Cuando se cumplía una mesa de concertación entre los senadores de la bancada del Pacto Histórico y los de oposición con miras a establecer un acuerdo para la aprobación de la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto convocando a la consulta popular, lo que de inmediato hizo que se levantara la mesa.

De inmediato se revivió la polémica entre quienes consideran que el presidente de la república no puede ni debe pasar por encima de la determinación del poder legislativo quien negó la consulta popular y quienes creen que se cometieron algunos vicios y que por tanto el Ejecutivo se encuentra facultado para convocar a las urnas.

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El presidente del Senado, Efraín Cepeda, fue uno de los primeros congresistas en manifestar su disgusto por la decisión de Gustavo Petro.

“Ha perdido el respeto a la Constitución, las leyes de Colombia y las divisiones de poderes”. Cepeda anunció demanda ante las altas cortes buscando tumbar este decreto.

Así mismo, el concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, y el exministro de Justicia Wilson Ruiz confirmaron la radicación de una demanda en contra del decreto que firmó el presidente Gustavo Petro.

La senadora Paloma Valencia anunció una futura demanda en contra de este decreto por considerar que atenta con la independencia de poderes.

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