La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, lideró una investigación que revela que durante el Gobierno de Iván Duque se asignaron contratos a dedo derivados de las regalías por un monto de 3,8 billones de pesos. En entrevista con Diego Amado, revela algunos de los hallazgos
¿Cuál es el objetivo del proyecto de ley con el que busca parar la desbordada contratación pública?
Esmeralda Hernández: En días pasados radicamos en la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía el resultado de la investigación que revela que, durante el Gobierno de Iván Duque, se entregaron a dedo 12.245 contratos de la plata de las regiones, del ambiente y del desarrollo regional, equivalente a un valor de 3.8 billones de pesos y eso lo hacen porque hay un vacío en la norma que permite la figura de los “contrataderos” ¿qué significa eso? Que le entregan a dedo sin pasar por ningún filtro a entidades que tienen alguna participación pública, pero que pueden contratar con el régimen privado es decir que pueden subcontratar a sus amigos. Lo que hacemos con este proyecto de ley que radicamos es que se prohíba que los recursos de regalías se puedan contratar directamente por cualquier entidad que ejecute plata de la gente en las regiones, y que tenga que hacerlo a través de ley 80, a través de procesos de contratación pública, abiertos y transparentes.
¿Descríbanos algún caso?
Esmeralda Hernández: Encontramos que el Fondo Mixto para la gestión social y el deporte en el departamento del valle, le entregaron directamente de recursos de regalías 34 contratos por valor de 37 mil millones de pesos. Durante ese periodo, la Fundación Univalle, que no es la misma Universidad del Valle, recibió 245 mil millones de pesos para ejecutar proyectos de todo tipo en todas las regiones del país y eso no pasó por ningún filtro.
¿Estos casos tienen alguna relación algún político?
Esmeralda Hernández: Todos tenemos claro la relación de estas organizaciones con la Sra. Dilian Francisca Toro, con todo lo que sucede en el valle. Es una situación completamente irregular, saltándose los procesos de contratación. Encontramos un caso muy particular, que nos llamó mucho la atención y es la entrega de un contrato por 10 mil millones de pesos para atender la emergencia del Putumayo que se presentó en el periodo de Iván Duque, que se le entrego a un señor que se llama Carlos Francisco Diaz Granados Guerra, familiar de los Diaz Granados, sobrino de la señora María del Rosario Guerra del Centro Democrático, familiar también del señor Carlos Eduardo Diaz Granados que fue senador de Cambio Radical, un contrato directo. No puede uno creer que un señor que es de la Costa Atlántica, que ni siquiera ha de conocer el departamento del Putumayo ejecute un contrato directo por 10 mil millones para atender una emergencia, y que sea el más idóneo. Eso es lo que no queremos que vuelva a suceder y por eso queremos cerrar esa posibilidad en la ley de regalías
¿De qué manera se podría decir que se conjuga la corrupción en las regiones?
Esmeralda Hernández: Lo que encontramos con testimonios de por lo menos 10 alcaldes es que en las regiones para que un proyecto de regalías pueda tener éxito, tiene que estar apadrinado. entonces buscan un padrino, que generalmente es un congresista, un funcionario de alto nivel del gobierno; para que apalanque el proyecto en sus distintos niveles, es decir para que lo aprueben, lo prioricen lo viabilicen y además para que le asignen la entidad ejecutora. Ese padrino lo que va haciendo es negociar coimas en el desarrollo del proyecto, esas coimas están entre el 8 y el 12% en algunos casos y por supuesto lo que hacen es facilitar la contratación para poder pagar las coimas, y allí es donde se cierra el circulo de corrupción en las regiones.
