La decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de no renovar el mandato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, ha abierto una crisis sin precedentes entre ambas instituciones, «muy perjudicial» a ojos de Naciones Unidas.

La CIDH denunció el martes que Almagro había paralizado la renovación del mandato de Abrao, vigente hasta el 15 de agosto, a pesar de que la propia comisión había pactado por unanimidad que el brasileño siguiese cuatro años más, hasta 2024. La CIDH expresó su «más enérgica protesta», entendiendo que suponía «un grave embate contra su independencia y autonomía».

El propio Almagro respondió de forma pública, justificando su rechazo en las «decenas de denuncias» que funcionarios de la CIDH habrían presentado contra Abrao, sin entrar en detalles sobre estas acusaciones. «La seriedad y gravedad de las denuncias mencionadas y la necesidad de sustanciar las mismas no ha permitido otorgar el visto bueno correspondiente a esta designación», alegó.

El exministro uruguayo defendió la «presunción de inocencia», pero al mismo tiempo criticó que la CIDH, teniendo constancia de esas mismas quejas –«en algunos casos por meses»–, no haya actuado y ahora pretenda «generar confusión» denunciando un supuesto ataque contra su autonomía operativa. Así, ha prometido que seguirá garantizando la autonomía de la comisión «sin fallas».

La polémica preocupa a Naciones Unidas, en particular a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien ha instado a las dos partes a dialogar para poner fin a la crisis y garantizar la labor de «un órgano imparcial muy eficaz y de gran confianza, cuya labor es sumamente apreciada».

«Ha proporcionado un recurso vital a las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos en las Américas y ha desempeñado un papel importante en la promoción de los derechos de los grupos vulnerables», ha enfatizado este jueves la expresidenta chilena en un comunicado.

La situación actual, ha advertido, es «muy perjudicial» y «corre el riesgo de minar la independencia y la probada eficacia de la CIDH», así como de causar «daños a la reputación de la OEA». Bachelet espera que la crisis pueda resolverse «pronto».

«Esto no debería tratarse de una cuestión de reputación personal, ni de lealtades políticas, ni de pérdida de prestigio. Debería ser sobre cómo trabajar para proteger los Derechos Humanos de cientos de millones de personas en todas las Américas en un momento de crisis masiva», ha apostillado.