La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en articulación con agencias internacionales como EUROPOL, la Guardia Civil de España y agencias federales de EE. UU., logró la captura de cinco ciudadanos colombianos presuntamente vinculados a una organización criminal dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. Tres de ellos fueron detenidos en las ciudades de Madrid e Ibiza, España, mientras que los otros dos fueron capturados en Pereira y Medellín, Colombia.

Entre los capturados se encuentra Pablo Felipe Prada Moriones, alias “Black Jack”, señalado como el cabecilla principal de la red criminal, junto a su hermano Santiago Prada Moriones y Carlos Ariel Zuluaga Lema. Los tres eran buscados con notificación roja de Interpol en 196 países por delitos relacionados con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Según las autoridades, utilizaban cargamentos contaminados con clorhidrato de cocaína en frutas exportadas desde Colombia y Ecuador hacia Europa y Centroamérica.

En el desarrollo del operativo, también fue detenido Jimmy García Solarte, alias “El Transportador”, en un exclusivo sector de Pereira. Era el presunto encargado de recibir dinero proveniente del narcotráfico mediante el sistema informal Hawala, una modalidad que incluye el uso de billetes divididos como mecanismo de seguridad para las transacciones. Asimismo, en Medellín fue capturada Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias “La Contadora”, quien figuraba como representante legal de empresas fachada utilizadas para lavar dinero ilícito.

Las investigaciones revelaron que la organización criminal evolucionó hacia el uso de criptoactivos desde finales de 2020, aprovechando el seudoanonimato de las plataformas digitales. Desde 2022, crearon empresas de activos virtuales en países como España, Lituania, Estados Unidos, Nicaragua, República Checa, El Salvador y Colombia. Además, se identificaron movimientos financieros en efectivo desde países como México, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, Alemania y República Dominicana.

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Como resultado de la operación, se inició un proceso de extinción de dominio sobre 25 inmuebles, 9 empresas y 15 vehículos ubicados en Bogotá y los departamentos de Risaralda, Antioquia y Bolívar, con un valor estimado de 53.000 millones de pesos. Mientras tanto, los detenidos en Colombia enfrentan cargos por lavado de activos, narcotráfico y concierto para delinquir, y los capturados en España esperan su extradición a territorio colombiano.