Un juez penal de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra John Jairo Leguia González, guía religioso de una comunidad en San Andrés Islas, quien es investigado por presuntos abusos sexuales cometidos contra varias mujeres que asistían a su iglesia.
La decisión judicial se produjo luego de que un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional San Andrés Islas le imputara los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento. El procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
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De acuerdo con la investigación, el hombre habría utilizado su posición de liderazgo y reconocimiento dentro de la comunidad religiosa para generar confianza entre las feligresas y citarlas de manera individual. Según los elementos materiales probatorios recaudados, el guía espiritual les proponía la realización de supuestos rituales de sanación, que no hacían parte de prácticas religiosas legítimas.
La posición y reconocimiento del que gozaba John Jairo Leguia González, en su condición de pastor de una comunidad religiosa en San Andrés Islas, habrían sido aprovechados para engañar y abusar sexualmente de mujeres que asistían a su iglesia a supuestos rituales de sanación. La… pic.twitter.com/Kg64ru8U8O
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 2, 2026
Las autoridades señalaron que, durante estos encuentros, las víctimas quedaban en una situación de indefensión, al creer que seguían orientaciones espirituales. En ese contexto, el procesado presuntamente las persuadía y coaccionaba para someterlas sexualmente, bajo la idea de que dichas acciones hacían parte del ritual. Al menos cuatro mujeres habrían sido afectadas por esta conducta.
La Fiscalía indicó que el caso se originó a partir de múltiples denuncias, las cuales permitieron recopilar pruebas suficientes para avanzar en el proceso penal y solicitar la privación de la libertad mientras continúa la investigación.
Con esta actuación, el ente acusador reiteró su compromiso de investigar y judicializar los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, especialmente cuando se presentan en escenarios de abuso de poder y confianza.
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