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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a tres de los presuntos implicados en un entramado de corrupción que, entre septiembre y octubre de 2024, direccionó de manera irregular un contrato por aproximadamente 32 millones de dólares, destinado al mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

Los funcionarios implicados en el caso son: el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; el exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del
Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique Cabezas; y al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, «el coronel Rincón Ricaurte, en su calidad de gerente del proyecto, habría refrendado de manera irregular prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado sin soporte alguno que la compañía Vertol Systems Company contaba con experiencia e idoneidad técnica, pese a que el comité evaluador descartó a ese oferente. Además, es señalado de intervenir para modificar los estudios financieros y avalar condiciones que impidieron verificar la verdadera capacidad económica del contratista».

Entre tanto, Manrique Cabezas presuntamente intervino en la elaboración y evaluación del estudio económico previo y cambió los requisitos financieros habilitantes, lo que permitió aprobar una propuesta sin que fuera posible establecer indicadores como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional, exigidos por la normativa vigente.

Finalmente, Mora Tamayo, pese a conocer las irregularidades del proceso y la falta de cumplimiento de los requisitos legales, habría suscrito el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de 2024, y posteriormente viabilizó la modificación de la forma de pago autorizando un anticipo del 50% del valor del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, recursos que fueron consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.

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Aunque el contrato no podía ejecutarse por los incumplimientos del proveedor, el anticipo fue desembolsado el 15 de abril de 2025. De la totalidad del contrato, el contratista solo ejecutó actividades por cerca de 2,6 millones de dólares, sin que hasta la fecha haya sido reintegrado al Ministerio de Defensa el saldo restante, superior a 13 millones de dólares, luego de la declaratoria formal de
incumplimiento.

Por lo anterior, la Fiscalía les imputó a los tres investigados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública, fraude procesal y peculado por apropiación. Los cargos no fueron aceptados.