Foto: tomada de europapress.com
La Duma del Estado de Rusia ha aprobado este jueves en primera lectura una reforma para endurecer la ley que prohíbe la “propaganda” LGTBI, de tal manera que se penalizará la defensa de relaciones sexuales no tradicionales ante cualquier grupo de edad –no sólo ante menores– y se limitará la información que reniegue de los “valores familiares”.
Con esta nueva ley, las autoridades rusas endurecen los criterios establecidos en una ley de 2013 que ya fue duramente criticada por las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, que alertan ahora de un refuerzo de posiciones conservadoras en Rusia aprovechando la guerra de Ucrania.
La reforma contempla también la propaganda de la pedofilia y la información que fomente los cambios de sexo entre adolescentes. El Gobierno tendrá potestad para cerrar medios o páginas de Internet que incumplan la ley, así como para expulsar a ciudadanos extranjeros.
Las autoridades rusas prevén perseguir cualquier tipo de contenido considerado contrario a los valores tradicionales en Internet, medios de comunicación, libros, películas y anuncios, según los medios oficiales rusos.
El texto debe completar la tramitación en la Cámara Baja antes de pasar al Consejo de la Federación, equivalente al Senado, y a la mesa del presidente, Vladimir Putin, a quien corresponde la promulgación definitiva del proyecto, si bien no se esperan sorpresas en ninguna de estas fases.
La directora de Amnistía Internacional para el este de Europa y Asia central, Marie Struthers, ha lamentado la “nueva era de represión” que vive Rusia, que ha llevado no sólo a “privar a la población LGTBI de su derecho a la libertad de discriminación”, sino a fomentar su discriminación e incluso “crímenes de odio”.
“Si se aprueba, esta nueva ley servirá probablemente para cerrar ONG, bloquear portales de temática LGTBI, suprimir páginas en redes sociales e intimidar actividades con multas extorsionadoras”, ha lamentado. La reforma contempla multar a organizaciones con hasta 5 millones de rublos (unos 81.500 euros) en el caso de propaganda a menores.
