La organización Human Rights Watch (HRW), especializada en el seguimiento de la situación de los Derechos Humanos en el mundo, ha denunciado a última hora de este pasado viernes que la Policía brasileña sigue sin tomar las medidas «cruciales» pertinentes para investigar los asesinatos de, al menos, 121 personas, entre ellas cuatro policías, durante la redada letal ocurrida el pasado martes en una ‘favela’ de Río de Janeiro.

Según el informe de HRW, la Policía no ha preservado las escenas de los crímenes, según un experto forense de Río de Janeiro. Un fiscal estatal ha indicado que su oficina está a la espera de confirmación, pero que comparte la misma impresión.

«Las familias de las personas asesinadas en la redada del 28 de octubre, incluidas las de los policías, merecen conocer las circunstancias de la muerte de sus seres queridos», ha afirmado afirmó César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil. «Nos preocupa profundamente que no se hayan tomado medidas cruciales de investigación y que se haya perdido evidencia importante», ha añadido.

Río de Janeiro sigue todavía bajo la conmoción después de la redada que comenzó en la madrugada del 28 de octubre, cuando cerca de 2.500 militares y policías civiles fuertemente armados, con el apoyo de vehículos blindados y helicópteros, ingresaron a los extensos barrios de Alemão y Penha, con el objetivo de desarticular a uno de los grupos de narcotráfico más poderosos de Brasil.

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La redada concluyó con una operación de «pinza» en los boscosos alrededores, donde decenas de Policías interceptaron a los criminales que se estaban dando a la fuga de la zona urbana. Fue en el verde donde la población de los barrios encontró decenas de cadáveres que se sumaron a los más de 60 encontrados hasta entonces en las calles.

«Reconocemos las dificultades inherentes a una zona boscosa, pero la falta de control en la preservación del lugar es sorprendente», ha lamentado la Fiscalía general del estado de Río de Janeiro.

El experto forense declaró a Human Rights Watch que los jefes de la Policía Civil no desplegaron a sus compañeros para realizar el análisis de la escena del crimen. El análisis de la escena del crimen debe realizarse incluso si se ha retirado un cuerpo, ya que puede haber evidencia adicional en el lugar.

Además, según el experto forense, no se enviaron peritos forenses a la plaza donde los residentes habían trasladado decenas de cuerpos, en lo que HRW ha considerado como otro error importante en la investigación. Varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Human Rights Watch, solicitaron el 30 de octubre al fiscal general de Río de Janeiro que garantizara la presencia de un representante de las víctimas durante las autopsias; ua petición no satisfecha.

Además, HRW denuncia que la Policía, en lugar de preservar las armas incautadas, las presentó ante los medios de comunicación y sus agentes comenzaron a manipularlas sin guantes.

HRW recuerda por último que en 2024, la Policía de Río de Janeiro mató a 703 personas, según datos oficiales, e hicieron lo mismo con otras 470 entre enero y agosto de 2025. De las personas asesinadas en 2024, el 86 por ciento eran negras.

«Las autoridades brasileñas deben garantizar una investigación pronta, exhaustiva e independiente de cada uno de los asesinatos, así como de las decisiones y la planificación que condujeron a una operación tan desastrosa», ha declarado Muñoz.

«Este caso también pone de relieve la urgente necesidad de que el gobernador de Río de Janeiro presente un proyecto de ley para separar los servicios forenses de la policía civil e invertir en análisis forenses independientes y de alta calidad, una parte clave de cualquier investigación criminal, no solo en casos de asesinatos policiales», ha añadido.