Con la expedición de la ley 2281 2023, el Congreso de la República le dio vía libre al gobierno nacional para la creación del ministerio de la Igualdad y Equidad, el cual será dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez. El pasado 29 de junio el presidente Gustavo Petro, desde La Guajira, firmó los decretos que estructuran y dan funcionamiento a la nueva entidad. Esta contará con 5 viceministerios (Mujeres, Juventud, Poblaciones y Territorios Excluidos, Diversidades, Pueblos Étnicos y Campesinos), 32 direcciones territoriales, 20 direcciones técnicas, 8 jefes de oficina, 9 asesores, 154 profesionales universitarios, 307 profesionales especializados, 111 técnicos administrativos y 58 auxiliares administrativos, que la hacen un “monstruo burocrático” (https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-06-2023-que-paso-con-los-decretos-para-estructurar-el-ministerio-de-igualdad-y-equidad) .

El debate se ha centrado en aspectos económicos y administrativos. Por ejemplo, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, señaló desde su cuenta de Twitter, que “la estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente”. En la misma lógica, el exministro José Manuel Restrepo manifestó que “lo que se propone no tiene justificación ni fiscalmente, ni por razones de eficiencia del gasto o por simple efectividad. Se vuelve exceso de burocracia”

Considero que el gobierno Petro debe repensarse la estructuración de esta cartera, fundamentalmente, por tres razones. En primer lugar, es necesario observar detenidamente la duplicidad o entrecruzamiento de funciones, pues ya existen entidades que desarrollan actividades similares a las propuestas. De tal forma, el proceso de reingeniería institucional presentado en la formulación de la ley y expresado en los decretos, no se corresponde con un análisis estructural del Estado colombiano. Si bien el nuevo organismo pretende incorporar al ICBF, el Instituto para Sordos y el Instituto para Ciegos, entre otras dependencias, desconoce, por ejemplo, que el ministerio del Interior tiene dos direcciones que atienden específicamente asuntos de enfoque poblacional.

En segundo lugar, comparto la tesis del director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, quien, al hacer un análisis sobre la otraedad, señaló (https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/otredad-3613414) que más allá de las diferencias étnicas, religiosas o culturales, nos debemos preguntar por un principio moral que pueda ser aceptado como norma general. Así, el exceso de reivindicaciones identitarias conlleva, como bien menciona el director del DNP, a una progresiva fragmentación presupuestal y a dificultades en la toma de decisiones de política pública. Es fundamental recuperar nociones como la de ciudadanía, categorías universales que se han ido perdiendo en la maraña de la dispersión.

Nadie desconoce que Colombia es un país excluyente en el que históricamente se ha discriminado a las mujeres, se ha despreciado a las comunidades negras, indígenas y campesinas y se ha desconocido a sectores como los jóvenes y los adultos mayores, pero ese reconocimiento de las exclusiones no puede pasar al “abuso de las identidades”. Por esta razón, es necesario reevaluar la cantidad de direcciones y viceministerios propuestos, pues la intención del gobierno no puede ser limitar la política pública entorno a la equidad y convertir al ministerio de la Igualdad en un globo burocrático, sino brindar herramientas reales de ejecución e inclusión de comunidades vulneradas.

Finalmente, el gobierno debería incorporar en su estrategia los significativos avances que en materia de enfoques diferenciales ha adelantado la Corte Constitucional con su jurisprudencia y los autos entorno al reconocimiento de las comunidades negras e indígenas; los adultos mayores; niños, niñas y adolescentes; la comunidad LGBTI; las mujeres; y las personas en situación de discapacidad. Es así como, producto de la sentencia T-025 de 2004, la Corte consideró que en Colombia existía un “Estado de Cosas Inconstitucional”, debido a la constante violación de derechos humanos que se ejerció sobre la población en situación de desplazamiento.

Desde 2006, el alto tribunal ha proferido una serie de Autos reconociendo las afectaciones diferenciadas de esta población. No es la misma afectación la que pudo sufrir una mujer negra con el flagelo del desplazamiento, al que vivió un hombre blanco. Debido a las ordenes proferidas por la Corte Constitucional, se diseñó una estrategia para que, inicialmente, las entidades encargadas de la atención a personas víctimas del conflicto armado asumieran enfoques diferenciales en la formulación, implementación y ejecución de políticas públicas. Desde 2010, estas orientaciones de enfoque diferencial se han irrigado a las demás instituciones, siendo el enfoque de género, étnico, etario, entre otros, los que deben primar en la toma de decisiones del Estado. Es por esto que el gobierno Petro no puede desconocer los avances realizados por administraciones anteriores, por el contrario, debe potenciar estas estrategias de inclusión. Con el Ministerio de la Igualdad y la Equidad se centraliza el diseño de política que varias instituciones adoptaron en materia de enfoques diferenciales.

Es urgente que la administración actual estudie, nuevamente, el alcance que le dará al ministerio (más allá de entrar en discusiones presupuestales), se repiense los “abusos de identidades” que está teniendo con 5 viceministerios y retome los avances de administraciones anteriores en materia de enfoques diferenciales.