Un informe publicado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), ProBogotá Región y la Fundación para el Estado de Derecho, señala que las Áreas de Protección Para la Producción de Alimentos, junto con otras figuras creadas por el Gobierno nacional, representan una grave amenaza contra la autonomía territorial, la seguridad jurídica y el desarrollo económico de las regiones.

En el documento se advierte que cerca del 82,7% del territorio nacional se encuentra cubierto por instrumentos que se definen desde el nivel central, sin dar la oportunidad a alcaldías y gobernaciones de dar sus puntos de vista y trabajar en conjunto en sus expedición.

“El Gobierno nacional está instrumentalizando el discurso de la protección de la tierra para imponer un modelo centralista que desconoce la autonomía territorial, a las autoridades locales y las comunidades, y que amenaza los derechos de propiedad privada y la libertad de empresa consagrados en la Constitución”. Advirtió Carlos Augusto Chacón, director del ICP.

El análisis realizado demuestra que dichas figuras y restricciones, se superponen a zonas de alto aporte al PIB y al valor agregado del sector primario; al prohibir o limitar minería, industria y comercio, se cierran oportunidades de empleo y de ingresos fiscales en regiones que hoy son motor económico como los departamentos de Córdoba, Antioquia, Tolima, Cundinamarca entre otros.

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Adicionalmente, se alerta frente a la falta de participación de comunidades y territorios en las decisiones que los afectan: “las nuevas APPA y ZPPA se están declarando por resoluciones, sin la ley orgánica que exige la Constitución para modificar competencias territoriales. Eso erosiona la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, y subordina los POT a criterios nacionales que no siempre reflejan la realidad local”, señaló María Carolina Castillo, Presidente de ProBogotá.

El Instituto de Ciencia Política (ICP), ProBogotá Región y la Fundación para el Estado de Derecho hacen un llamado a la Corte Constitucional para que garantice la supremacía de la Constitución y la reserva de ley orgánica; al Gobierno nacional, para que reoriente estas medidas hacia procesos con participación incidente y sustento técnico verificable. También, hacen un llamado al Congreso, para que tramite un marco integral que armonice protección ambiental, seguridad alimentaria y desarrollo productivo sin vaciar competencias municipales.