Tres personas señaladas de integrar una red criminal dedicada al tráfico de migrantes fueron judicializadas en las últimas horas por la Fiscalía General de la Nación. Según las autoridades, los detenidos estarían vinculados a una estructura transnacional que, desde octubre de 2024, se encargaba de movilizar ilegalmente personas desde Medellín hacia Centroamérica y Norteamérica, utilizando el archipiélago de San Andrés y Providencia como punto de tránsito clave en la ruta migratoria.

Los procesados fueron identificados como Jamer Antonio Álvarez Sierra, Maythee Kiara Gordon Restrepo y Karina del Carmen Marsiglia Zambrano, quienes enfrentan serios cargos por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico ilícito de personas. Un fiscal adscrito a la Delegada contra la Criminalidad Organizada les imputó los delitos de tráfico de migrantes, secuestro simple, cohecho por dar u ofrecer, circulación y uso de efecto oficial de sello falsificado, y concierto para delinquir.

Un entramado criminal con base en Medellín

De acuerdo con la investigación, liderada por la Fiscalía en coordinación con la Policía Judicial, Jamer Antonio Álvarez Sierra sería el cabecilla de la estructura y el principal responsable de coordinar la logística del tráfico de migrantes.

El ente acusador señaló que este hombre habría ofrecido dádivas a funcionarios públicos para facilitar la evasión de controles migratorios. Asimismo, mantenía comunicación permanente con otros miembros de la red para advertir sobre posibles operativos de las autoridades.

El rol del archipiélago en la operación

El archipiélago de San Andrés y Providencia fue utilizado como un punto de tránsito estratégico para los migrantes. Desde allí, las personas eran trasladadas en vuelos y rutas terrestres hacia países de Centroamérica como Nicaragua, Honduras y México, con destino final a Estados Unidos y Canadá, según las autoridades.

Karina del Carmen Marsiglia Zambrano, una de las tres judicializadas, sería la encargada de garantizar la estadía temporal de los migrantes en la isla. Se le atribuye la gestión del alojamiento, alimentación y demás necesidades logísticas mientras se coordinaban el tralado hacia otros países.

Marsiglia Zambrano aceptó los cargos imputados por la Fiscalía durante las audiencias preliminares, lo que podría influir en una eventual rebaja de pena en caso de colaboración eficaz con las autoridades.

Modificación de tiquetes y encierros forzados

Otro de los componentes clave de la organización era la manipulación de tiquetes aéreos. Según los investigadores, Maythee Kiara Gordon Restrepo, quien usaba el alias de Luisa González, se encargaba de comprar y modificar boletos de viaje para los migrantes. Esto tenía como fin evitar que las autoridades detectaran patrones sospechosos en los itinerarios y reforzar la apariencia de viajes turísticos o personales.

Además, Gordon Restrepo ordenaba la retención de las víctimas en alojamientos cerrados, donde permanecían bajo vigilancia y encerradas con candado mientras se realizaban los traslados. También se le atribuye la responsabilidad de coordinar la distribución de alimentos para estas personas durante su estadía forzada.

Medidas judiciales y próxima etapa del proceso

Pese a que Marsiglia Zambrano aceptó los cargos, Álvarez Sierra y Gordon Restrepo no lo hicieron, por lo que enfrentan un juicio en el que la Fiscalía buscará probar su participación en esta red transnacional.

A los tres implicados les fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad, por lo que permanecerán detenidos mientras avanza el proceso judicial. El ente acusador indicó que continúa la búsqueda de más integrantes de esta estructura, tanto en Colombia como en otros países, y no se descarta la cooperación internacional en la investigación.

La Fiscalía reiteró que este tipo de organizaciones criminales ponen en riesgo la vida y la integridad de los migrantes, al exponerlos a condiciones precarias, encierros forzados y rutas ilegales controladas por redes delictivas.

Con esta nueva imputación, las autoridades buscan frenar el crecimiento de estructuras ilegales que se lucran del tráfico de seres humanos, un delito que sigue en aumento en varias regiones del país y que ha sido catalogado como una forma moderna de esclavitud.