La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años al patrullero Oscar Alexander Márquez Rojas por el uso excesivo e injustificado de la fuerza letal que causó la muerte de un ciudadano venezolano durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en inmediaciones de la estación de Policía León XIII en Soacha. 

Asimismo, fue sancionado también el uniformado Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla con 8 años de inhabilidad por el uso imprudente de su arma de fuego en el mismo contexto.

El Ministerio Público concluyó que Márquez Rojas actuó con dolo al disparar su arma de dotación oficial en un entorno de alta agitación y aglomeración, desconociendo los principios de necesidad, proporcionalidad y precaución, lo que derivó en una falta disciplinaria gravísima. Por su parte, Ricaurte Pinilla incurrió en una falta de culpa gravísima al disparar de forma indiscriminada, poniendo en riesgo la vida de los manifestantes.

El organismo de control disciplinario recordó a los miembros de la Policía Nacional, que el uso de la fuerza letal en protestas, incluso cuando estas sean violentas, no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, conforme al derecho internacional de los derechos humanos.

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