Juan Luis Castro
Es un hecho que la pandemia ha golpeado con fuerza al país, el comportamiento de los contagios parece indicar que para el final de este año la cifra de muertes a causa del Coronavirus rondará el orden de los 40.000, siempre que no haya un nuevo rebrote masivo que fuerce nuevamente medidas de aislamiento. En las condiciones actuales en cuestión de un par de semanas alcanzaremos los 30.000 decesos.
Sin embargo, la vida de las colombianas y colombianos permanece amenazada con o sin sindemia. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), solo en el mes de septiembre se registraron 16 masacres.
Pese a que los departamentos mayormente afectados son Antioquia, Cauca y Nariño este es un fenómeno que afecta a todo el territorio nacional. Esta avalancha desproporcionada de violencia tiene varios orígenes, no cesa y ciertamente tampoco enfrenta obstáculos.
Por una parte, la disputa a sangre y fuego por las rutas del narcotráfico en la costa pacífica es una de las causales del terror que viven al occidente del país. El Gobierno reconoce la crisis de orden público que enfrenta la región y su proceder es sumarse como un actor armado más a este ciclo de balas y muerte, dejando de lado otras obligaciones como garantizar a estas comunidades el acceso a servicios de básica necesidad, como el agua potable.
Con esto no desestimo la acción del ejército que en efecto garantiza la seguridad, solo hago énfasis en la necesidad de una estrategia robusta que solucione las necesidades de seguridad, de salud pública y en general de calidad de vida de los y las ciudadanas en estas regiones. No la hay, y si estoy equivocado, es evidente que no es efectiva.
Por otra parte, el número de casos de extralimitaciones por parte de las autoridades y abuso de poder sigue creciendo. A la penosa lista de víctimas por parte de la policía debemos agregar el nombre de Carlos Alfonso González Vergara, fallecido por dos impactos de bala a manos de un policía luego de una fiesta con su familia en Cartagena.
Mientras que estos episodios se hacen más y más recurrentes, el Gobierno nacional sigue descalificando el sentimiento de las víctimas y de todos los ciudadanos que exigen justicia. Con el discurso de que “son denuncias al servicio de politiqueros” se hacen los de la vista gorda, evaden sus responsabilidades e ignoran con desprecio los reclamos de la ciudadanía.
Siendo esto suficientemente irrespetuoso, voces cercanas (muy cercanas) al Gobierno legitiman de manera pública el desbordado uso de la fuerza recubriéndolo de un manto de aceptación moral que parece más una risotada en la cara de las víctimas.
Este Gobierno sigue dando muestras de que contener la violencia no hace parte de sus prioridades, y a lo largo de la pandemia dejaron claro que la salud tampoco. Parece ser que solo las megaobras y reformas tributarias son dignas del completo despliegue del gobierno y su presencia en los territorios.
A 260 llega el número de personas asesinadas en 65 masacres ocurridas este año. La estadística diría que en Colombia cada día asesinan por lo menos 1 persona y hoy, en el día 278 del año, deberíamos celebrar que 18 personas lograron evadir la muerte. 18 milagros entre centenares de cadáveres.
Colombia entra en duelo a causa de una pandemia a la que se suma el recrudecimiento radical de la violencia ante la mirada soberbia de un Gobierno sordo, estático y errático que no le apuesta a los milagros.
