Un juez ha señalado al Estado como responsable por omisión en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe ocurrido hace un mes en Bogotá, por el que permanece en estado grave a causa de los disparos que recibió, según su abogado.

«En la audiencia del día de ayer (…), un juez determinó que hay responsabilidad por omisión por parte del Estado colombiano, es decir, la Unidad Nacional de Protección (UNP) de este Gobierno», ha asegurado el abogado Víctor Mosquera en un vídeo difundido en la red social X tras la vista en la que se ordenó cárcel para Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, acusado de organizar el ataque.

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El magistrado ha considerado que a Uribe «no le dieron la protección adecuada y hubo mezquindad de parte de esa entidad respecto a su seguridad», lo que, según el letrado, «evidencia» los planteamientos del equipo legal del senador, según los cuales «hubo omisiones de protección a un líder de la oposición que venía haciendo un ejercicio impecable y que requería mínimos de seguridad para seguir ejerciendo sus derechos políticos».

Mosquera ha agradecido a la Fiscalía, la Policía Nacional y las agencias de inteligencia su labor en la captura de los cinco presuntos autores materiales, pero ha afirmado que «no son suficientes».

«Es importante que el país conozca la verdad y se esclarezcan estos hechos y se den con los responsables», ha alegado, expresando que el equipo legal de Uribe seguirá trabajando «para que las autoridades den con los máximos responsables, es decir, con los autores intelectuales o determinadores y los instigadores».

El autor intelectual acusado, Arteaga, hace frente a cargos por tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de delitos, a raíz de haberse puesto en contacto con el joven de 15 años que disparó contra el precandidato y con los detenidos Katerine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’, la mujer que le entregó al joven la pistola Glock con la que se cometió el crimen, y Carlos Eduardo Mora, el conductor del vehículo que reconocería el lugar donde se cometería el hecho y garantizaría la huida de los implicados.

Aun así, se espera que haya más implicados en el ataque, puesto que el Gobierno de Colombia ha ofrecido una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos (unos 636.800 euros) a cambio de información que permita identificar y capturar a los responsables del intento de homicidio de Miguel Uribe que continúan en libertad.