La Procuraduría General de la Nación solicitó de manera urgente la declaratoria de un estado de emergencia preventivo en el Chocó, debido a las fuertes lluvias y al desbordamiento de los ríos Atrato y Andagueda, que han dejado más de 25 mil familias afectadas en al menos 18 municipios. La situación ha generado graves impactos en las comunidades ribereñas y rurales, que enfrentan inundaciones, deslizamientos y daños en viviendas e infraestructura.

A través de la Procuraduría Regional de Instrucción de Chocó, el ente de control pidió a la gobernadora del departamento, al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al IDEAM y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entre otras autoridades, activar con urgencia los recursos de emergencia para atender los territorios más perjudicados.

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Asimismo, la Procuraduría instó a que la Gobernación del Chocó y la UNGRD dispongan brigadas móviles de atención humanitaria y técnica en las zonas rurales más afectadas, y que se establezca un canal de comunicación permanente con las alcaldías, organismos de socorro y asociaciones comunitarias, con el fin de coordinar una respuesta oportuna y eficaz.

Las condiciones meteorológicas extremas han provocado crecientes súbitas, inundaciones, deslizamientos de tierra y el colapso de vías terciarias y viviendas rurales, afectando gravemente la movilidad, la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos. Ante este panorama, la Procuraduría advirtió sobre la necesidad de acciones inmediatas de mitigación y asistencia, para evitar que la emergencia se agrave y ponga en mayor riesgo a las poblaciones vulnerables del departamento.