El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso hizo saber a través de una carta al presidente Gustavo Petro, que su «compromiso» para lograr una paz definitiva en el país sigue «intacto» y por ello pide citarse con él.

«Si tuvimos la capacidad y formas de emprender una guerra tan frenética y desgarradora, también tenemos capacidad, formas y experiencia para ayudar a pararla», escribe Mancuso.

Así, quien fuera uno de los hombres armados más sanguinarios del conflicto interno en Colombia, le ha asegurado a Petro que comparte con él «que en cualquier caso la verdad tiene que ir por delante» y en ese sentido, ha enfatizado que durante el proceso de desmovilización de las grupos paramilitares de autodefensa él siempre cumplió con esa máxima.

«Estoy listo para entablar una conversación con usted (…) para materializar esa voluntad compartida e integrarle a las nuevas generaciones una Colombia pacificada y más humana», le ha dicho Mancuso al presidente Petro, a quien le ha pedido además ser reconocido como agente de paz durante la negociación.

En el documento, Mancuso ha destacado que como parte de su camino por ofrecer «verdad» durante todo este proceso ha recibido amenazas a su seguridad y a la de los suyos. «No tengo miedo alguno, lo que he tenido que decir lo he dicho a costa de mi seguridad y la de mi familia y como cuenta de cobro vea usted donde estoy y las venganzas y persecuciones de las que hemos sido objeto», ha dicho.

Mancuso, preso en una cárcel de Estados Unidos por delitos de narcotráfico, ha intentado sin éxito en varias ocasiones acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo judicial surgido tras los acuerdos de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC.

‘Triple Cero’, como era conocido en sus años al frente de los paramilitares, confía en poder ser acogido por la JEP en calidad de tercero civil si logra probar los supuestos vínculos que estos grupos armados mantuvieron con agentes de las fuerzas de seguridad y el Ejército en diferentes etapas del conflicto armado.

Temeroso de su extradición a Colombia una vez cumpla su condena en Estados Unidos, tiene abiertos dos procesos judiciales por su responsabilidad en más de 600 homicidios, el desplazamiento forzoso de casi 1.000 personas y más de una treintena de desapariciones forzadas.

Él mismo ha reconocido su implicación en al menos 300 asesinatos, entre los cuales están los de la masacre de El Aro, que le acarreó una condena de 40 años de cárcel que jamás cumplió por sumarse al mecanismo Ley de Justicia y Paz, promovido por el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a los paramilitares.