Por: Diego Cancino
Hace algunos años, cuando Claudia López fue senadora de la República, fue una ferviente crítica de los hechos de corrupción del entonces, también senador, Musa Besaile. Recientemente, Besaile fue condenado por promover el paramilitarismo en el país en alianza con el Bloque Córdoba dirigido por el confeso paramilitar Salvatore Mancuso, junto a quien no sólo promovió el paramilitarismo sino que se valió de esta estructura armada para ganar elecciones en los departamentos y municipios de la costa caribe para tener representación en el Congreso de la Republica. A comienzos de este año, Besaile aceptó cargos por corrupción cometidos en el departamento de Córdoba. En mayo del año 2023, la Corte Suprema de Justicia condenó a Besaile a 92 meses de prisión y multa de 4.666,64 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concierto para delinquir agravado relacionado a alianzas con grupos al margen de la ley.
A pesar de las denuncias púbicas, la administración distrital adjudicó un contrato para la interventoría de la concesión de los cementerios de la ciudad al CONSORCIO SAN MARCOS del que hace parte la empresa TECNICONSULTA SAS con una participación mayoritaria de 25%. TECNICONSULTA SAS es una empresa asociada con Musa Besaile, quien ha utilizado sus influencias políticas para que esta empresa haya logrado ganar licitaciones y obtener contratos con el Estado.
Para la fecha de la firma del contrato con la administración distrital, ya era de público conocimiento que el senador Musa Besaile intervino ilegalmente para garantizar que TECNICONSULTA SAS ganara el contrato de interventoría del programa de vivienda gratuita del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) por $16 mil millones. Según la Fiscalía, cambio de su intermediación, Musa Besaile y otros senadores, acordaron quedarse con $4 mil millones (25% del total) del contrato otorgado a TECNICONSULTA SAS.
Ese proceso, la empresa TECNICONSULTA SAS presentó documentos falsos sobre idoneidad y experiencia. Así mismo, la representante legal de esta empresa, Marcela Sofía Alíes Fuentes, acordó con el otro proponente de la licitación un pago de $200 millones para que presentaran una propuesta inviable, de manera que resultaran perdedores.
Por estos hechos, la representante legal de TECNICONSULTA SAS, Marcela Sofía Alíes Fuentes, fue condenada en enero de 2020 a 4 años y 6 meses de prisión pues fue encontrada responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, corrupción privada y falsedad en documento privad.
TECNICONSULTA SAS fue hallada responsable en al menos 7 procesos de responsabilidad fiscal, que señalan la participación de esta empresa como interventora en la ejecución de varios contratos de obra sobre los que la Contraloría General de la República ha advertido sobre un presunto detrimento patrimonial que asciende a más de $28 mil millones.
Es inaceptable que en la administración de Claudia López – integrante del Partido de los Recursos Públicos como Recursos Sagrados y del No Todo Vale- se haya adjudicado un contrato a una empresa con semejante prontuario de corrupción y criminalidad, cuando las investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría, y las condenas de la justicia ordinaria y la Corte Suprema de Justicia, eran ya de público conocimiento.
