El programa VIS, Vivienda de Interés Social, promovido como Mi casa ya para ayudar a que las clases de bajos ingresos (menos de 4 SMMLV salarios mínimos mensuales legales vigentes) pudiera tener casa, es de redistribución pura, ya que hablamos tanto de ello en estos días de reforma tributaria. Pero se han ido propagando proyectos en zonas socioeconómicas (los odiosos estratos) altas (de 4 en adelante) proyectos con susidios VIS a expensas de una variante llamada VIS de renovación urbana en que no son propiamente personas pobres las que se benefician de los subsidios. Similar a aquellas altas pensiones que son alimentadas por los subsidios que debían llegar a gente pobre.
En plena avenida Suba con carrera 68a en Bogotá, en el muy conocido barrio Morato, se empieza a promocionar un proyecto enorme de renovación urbana llamado Bosque Central Los Robles.
Renovación urbana se refiere a recuperar sectores subutilizados de las ciudades que hagan parte de programas o proyectos ubicados en zonas destinadas a ello. No necesariamente se diría que se requiera una ayuda como la de VIS de renovación urbana para “recuperar” semejante buena zona de Bogotá, con todos los servicios y privilegios del norte de la ciudad, muy bien conectada y cerca de muchos sitios de interés muy importantes (centros comerciales incluidos) y que aunque se encuentra en estrato 4, perfectamente podría tener vivienda por lo menos estrato 5.
Allí se ofrecen apartamentos de 36 m2 a 239.1 millones de pesos entregados en obra gris. No obra negra. Incluso tienen un mostrario de qué significa obra gris, con algunos elementos sanitarios pero sin acabados ni artefactos domésticos.
Ya la Corte Constitucional había advertido que los programas VIS no se podían entregar en obra negra basados en el concepto de la vivienda digna en condiciones mínimas (sentencia C-191/21). Claro, lo que hacían los constructores era “interpretar” a su favor el marco legal para lograr el mejor negocio posible dentro de los límites establecidos para contar con los subsidios disponibles para los pobres. Menos producto por la misma plata.
En este programa VIS se hace algo parecido, más grueso incluso. La Ley 1955 de 2019 dice que se pueden adelantar programas VIS de renovación urbana para viviendas de hasta de 175 SMMLV, es decir, hasta $ 175 millones de pesos al valor actual. La diferencia al precio ofrecido de $239.1 se tiene que pactar en otro documento que acompaña al de la venta principal por el límite de los $175 millones para hacer que parezca calificar para el subsidio. Eso sí, advierten que no hay subsidio a la cuota inicial como en los programas VIS normales.
Entonces ¿en qué consiste el subsidio? En que los constructores reciben el reintegro del IVA de los materiales empleados en la construcción, de tal forma que no son un costo para ellos, ya que no pueden cruzarlo con el IVA de venta (no hay) y podrían hacer más producto (vivienda) por los $175 millones. Como se ve, no es así. Al apartamento de $239.1 millones hay que meterle (invertirle) unos $30 millones más para dejarlo del estrato alto (4 para arriba) que realmente se está comprando. Es decir, son realmente apartamentos de unos $270 millones que pasan por vivienda de $175 millones para poder acceder a la devolución del IVA en la construcción de obra negra. ¡Apartamentos VIS de $7’500,000 por metro cuadrado!
Desafortunadamente ya sabemos que en Colombia no se puede contar con la ética. Por lo cual, ninguno de los actores en este proceso de desviar subsidios para quienes no están destinados pensará que está haciendo algo malo. El año anterior se estimaba que solo el 30% de todos los subsidios estaba siendo usado para adquirir vivienda por los hogares con menores ingresos (Portafolio, 2021).
¿Está mal que compremos vivienda que usa subsidios que debían dirigirse a las clases más pobres? Pero si el mismo Estado fue el que así lo permitió, dirán quienes se hacen acreedores a ese regalo. ¿Está mal que aprovechemos las leyes o reglas para sacar el máximo provecho a nuestro negocio? No es nuestra culpa que estén mal definidas las leyes las políticas y sus reglas, y dejen rendijas por donde colar las interpretaciones legales, dirán los constructores; no estamos cometiendo ningún delito.
La pregunta clave es ¿qué dirán quienes establecieron mal esta política pública para que pudiera interpretarse mal y quedara mal la ley que la sustenta? O qué podrá explicar Camacol, el gremio de los constructores, que con su permanente e incisivo cabildeo ante el Ministerio de Vivienda ha logrado dejar estas rendijas para que quepan las interpretaciones con las que sus miembros podrán sacar ventaja a dineros que deberían usarse en las clases de bajos recursos y que sirven para hacer negocio con clases altas.
Aunque se hace muy necesaria un pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto, en la actualidad no está prohibido y por lo tanto resulte lícito para los privados involucrados (constructoras y compradores de vivienda) aunque no sea justo y equitativo con la sociedad en que vivimos, específicamente con los esfuerzos de redistribución en que se basaba el espíritu del programa de subsidios VIS.
Lo muy grave es que así somos con todo. Solo pocos aprovechan los recursos del Estado, que son de todos y aportados por la mayoría, a través de lograr que los legisladores y los formuladores de políticas públicas dejen mal establecidas las leyes y reglas, o con defectos, para que se puedan interpretar de forma en que les puedan sacar provecho esos pequeños grupos de interés que tienen cómo hacer el cabildeo efectivo, así sea en contravía de lo que necesita el país. Cuando no es esto, lícito pero malo, entonces es corrupción franca y de frente. ¿Así cómo vamos a sacar al país de la pobreza?
@refonsecaz
