La Contraloría General de la República reveló un informe donde demuestra que 1.638 predios en procesos de extinción de dominio no se han entregado para su ministración por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o cualquier otra entidad.
“La Contraloría General de la República, a través de las herramientas tecnológicas de la Diari, logró rastrear y encontrar hasta ahora 1.638 predios con medida de extinción de dominio que no están siendo administrados por nadie, cuando debían estar a cargo de la SAE”, comunicó la entidad.
De acuerdo con el Contralor Carlos Hernán Rodríguez existe un número importante de predios que, por terminar con declaratoria de improcedencia, han sido devueltos a sus dueños. En esa condición se encontraron el 35 por ciento de los que hasta ahora ha revisado la DIARI.
De acuerdo con el reporte, la tarea en adelante es establecer el valor catastral de las propiedades, entre las que se incluyen apartamentos, casas, fincas, lotes, bodegas, y hasta un centro comercial situado en Bogotá. Según la Contraloría, más que bienes perdidos lo que hay son bienes que no fueron entregados para administración.
“En el inventario existen 6634 predios que tienen medida cautelar de extinción de dominio, 2465 sobre los cuales la Fiscalía ha declarado improcedencia y han sido devueltos a sus dueños y, finalmente, 1.638 que están huérfanos (se encuentran con medida cautelar de extinción o suspensión del poder dispositivo, no los tiene la SAE y no se sabe cuál es su estado”, explica la entidad en el comunicado de prensa.
Otro punto que llamó la atención de la Contraloría es la altísima proporción de predios que entran en proceso de extinción, pero finalmente los procesos judiciales y administrativos fracasan.
“Algo está pasando con la justicia, cuando de 100 predios que se incautan, se devuelven 35. ¿Acaso la imposición de medidas cautelares no tiene el suficiente rigor investigativo? Y es un riesgo porque el Gobierno gasta en administrar estos predios y al final toca devolverlos, sin contar con las posibles demandas de los afectados por la imposición de medidas cautelares”, puntualiza el texto.
