El abogado y veedor ciudadano Angello Fernando Vásquez Muñoz denunció ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades en un contrato que comprometería la operación del alumbrado público de Cali por los próximos 20 años. Según el jurista, detrás del acuerdo existirían intereses de clanes políticos locales que buscan entregar el servicio a un “aliado estratégico” sin licitación pública ni estudios técnicos o jurídicos conocidos, lo que podría derivar en una privatización encubierta del servicio.

Vásquez advirtió que la posible entrega directa del contrato vulneraría los principios de transparencia, libre concurrencia y selección objetiva establecidos en la Constitución. Recordó que la Sentencia C-949 de 2001 de la Corte Constitucional exige que toda contratación estatal garantice la participación ciudadana y la competencia entre oferentes. “Estamos ante un intento de privatizar un servicio esencial por la puerta de atrás, sin control ciudadano ni competencia real”, afirmó.

El veedor también citó jurisprudencia del Consejo de Estado, que señala que la omisión de los principios de publicidad y selección objetiva constituye causal de nulidad absoluta de los contratos estatales. Según Vásquez, hasta la fecha no se han presentado estudios técnicos, financieros ni jurídicos que respalden la propuesta de alianza, lo que vulnera el derecho de acceso a la información pública y el control ciudadano amparado por la Sentencia T-299 de 2019.

En virtud del artículo 23 de la Ley 1757 de 2015, el abogado exigió al gerente general de EMCALI, Roger Mina; a la secretaria general, Guadalupe Guerrero; y al gerente de Energía, José David Insuasti, que publiquen los documentos que justifiquen el modelo contractual, los criterios de selección y las empresas involucradas o interesadas en la operación del alumbrado público.

Finalmente, Vásquez anunció que, de comprobarse la falta de transparencia, solicitará la intervención inmediata de los organismos de control por posibles delitos de interés indebido en la celebración de contratos, detrimento patrimonial y abuso de función pública. “Cali no puede volver a la oscuridad ni permitir que los servicios públicos se conviertan en negocios privados disfrazados de alianzas. La luz de la ciudad debe comenzar por iluminar la gestión pública”, concluyó.

Problemas con el contrato de alumbrado actual

Semanas atrás, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, denunció retrasos en el cumplimiento contrato del alumbrado actual.

De acuerdo con el congresista, «de las 60.000 luminarias que la Alcaldía había prometido instalar antes de finalizar el 2024, solo se han puesto en funcionamiento 42.503».

¿Se viene un nuevo ‘regalo navideño’ para los contratistas con otra adenda para cumplir la meta, o todo quedará en anuncios y cifras infladas?”, afirmó Motoa.

Carlos Fernando Motoa recordó que este contrato presenta a la fecha cuatro prórrogas y, la ejecución avanza con lentitud.