El precio del gas natural ha subido en los últimos 15 años de 1,25 a 6,00 dólares por millón de BTUs. En el mismo período la tarifa promedio de transporte del gas subió de 1,50 a 2,50 dólares por millón de BTUs a través de los gasoductos. Pero adicionalmente, al ser las tarifas en dólares y la tasa de cambio de mercado pasó de 2,000 a 3,600 pesos hace que la subida sea aún mayor. Esto fácilmente explica por qué el gas perdió competitividad frente a las otras energías y se redujo la demanda. Se desreguló el precio con la idea de incentivar la exploración y la producción (dogma clásico) pero el oligopolio existente tradujo el incentivo en más tarifa a los usuarios (resultado clásico). La tarifa de transporte subió por un ineficiente plan de aumento de la infraestructura que solo aceptaba pequeñas ampliaciones. Y se negoció todo en dólares porque la industria negocia en dólares, hasta el transporte, lo cual demuestra la poca capacidad de negociación de los gobiernos que no han tenido el objetivo fuerte de proteger a sus nacionales. Se produce, transporta y se consume dentro del territorio nacional; las tarifas en moneda extranjera son simplemente errores crasos de los funcionarios encargados que resultamos pagando los colombianos. Solamente había que comparar con el sector eléctrico para encontrar la argumentación necesaria.
Por algo la industria se está devolviendo al carbón (en plena campaña mundial para dejarlo del todo), de los 600,000 taxis convertidos a gas ya la mitad se regresó a gasolina dejando sin demanda las inversiones en 800 estaciones, y en los hogares, donde se hizo un plan importantísimo de masificación, ha sido el rubro de mayor impacto en la carestía de la canasta familiar según las cifras del DANE. Un verdadero fiasco de la política energética, de planeación de la UPME y la regulación de la CREG, que no tiene ninguna justificación ni perdón. Después de conocer semejantes errores no sorprende, que sigan con la proyección de crecimiento de la demanda en 3% anual después de 12 años que no se ha cumplido y que tiene tendencia contraria. Tampoco tiene explicación.
Particularmente en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero se ha presentado un mayor impacto del precio que en el resto del país por cuenta de que en la estructura de la tarifa del gas, el transporte suma proporcionalmente con la distancia (por ejemplo, a Cali la tarifa de transporte puede costar el doble que a Bogotá) dado que las fuentes de gas principalmente han estado en el norte del país y en los Llanos Orientales, lo cual obviamente le resta competitividad a estas regiones del país frente a las otras.
Ante la reducción de las reservas de gas y la eventual necesidad de importar gas licuado, el Gobierno está gestionando el proyecto de la Regasificadora del Pacífico, que consiste en contratar un buque – planta atracado en uno de los puertos de Buenaventura, con almacenamiento y capacidad de regasificar (similar al que se tiene hoy en Cartagena desde 2016) y construir el gasoducto Buenaventura -Yumbo para poder conectar esta nueva fuente de importación de gas natural licuado (comprado en el mercado internacional en el Pacífico, que tiene precio más alto que en el Atlántico) y de paso, presumiblemente solucionar la mayor tarifa que tiene que pagar el Occidente colombiano, por efecto de una menor distancia en gasoducto. Además del enorme costo del proyecto (USD 800 millones según la UPME, aproximadamente 447 millones del buque – planta) se sabe que hacer el gasoducto (unos USD 170 millones) significa un importante impacto negativo al medio ambiente, un largo e incierto proceso de consulta a las comunidades étnicas y riesgos de seguridad física tanto durante su construcción como permanentemente durante su operación. Pero adicionalmente habría que instalar unas costosas unidades de compresión en el gasoducto Yumbo – Mariquita para tener la bidireccionalidad del transporte en este trayecto de la red nacional, cuyo costo sería por el orden de otros USD 170 millones. Costoso e innecesario como se explica en adelante.
El proyecto de importar gas natural licuado busca garantizar el suministro para el país, ante la incertidumbre que existe sobre las reservas nacionales, sobre todo para las termoeléctricas que en caso de un fenómeno de El Niño se requeriría que generaran con toda su potencia al escasear el agua en las hidroeléctricas. Con la planta de regasificación en Buenaventura se plantea solucionar el problema de tarifa del gas al Occidente colombiano (por efecto del transporte) y darle mayor seguridad a la red.
La experiencia del buque – planta en Cartagena no ha sido la mejor. El gas licuado regasificado está dirigido a las termoeléctricas ubicadas en la región Caribe. Pagamos los colombianos (a través de la tarifa) 50 millones de dólares anuales en una figura de arriendo; al terminar los diez años de contrato en 2026 habremos pagado 500 millones de dólares, sin casi uso y no habrá quedado nada para el país. Los funcionarios contratan a nombre de todos los connacionales que somos los que pagamos sus errores a través de la tarifa, que se traduce en carestía que contribuye con la pobreza y baja la competitividad del país con sus correspondientes malas consecuencias.
La alternativa a importar gas por el Pacífico es que se puede hacer también por el Atlántico donde el precio internacional del gas es más bajo pues hay una amplia oferta proveniente de más número de oferentes o fuentes, y sobre todo porque ya existe la infraestructura necesaria, tanto por el sistema de gasoductos actuales como por los puertos de aguas profundas existentes en esa costa: Santa Marta, Puerto Nuevo, Puerto Brisa y Puerto Drummond. En todos pasa muy cerca el gasoducto perteneciente al Sistema Nacional de Transporte de gas (SNT) que conduciría el gas a todo el país a través de gasoductos y estaciones de bombeo existentes y subutilizados actualmente (como es el gasoducto Ballenas-Barranca) hasta el Valle, infraestructura que ya estamos pagando por medio de la tarifa, aún con uso parcial. Esta alternativa tiene un costo de 25 millones de dólares que vale la conexión del buque – planta al SNT. Es decir, bajaríamos de unos 353 millones de dólares a 25, 14 veces menos, y sin ninguno de los riesgos anotados que pueden llevar hasta el fracaso el proyecto del Pacífico. Pero además, no presionaríamos la tarifa hacia arriba para pagar esta enorme diferencia (sin aún contabilizar el mayor precio de compra por el Pacífico que puede llegar a ser significativa).
Sería necesario corregir el efecto de la tarifa por distancia en los gasoductos. Para ello hay que apelar a la lógica: si en vez de tratar de solucionar la consecuencia (o el síntoma de la enfermedad) que es el efecto en tarifa más alto para el Occidente colombiano, se erradicara su causa (lo que la origina) y se estableciera una tarifa promedio de transporte de gas para todo el país, lo que se traduciría en una sola tarifa del gas a nivel nacional, desaparecería el problema para el Valle y lo más conveniente para el país por lejos, sería hacer la importación por la costa Atlántica. Además, existe la oportunidad de usar como almacenamiento del gas importado los yacimientos de Chuchupa ya agotados en la Guajira, lo que posiblemente nos ahorraría también gran parte del costo del buque -planta. Por todas partes lo mejor para el país, solucionando la queja del Valle y Eje Cafetero, sin tocar la ya alta tarifa del gas natural, sin presionar más la pobreza, sin dañar aún más la competitividad colombiana y sin impactar negativamente al medio ambiente.
La invitación al proceso de selección de la UPME ya está emitida y si no se para se cometerá otro nuevo error enorme que nos daña a todos los colombianos de una forma u otra. Por fortuna se conoció que la Sociedad Colombiana de Ingenieros le envío la semana anterior una comunicación al Ministro de Minas y Energía para invitarlo a revisar esta decisión (W-Radio); ahora quedamos con la esperanza que esa gestión seria y pensando en un mejor país, sea atendida y no se haga este proyecto y en cambio se redirija a la costa norte ahorrándole al país todos los inconvenientes señalados.
Este es un caso más de un síntoma que es mas que preocupante: ¿no sabemos analizar alternativas de proyectos que busquen el mayor beneficio general para el país? ¿O será que no se quiere saber y así satisfacer objetivos diferentes al beneficio general de los colombianos? Si no tomamos buenas decisiones, nunca saldremos del subdesarrollo.
@refonsecaz – Ingeniero, consultor en Competitividad.
