La Misión de Observación Electoral (MOE) recomendó al Congreso de la República no cometer el mismo de la legislatura pasada cuando se aprobó un proyecto de Ley Estatutaria que dio vida a un nuevo Código Electoral Colombiano, cuando el país estaba a un año y siete meses de elecciones.
“Más de 200 artículos que contenían importantes ajustes y cambios a los procedimientos electorales fueron aprobados a la carrera, sin un profundo debate que permitiera tener una clara comprensión del impacto de cada una de las medidas aprobadas”, considera la MOE quien sugirió iniciar esta discusión después de las elecciones de 2023.
La organización explicó en la pasada audiencia pública en la Comisión Primera del Senado citada para escuchar sugerencias y aportes que puedan tener diferentes voces en el país sobre un proyecto que modifique el sistema electoral en Colombia.
La MOE invita a cada una de las bancadas del honorable Congreso a no repetir este error. “El Código Electoral debe ser debatido a profundidad, sopesando los impactos y consecuencias de las decisiones que se tomen”, indicó.
La segunda recomendación que hace la MOE tiene que ver con las auditorías, “es necesario que los plazos para la acreditación de auditores sean razonables y se adecúen a los tiempos del calendario electoral, permitiendo el examen de procesos como la inscripción de cédulas, que requerirían acreditación un año antes de la elección”.
Otro asunto que preocupa a la MOE es el mecanismo por el cual se eligen a las personas que han de prestar sus servicios profesionales en las entidades electorales, en este caso la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.
La MOE considera que todos los cargos de registradores municipales, zonales y auxiliares deben ser nombrados por concurso de méritos y pertenecer a la carrera administrativa especial de la Registraduría y no pueden estar sujetos al libre nombramiento y remoción.
Por último, la organización le recuerda al Congreso la importancia que tiene la implementación de las nuevas tecnologías, recomendándole establecer parámetros más claros de progresividad y gradualidad para la implementación de tecnologías en el proceso electoral.
