La Fiscalía General de la Nación reveló que un funcionario del Fondo para la Reparación de las Víctimas estaría implicado en un esquema de corrupción mediante el cual habría adquirido bienes inmuebles con recursos de procedencia ilícita, entre 2015 y 2017.

De acuerdo con la investigación, el implicado habría participado en una red criminal que levantó medidas de embargo sobre activos ubicados en los departamentos de Bolívar y Córdoba, para luego comercializarlos de manera irregular a terceros. Esta actividad se habría llevado a cabo a través de diversas maniobras fraudulentas, generando un enriquecimiento injustificado.

Por estos hechos, varios servidores públicos y particulares fueron vinculados formalmente a una investigación penal por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público.

Como parte del proceso, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre cuatro predios rurales ubicados en el municipio de Turbaco (Bolívar), los cuales estarían a nombre de uno de los funcionarios involucrados.

Las propiedades están avaluadas en más de 412 millones de pesos, y quedarán bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

La Fiscalía reiteró su compromiso en la lucha contra la corrupción y el despojo de bienes adquiridos mediante actividades ilícitas, especialmente aquellos que afectan procesos tan sensibles como la reparación integral a las víctimas del conflicto armado