rápidamente. Con la lógica de los libre-mercados, implementada así, sin “mañas exógenas”, funcionaría rápidamente una inteligente lucha contra el cambio climático que urgentemente necesitamos todos los humanos.
En Colombia también subsidiamos
En Colombia estamos subiendo gradualmente los combustibles para recuperar el ritmo que se abandonó en el Gobierno Duque argumentado como medida anti-inflación para ayudar a los afectados por la pandemia, lo que abrió el enorme déficit estimado a finales de 2022 entre $25 billones y $30 billones en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles -FEPC- (MinHacienda, 2022). La estabilización que iba a hacer el FEPC, suavizando el impacto de las subidas y bajadas de los precios internacionales sobre el precio interno, “en la práctica ha funcionado efectivamente como un subsidio a los precios de los combustibles” puesto que a los Gobiernos les ha tocado ir cubriendo sus déficits. Así las cosas, eliminar los subsidios debe ser prioritario para el Gobierno Petro para ser coherente con su declarada conciencia sobre el problema mundial; suspender la exploración de nuevos yacimientos resultaría apenas secundario en esta perspectiva global, dados los impactos reales de Colombia al respecto.
El BM recomienda diseñar esta gradualidad con el cuidado de no exacerbar la pobreza y la ya muy alta desigualdad; esto deriva en subsidios focalizados a las personas consumidoras (y no masivamente a los materiales como hoy sucede con los combustibles e insumos para la agricultura). El problema radica en la eficiencia de la implementación de la focalización y el resultado al final de la gradualidad que, de no tomarse en conjunto con medidas de crecimiento que conduzca a nuevas oportunidades de ingreso, terminaría de todas maneras dejando más pobres a los ya pobres.
Pero hay alternativas para solventar los problemas (impacto en los más pobres) que emergen a la eliminación del subsidio. De lo que más se debe tratar la transición es en optimizar la demanda, en hacerla eficiente, tal cual como lo explicamos en Una transición energética inteligente (ConfidencialColombia, 2023). Recordemos que de toda la energía que se consume en nuestro país, se desperdicia el 70%. Mucho más importante que gastar en subsidios al combustible deberíamos invertir en la renovación de las flotas de transporte eliminando todos los motores viejos (sumamente ineficientes), o incluso en la reconversión energética de los hogares, especialmente de los pobres. Ambas políticas irían directamente a contrarrestar el impacto indeseable de la eliminación del subsidio, mejorando de raíz el verdadero problema.
Y puede haber más políticas en este sentido. Por ejemplo, podría evaluarse el traslado del subsidio a los combustibles al mayor subsidio de la tarifa de los sistemas de transporte público masivo, en donde quedaría perfectamente localizado en los más pobres y al mismo tiempo, sería positivo para combatir el cambio climático (y aún más, si se acelera su electrificación).
Mayores retos para la Dirección Nacional de Planeación -DNP-, que debe atender a esta necesidad mundial y darle coherencia a las prioridades en las políticas del Gobierno para que sincronice el discurso doméstico con el que debería estar ejecutando el planeta.
Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz
