Tras la polémica desatada en el país por la contratación por parte de la Alcaldía de Sincelejo a una empresa de seguridad privada para que vigile las calles de la capital del departamento de Sucre, el mandatario local, Yahir Acuña se reunió con el ministro de Defensa, Iván Velásquez y el director de la Policía Nacional de Colombia, William René Salamanca para explicarles el alcance de la medida y las razones para llegar a tal decisión.
De acuerdo con el comunicado de la Alcaldía de Sincelejo, en la cita se acordó que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada hará visitas periódicas para evaluar el trabajo que realiza la empresa de vigilancia privada, móvil, y los efectos que tiene en la seguridad ciudadana de la capital de Sucre.
Durante el diálogo se dejó claro que la empresa no podrá invadir el campo de acción de la Policía Nacional de Colombia en los 50 parques y obras públicas, y que, por lo tanto, esta solo podrá ejercer la función de vigilar y suministrar las alertas necesarias.
“En ningún momento se busca suplantar ni mucho menos invadir las funciones de la fuerza pública, y por el contrario, desde el principio se ha socializado con las autoridades correspondientes para garantizar el funcionamiento en la debida forma”, dice el comunicado.
¿El punto de la polémica?
El Ministerio de Defensa pidió explicaciones a la Alcaldía de Sincelejo por la firma de un contrato para que una empresa de vigilancia y seguridad privada, conformada por militares y policías en retiro, presten el servicio de seguridad en la ciudad, además de la alerta que se prendió en las redes sociales cuando circularon imágenes de patrullas móviles.
De inmediato se prendieron alertas, porque el Ministerio de Defensa pidió a la administración local suspender el contrato y desmontar el frente de seguridad, recordando que las funciones de la Policía nadie las puede reemplazar.
El analista político y exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, en diálogo con Confidencial Colombia, dio la razón al Ministerio de Defensa en su preocupación por una posible usurpación de funciones que le corresponden a la Policía Nacional, dejando claro que sí el modelo es similar al de ciertos lugares en la capital del país donde la vigilancia privada emite alertas a las autoridades para que realicen las requisas correspondientes y procedan a las capturas a las que haya lugar, el contrato no tendrá ningún inconveniente.
Acero dijo además que es la ciudadanía quien debe estar presta a denunciar cualquier abuso que se pueda presentar durante la prestación del servicio por parte de estos guardas de seguridad, quienes, además, “no podrán en ningún momento tener el rostro cubierto con pasamontañas y que deben llevar un código de identificación en un lugar visible”.
