Miles de jubilados han vuelto a salir a la calle en Argentina para exigir al Senado abordar y aprobar el proyecto que recoge una subida de las pensiones del 7,2 por ciento, un aumento que consideran necesario debido al alto coste en el país latinoamericano y a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno del presidente, Javier Milei.

A pesar de las duras medidas adoptadas por las fuerzas de seguridad de Argentina, que han vuelto a desplegar un gran operativo en las inmediaciones del Congreso, en Buenos Aires, la capital, estas protestas siguen convocándose semanalmente con el objetivo de lograr una mejora de las condiciones de las personas que llegan a la jubilación.

Muchos de los presentes han vuelto a arremeter contra lo que consideran la «barbarie fascistas y racista» impulsada por Milei, al que piden una jubilación digna y la restitución del acceso gratuito a un gran número de medicamentos. También han pedido una mejora de la sanidad pública y han alertado de la mala situación económica en la que se encuentran.

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Las nuevas protestas, que han llevado a miles de personas a reunirse de nuevo en la plaza del Congreso, cuentan además con el respaldo de decenas de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que piden «respeto hacia los mayores que fueron y son quienes impulsaron la construcción de Argentina».

El aumento de la tensión en las calles ha llevado al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura a desplegar un equipo para supervisar las acciones de las fuerzas de seguridad, tal y como ha indicado el organismo en un comunicado. Así, ha recordado que «toda actuación de las fuerzas de seguridad debe adecuarse a los estándares nacionales e internacionales de Derechos Humanos». «Es deber del Estado garantizar y proteger el derecho a la protesta social», ha recalcado.

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