La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido este viernes por primera vez acreditar a cinco personas de la comunidad LGTBI como víctimas del conflicto armado, que se prolonga ya desde hace más de seis décadas, debido a la persecución, discriminación, e incluso torturas e intentos de asesinato que sufrieron por su orientación sexual o identidad de género.

La JEP, mecanismo de la Justicia para investigar y juzgar a los responsables de los grupos armados y de las fuerzas del Estado por sus crímenes en el conflicto armado, ha precisado que estos hechos, que podrían ser considerados delitos de lesa humanidad, se produjeron en varios municipios de Cauca, en el oeste de Colombia.

Estas cinco personas, detalla sufrieron amenazas, torturas, secuestro, persecución, violencia sexual, desplazamiento forzado, tentativa de homicidio, por parte no sólo de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sino también por parte de efectivos de las fuerzas militares y policiales.

Se trata de la primera vez que la JEP toma una decisión en este sentido, lo que supone un primer paso para reconocer el estatus de víctima de los ciudadanos de la comunidad LGTBI que sufrieron durante el conflicto armado, y que hasta entonces habían sido invisibilizados.

En 2015 el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) en Colombia reveló que cerca de 1.500 personas de los siete millones que se registraron en la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas (RNI) declaró formar parte de la comunidad LGTBI.