Jaime Acosta Puertas
Este texto está basado en hechos reales ocurridos en la segunda semana de enero de 2023 en una ciudad de mediano tamaño y en un hospital de tercer nivel acreditado hace pocos años.
La paciente del régimen contributivo y categoría C, ingresa por urgencias. Primero el triage, después la primera evaluación de un médico general, luego exámenes de sangre, a continuación el diagnóstico del especialista de turno que ordena su hospitalización por infección urinaria. Al día siguiente una ecografía, y el radiólogo le dice que tiene una gran cantidad de cálculos en la vesícula lo cual daría para iniciar de inmediato un proceso a cirugía. Como la paciente toma aspirineta de 100 mgrs producto de un ACV (accidente cerebro vascular), no puede ser intervenida de inmediato, solo días después. Fue dada de alta por su favorable respuesta a los antibióticos, y con una orden para iniciar un posible camino al quirófano posiblemente para extraer la vesícula.
El acompañante le pregunta al internista qué ocasionó la crisis en el paciente. Este respondió: “una ingesta”. El acompañante sorprendido reacciona: ¿cómo? ¿una ingesta? es decir ¿algo que comió? Sí, respondió el médico. ¿está seguro?. Si. Al acompañante no le gustó para nada la respuesta.
Dan de alta a la paciente, la sacan en una camilla hasta el carro. No permitieron ponerle la férula, ni los zapatos, envuelta en una sábana encima de una camilla y cual bulto de papas la introducen en el asiento delantero. Urgencias no estaba ni al 50% de ocupación como para justificar afanes y maltrato. Era claro que el objetivo era sacarla o sacarla del hospital, porque si su estado empeoraba tendrían que tenerla ocho días hasta que médicamente fuera posible la cirugía.
La historia clínica decía que sólo si tenía un cuadro agudo de vómito, diarrea, fiebre, escalofrío, etc etc, la llevaran nuevamente por urgencia, es decir, cuando estuviera en las últimas. Nada advirtieron de la aspirineta. Ni una palabra. Omisión total. Irresponsabilidad absoluta, porque no hubo una explicación integral de la salud del paciente y de su futuro inmediato.
El acompañante insatisfecho con el diagnóstico de la ingesta, buscó en una IPS Clínica a un médico amigo. Este le dijo que no estaba en la ciudad, pero que recomendaba una revisión urgente por X o Y especialista adscritos a la clínica. Adicionalmente, una médica amiga le recomendó una ecografía de abdomen para ver dónde estaba localizado el problema, porque en la historia clínica de la IPS Hospital no acompañaron los resultados de la ecografía, sino que con base en ellos, en silencio, fue que formularon consulta a un médico general para que este remita al paciente a un cirujano. Todo como bajo una sombra, sin hablarle con claridad y responsabilidad al paciente.
La ecografía arrojó un diagnóstico preocupante: una vesícula llena de cálculos en cantidad incuantificable, aunque uno de los cálculos tenía 2 cms de diámetro. Por el asunto de la aspirineta la paciente no fue intervenida de inmediato, sino ocho días después. Es decir, por la aspirineta le dieron de alta en el Hospital, por la aspirineta la aplazaron ocho días la cirugía en la Clínica, y por la aspirineta facturaron el Hospital y la Clínica, pero, por la manera como está diseñado el negocio del sistema de salud curativa, fue que facturaron las dos IPS. Además, dos semanas en vilo por el insuficiente diagnóstico del hospital y su falta de claridad en la ruta a seguir. Al final todo salió bien gracias a los médicos amigos y al buen servicio de la Clínica.
Dónde falla el sistema
Asumiendo que la infección se había superado, pero no el problema de la vesícula, en la hospitalización se debió iniciar el proceso de la cirugía, para que transcurridos los ocho días por el uso del anticoagulante, la paciente fuera intervenida. Esos siete u ocho días el paciente los podría pasar en su casa bajo un buen cuidado, e ir a los exámenes y consultas para viabilizar la cirugía. Es decir, en un periodo de una semana y unos días más se habría podido resolver todo el caso, y no en más de veinte días como al final ocurrió.
Si el acompañante no hubiera dudado del diagnóstico del IPS Hospital y si no hubiera tenido amigos en otra IPS, la paciente hubiera corrido el riesgo de esperar otra crisis para iniciar el mismo proceso por urgencias, de pronto no salir con vida de un nuevo evento, o si no con secuelas mayores. En casos similares, la inmensa mayoría de pacientes regresan a casa con un mal diagnóstico, y la incertidumbre y preocupación por la lentitud del proceso a una cirugía.
En cualquier circunstancia los médicos advierten que el proceso de autorización hasta el ingreso al quirófano puede durar dos meses, contando con mucha pero con mucha suerte. Algunos lo logran en seis meses, otros en más tiempo y algunos se van de este planeta sin saber por qué se fueron vueltos polvo a los confines del universo.
Por qué sucede esto, porque el sistema tiene problemas de eficiencia y sensibilidad humana por no tener de primero al paciente. Estas son fallas inherentes a la concepción y mal diseño de la ley 100 con su modelo curativo y no preventivo, donde el esquema de la salud preventiva no cuenta, porque al paciente que origina esta columna, ya le habían diagnosticado los problemas en la vesícula cinco meses atrás. De esta manera, la ley 100 tal como ahora existe no puede adoptar un modelo preventivo. Si la reforma no es profunda en torno a la salud preventiva, los problemas estructurales que padece el sistema no se podrán resolver, porque el robo de las Eps continúa, como ilustra el reciente caso de Emssanar donde había un cartel de tráfico negro con medicamentos para el cáncer y otras patologías.
